Ezequiel Flores Contreras
CHILPANCINGO, Gro.
(apro).- Al menos 200 policías comunitarios mantienen retenidos desde el
mediodía a un comandante y cuatro agentes de la Policía Ministerial Estatal
(PME), así como a José Luis Bernabé Fernández, secretario de acuerdos del
Juzgado Mixto del Tribunal Superior de Justicia, en la cabecera municipal de
San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.
Es por ello que el
gobierno de Ángel Aguirre ofreció acudir a San Luis Acatlán a una mesa de
negociaciones, que comenzaría este jueves 9 a las diez de la mañana, tal como
demandó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La acción encabezada
por los coordinadores de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar
Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, surgió en respuesta a su detención junto a
cuatro policías comunitarios la noche del lunes en Acapulco.
No obstante, todos
ellos salieron libres “bajo reservas de ley”, luego de que el Ministerio
Público federal no acreditó el delito de portación de armas de uso exclusivo
del Ejército que les imputaron infantes de Marina, soldados y policías
federales que participaron en el operativo contra los civiles armados.
Reportes oficiales
consultados por Apro indican que el hecho se registró cerca del mediodía,
cuando los policías comunitarios irrumpieron en la comandancia de la PME en
este municipio indígena de la Costa Chica, donde detuvieron y desarmaron al
comandante José Juan Ortiz Piza y cuatro de sus elementos.
Enseguida, los
cuatro agentes, el jefe policiaco y el secretario de acuerdos fueron
trasladados a la sede de la casa de justicia de San Luis Acatlán, donde
permanecen resguardados por al menos 200 policías comunitarios armados.
Los integrantes de
la policía comunitaria y dirigentes de la CRAC demandan la presentación de
autoridades del gobierno de Aguirre Rivero en este municipio, denominado como
“territorio comunitario”, para que se comprometan a no detener a miembros de
esta organización conformada en 1995 y que se ha encargado de poner en marcha
un sistema de seguridad pública y de impartición de justicia paralelo al
institucional.
(PROCESO/ Ezequiel Flores Contreras/ 8 de mayo de
2013)
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