En curso el tercer año del “gobierno del cambio”, crece la
percepción de que las cosas realmente no están cambiando en Sinaloa.
Por
lo menos eso muestra la encuesta de Mitofsky publicada la semana
pasada, sobre la evaluación que los sinaloenses hacen del gobernador
Mario López Valdez, al que dan una aprobación del 64 por ciento.
Uno de los elementos que mide la encuesta, realizada en abril pasado,
con una muestra de 430 entrevistas realizadas en vivienda, es la
percepción que hay sobre el tema del narcotráfico, comparado con la que
se registra a nivel nacional, donde aquí es del 8 por ciento, mientras
que a nivel nacional registra un 4 por ciento.
El otro tema es la corrupción, donde el 9 por ciento que se registra en la entidad contrasta con el 4 por ciento nacional.
En cuanto al narcotráfico no debiera extrañarnos. Sinaloa, lo hemos
dicho desde hace muchos años, es la cuna del narcotráfico, el estado
donde el negocio de las drogas adquirió dimensiones industriales.
Por
ello no será fácil combatir los productos colaterales de esta actividad,
no solo relacionados con la violencia, sino también con formas de ser,
de comportarse y de vivir de los sinaloenses, la drogadicción, la
contaminación de la economía, de la política, del propio Gobierno.
Así que en este rubro, si acaso, hay que exigirle al Gobierno que
contribuya a crear condiciones más o menos habitables para la gente,
reduciendo la violencia, asegurando cierta paz y tranquilidad en las
calles, disminuyendo la zozobra en la que se vive en buena parte de la
geografía sinaloense, garantizando que las inversiones que se hacen no
tengan que estar enfrentando problemas de extorsión y de acoso de los
grupos delictivos.
Pero en el tema de la corrupción no debiera existir ninguna
flexibilidad, ni tregua, ni pacto. Sobre todo el Gobierno de López
Valdez estaría obligado a medidas extraordinarias para combatirla, pues
llegó a la gubernatura hilvanando un discurso contra la corrupción.
Y
sí, después de dos gobiernos rapaces, como los de Juan Millán y Jesús
Aguilar Padilla, que generaron decenas, cientos de nuevos ricos en
Sinaloa producto del manoseo del erario, la gente estaba harta.
Y por ello ese discurso de Malova, emitido una y otra vez con la mano en el corazón, prendió en los electores.
Pero, ¿qué pasó? Que no se acomodaban todavía en sus asientos los nuevos funcionarios, los paladines del cambio, de la democracia, de la honradez y de la transparencia, cuando ya estaban echándose dinero que no era suyo a los bolsillos. Ellos y sus cuates.
Algo está pasando si en Sinaloa se percibe más la corrupción que a
nivel nacional, y no con poco. La falta de acciones para combatirla y
castigarla sigue dejando manos libres no solo a los que administran los
recursos, sino a los que debieran estar vigilando su uso correcto.
No debiera ser así por muchas razones. Una de ellas es que desde hace
al menos diez años se han estado impulsando en México y en las
entidades políticas encaminadas a transparentar la administración
pública.
Se crearon las leyes de transparencia, las comisiones de acceso
a la información y se constituyeron las auditorías superiores, tanto a
nivel federal como en los estados.
Y debe entenderse que a partir de estas medidas se esperaría más
control en el manejo de los recursos públicos. Pero no ha sido así
porque los instrumentos que debieran servir de contrapeso, pues con ese
fin existen, como los congresos, terminan amafiados con los gobiernos,
en una cloaca donde hay ganancias para todos.
Lo que está ocurriendo en algunas dependencias —por no decir todas,
no nos consta— en materia de corrupción, es realmente abominable. Se han
documentado, se han publicado, se han denunciado casos concretos, con
nombre y apellido, y no pasa nada.
Y esto es por dos razones: una,
porque a la corrupción este Gobierno ha agregado el cinismo. La otra es
porque el problema viene del más alto nivel.
¿Cómo se explica que Malova haya tenido en sus manos la carta de Nadro donde esta empresa reconoce que se equivocó
hacia arriba con cien millones de pesos en una cotización, al poner
costos de cajas de medicinas cuando se trataba de cotizar unidades? ¿Y
que a pesar de ese conocimiento el contrato se haya mantenido y, aún
más, que esos precios se estén facturando —las facturas las hace Nadro
con su propio personal— y pagando las medicinas?
Pues esto solo puede explicarse por el hecho de que, en alguna medida
y forma, el gobernador sea parte de estas trapacerías. Y eso lo sabe el
ciudadano… o lo percibe, como se registra en la encuesta de Mitofsky.
Bola y cadena
EL PROBLEMA ES QUE las elecciones que vienen no servirán para medir,
avalar o castigar el trabajo del gobernador y su equipo, pues este tiene
candidatos por la nueva coalición PAN-PRD-PT que se ha armado, y por el
mismísimo PRI, donde logró colocar candidatos a alcaldes y al Congreso.
Y falta ver la lista de pluris para tener el cuadro completo.
Sentido contrario
DE VERDAD ES UNA VERGÜENZA lo que ocurre en los partidos, todos, que
en la designación (vestida de democracia) de sus candidatos refrendan su
pútrida vocación para servirse a sí mismos.
El solo hecho de que Óscar
Félix Ochoa pretenda regresar al Congreso local es una burla para la
sociedad. Y debiera ser una vergüenza para cualquier partido que tenga
un ápice de decencia.
Y lo mismo debe decirse de Gómer Monárrez Lara, un
porro del priismo que llegó a una subsecretaría, dicho por el propio
gobernador, no por sus méritos profesionales, sino “porque es bueno para
el bat”.
¿No es una vergüenza para la política la salida de Felipe
Manzanárez del Movimiento Ciudadano y su llegada por alfombra roja al
PAN?
Humo negro
PERO LO PEOR ES QUE un hombre como Manuel Tarriba, con sus méritos
indiscutibles en el sector agrícola, haya quedado fuera porque el “dedo”
favoreció al hijo del ex rector.
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