Con
el beneplácito de dos presidencias panistas sucesivas, las agencias de
inteligencia de Estados Unidos instalaron en México diversos sistemas de
intercepción de comunicaciones, mismos que operan con apoyo de las
dependencias del gobierno mexicano. La red de espionaje de Washington no
sólo está avalada por México sino que funciona con la intervención
directa de la Policía Federal, la Sedena y la PGR, entre otros
organismos. El internet y la telefonía de los mexicanos tienen encima,
todo el tiempo, los ojos y los oídos de Washington pero también los del
propio gobierno federal, ahora encabezado por el presidente priista
Enrique Peña Nieto.
La entrega comenzó con Vicente
Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos panistas
decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados
Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien
terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un
facilitador para la intromisión estadunidense.
No fue el único que
la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad
Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en
Estados Unidos.
En diciembre de 2005, mucho antes de que México y
Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el
Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de
un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada
de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.
El
consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país
fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en
América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y
México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en
territorio estadunidense en septiembre de 2001.
De acuerdo con la
licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue
muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes
delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo.
La
agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de
Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.
Este es un adelanto del número 1915 de la revista Proceso, ya en circulación.
/ 13 de julio de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario