Jesús Cantú
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Siempre que los gobiernos mexicanos se han aliado clara y
abiertamente con el gran capital han generado explosiones sociales de distintas
magnitudes y características, pero siempre con costo de vidas humanas e
inestabilidad política y social. En los sesenta y los setenta provocaron el
movimiento estudiantil del 68 y la irrupción de los grupos guerrilleros,
primero rurales y posteriormente también urbanos; en los noventa, el surgimiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Los impactos de
todos estos movimientos en la construcción de las instituciones políticas
mexicanas no han sido menores. Todos reconocen que el inicio del proceso de
liberalización política, con la reforma electoral de 1977, tuvo entre otras de
sus motivaciones el abrir cauces legales para que las inconformidades de los
guerrilleros pudieran expresarse por estas vías; tampoco puede escatimarse la
influencia que el alzamiento zapatista tuvo en las reformas electorales de 1994
y 1996.
Los últimos meses
del gobierno panista de Felipe Calderón y los primeros del priista Enrique Peña
Nieto están claramente marcados por el esfuerzo de reactivar las llamadas
reformas estructurales, que básicamente implican alinear la legislación
mexicana a los requerimientos del neoliberalismo imperante desde principios de
los ochenta y que en México encontró en Carlos Salinas de Gortari su gran
impulsor.
El error de
diciembre de 1994 y la crisis económica que ello provocó, primero, y
posteriormente la pérdida de la mayoría priista en el Congreso y la alternancia
partidista en la Presidencia postergaron la aplicación de las más importantes
durante casi 20 años, pero no han hecho desistir a sus promotores. Y los
resultados electorales del 1 de julio de 2012 y el reparto de curules en el
Congreso de la Unión les permitieron impulsarlas nuevamente; el mejor ejemplo
de ello es la reforma laboral aprobada todavía antes del cambio de gobierno.
A esta reforma se
sumaron, ya como producto del Pacto por México, la reforma educativa y la de
telecomunicaciones; pero se anticipan, entre otras, la energética y la
hacendaria, que también pueden tener una orientación muy similar a la laboral y
responder a los requerimientos de los organismos financieros internacionales.
Los opositores a las
reformas son numerosos y diversos y se han hecho presentes en distintos
escenarios y por distintas vías; particularmente se hicieron presentes en las
manifestaciones con motivo del 1 de mayo. Pero también ha habido acciones
violentas en diversas entidades del país, particularmente en Guerrero,
Michoacán y el Distrito Federal; es muy sintomático que estos eventos se
desarrollen en dos de las entidades más pobres de México y obligan a una
reflexión más profunda antes de pensar que la vía para enfrentar los desmanes
es simple y únicamente la aplicación de la justicia penal.
Por lo pronto en el
caso de Guerrero la policía ya detuvo a cuatro maestros integrantes de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y los acusó de los delitos
de sedición, motín, terrorismo y daños. Centrar la respuesta en la
criminalización de los opositores y exagerar los delitos cometidos contribuye a
exacerbar los ánimos y eventualmente puede contribuir al surgimiento de
irrupciones sociales.
Y las consecuencias
de éstas pueden ser mayores que en el pasado por las actuales condiciones del
país. Basta ubicar que el número y el tipo de las armas que hoy se encuentran
en México es muy superior al que existía en los momentos previos, la existencia
de las llamadas policías comunitarias armadas en varias de las entidades
federativas (Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, entre las ya
conocidas) y desde luego la presencia y extensión de los grupos de la
delincuencia organizada, particularmente los cárteles de la droga, que bien
pueden buscar alianzas con la guerrilla como ya ha sucedido en países
sudamericanos.
(PROCESO/ Jesús Cantú/ 8 de mayo de 2013)
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