MÉXICO, D.F.,
(apro).- La piezas del rompecabezas del caso de los militares presos en la
administración calderonista por sus presuntos nexos con el crimen organizado
poco a poco se van acomodando.
En su edición de
este miércoles, la periodista Carmen Aristegui, en su espacio de noticias de
MVS, aportó un nuevo elemento que deja ver la trama urdida desde las altas
esferas de la Secretaría de la Defensa Nacional, para encarcelar a cuatro altos
mandos militares, entre ellos el subsecretario Tomás Ángel Dahuahare, el único
absuelto hasta ahora: Se trata del testimonio del general Rubén Pérez Ramírez.
De acuerdo con su
declaración ampliada, el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván
Galván, operó en diferentes frentes para encarcelarlo a él y a sus compañeros,
los también generales, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Tomás Ángeles Dauahare.
En aquel entonces,
este último era visto como potencial candidato a la Sedena y su detención se
registró en plena efervescencia electoral, en mayo de 2012. Dahuahare estuvo
preso 11 meses y fue liberado el pasado
17 de abril, luego de que la Procuraduría General de la República o pudo
sostener las acusaciones en su contra.
El general Pérez
Ramírez, quien continúa preso en un penal de máxima seguridad del Altiplano,
dijo en su declaración que el general Galván Galván llevó a cabo todo un plan
para inculpar al general Dauahare, en el que incluyó miembros del Estado Mayor
Presidencial, la PGR y de la Unidad de Delitos contra Salud, de la entonces
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO, hoy SEIDO).
Asimismo, reveló que
a principios de abril llegó a la Unidad de Delitos contra la Salud, que era
comandada por militares, y un sujeto a quien identificó como El jefe le pidió
que cooperara con la investigación que incriminaba a militares, entre ellos a
Dauahare.
“El jefe me dijo que
lo pensara bien que no me quería perjudicar porque además la persona que le
interesaba era el general Dawe y otro general. Y otras personas que tenían que
ver con el asunto, o estaban muertas o en la cárcel”, dijo en su declaración.
La advertencia fue
clara. Le dijeron: “Píenselo bien, mejor colabore diga la verdad porque si no
esto le va a hacer daño a su carrera y su vida está acabada”. 12 días antes de
ese interrogatorio, el 20 de abril de 2012, fue asesinado el general Arturo
Acosta Chaparro.
Pérez Ramírez
refirió en su testimonio que aceptó firmar “intimidado” por los militares y por
la promesa de que saldría bien librado, pero al final no fue así, termino
encarcelado junto con sus compañeros y no ha sido liberado.
El 9 de mayo, se
llevó a cabo un segundo interrogatorio. Fue el mismo día en que se desarrolló
el Foro Encuentros por el Futuro de México, organizado por la fundación Colosio
en la que estuvo presente en entonces candidato presidencial, Peña Nieto, y el
general Dauahare.
En esa ocasión,
relató el militar en su declaración, los militares encabezados por El jefe le
exigieron que firmara una nueva declaración en la que describía con detalle a
las dos personas que supuestamente lo habían visitado en Cancún para negociar
el aterrizaje de los aviones con droga.
Pérez Ramírez puso
resistencia y exigió un abogado. Entonces El jefe le reviró: “Bueno, aténgase a
las consecuencias, conste que se lo advertimos”.
Ante la nueva
amenaza y la oferta de que saldría de inmediato del apuro como un testigo más,
firmó la declaración.
Sin embargo su
situación dio un giro cuando, según relató en su declaración, fue citado a
declarar nuevamente, después de que los generales Dawe y Dauahare ya habían
sido detenidos.
Igual que en las
declaraciones anteriores, le pidieron firmar una declaración previamente
confeccionada.
Los militares de la
PGR a cargo pasaron a una oficina donde estaba un mayor enviado por la sección
de inteligencia del Estado Mayor de la Sedena, cuyo nombre omitió, quien le
dijo: “Trate de colaborar en este asunto, hay un interés muy especial por parte
del señor secretario (Galván Galván).
“Si usted lo hace
estoy seguro de que lo van a ayudar y no tendrá
ningún problema. De otra manera tengo conocimiento que estas personas no
tendrán ninguna consideración y lo van a consignar”, le advirtió.
Al final, firmó una
declaración en la que se inculpa de delitos contra la salud en la modalidad de
colaborador. Se le acusó de permitir el aterrizaje de aviones con cocaína en
Cancún.
En su declaración
ampliada aclaró que lo hizo bajo un “conjunto de presiones e intimidaciones”.
El 1 de agosto del
año pasado el general de división en retiro Ricardo Escorcia también denunció
que la PGR lo obligó a firmar un testimonio ministerial falso para inculpar al
general Tomás Angeles con una presunta recepción de dinero del narco.
TODO FUE UNA FABRICACIÓN PERVERSA: ABOGADO
En entrevista
posterior, también con MVS Noticias, Guillermo Pasquel, abogado del general
Pérez Ramírez, afirmó que “todo esto fue instruido bajo una perversidad y una
actitud ilegal”.
El abogado dijo que
“es claro que hubo una fabricación de pruebas” para encarcelar a generales y
militares en mayo de 2012, entre ellos su defendido.
Comentó que ya
tienen ubicado a El Jefe quien, según el general Pérez Ramírez, fue quien pidió
incriminar a elementos del Ejército y trabajó desde la Unidad de Delitos contra
Salud SIEDO.
“Afortunadamente ya
lo tenemos ubicado. No es un militar, es un agente del MP (Ministerio Público)
de la extinta SIEDO”, dijo, pero se negó a revelar el nombre.
También comentó que
ya fueron interrogados dos de los agentes que armaron el expediente contra los
militares y sostuvo que las declaraciones emitidas por su defendido, son
inválidas porque se le conocen como autoincriminatorias.
“Eso por ley está
prohibido porque es una vieja práctica de hacer que declararan hechos que los
incriminaran”, dijo.
El abogado consideró
que la gente que intervino en el entramado para encarcelar a los militares
fueron designados de “forma oficial” por lo que consideró ingenuo que la
entonces titular de la PGR, Marisela Morales no estuviera enterada de ello.
“Es evidente que
había conocimiento de las máximas autoridades de la PGR…. sería increíble que
las máximas instituciones no estuvieran enteradas”, arguyó.
Pasquel sostuvo que
si bien es claro que hubo participación de militares, también hubo
“coadyuvancia” por parte de agentes del Ministerio Público.
En cuanto a los
militares que aún permanecen encarcelados, entre ellos su defendido, adelantó
que el martes pasado pidieron que se dé por terminado el periodo de
presentación de pruebas para obtener su libertad lo más pronto posible.
(PROCESO/ Redacción/ 8 de mayo de 2013)
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