Archivo / Cuartoscuro
El ex subsecretario de Sedatu, Enrique
González Tiburcio, denunció penalmente ante la PGR que la firma que aparece en
el convenio general realizado con la Universidad Francisco I. Madero en enero
de 2016 y que derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos, no es
suya, sino que fue falsificada.
El ex subsecretario de
Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se
iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por
lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la
dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente
contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación
de dicho convenio.
Sin embargo, de acuerdo con
Julio Hernández Barros, el abogado de González Tiburcio, peritos de la entonces
Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que la firma contenida
en el documento es verdadera, por lo cual el exfuncionario pasó de denunciante
a imputado por el delito de “falsedad de declaración”. Es decir, por haber
mentido respecto a la falsificación de su firma, según la Procuraduría.
En entrevista con Animal
Político, Hernández Barros asegura que en un año y cinco meses después de
interponer la denuncia, la PGR no le notificó a González Tiburcio sobre el
cambio de estatus jurídico, sino que fue hasta el 3 de diciembre de 2018 para
solicitar su presencia en la primera audiencia del 15 de enero de 2019.
El abogado negó que su
defendido haya solicitado un amparo para no acudir a declarar y también se
presentó a la segunda audiencia realizada el 24 de enero donde se confirmó que
González Tiburcio no está siendo investigado por desvío de recursos públicos,
sino por falsedad de declaración.
Este lunes Animal Político
publicó que González Tiburcio, quien también fue Coordinador de asesores de
Rosario Robles en Sedesol, es uno de los funcionarios de más alto rango en la
Sedatu que firmó el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la
Universidad Francisco I. Madero y que derivó en el presunto desvío de recursos
públicos de 185 millones de pesos.
Este y otros convenios fueron
analizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría
número 196-DS y encontró diversas irregularidades como que las empresas
subcontratados eran de “papel”, los comprobantes de servicios fueron apócrifos
o copiados de convenios con otras universidades, por lo que el organismo
interpuso una denuncia penal ante la PGR en octubre de 2018.
FIRMAS FALSIFICADAS
Pese a que el exsubsecretario
denunció la supuesta falsificación de su firma ante el Órgano Interno de
Control, a cargo entonces de Miguel Ángel Vega, éste no investigó la posible
responsabilidad de quien haya hecho la falsificación.
“El OIC presenta la denuncia
ante la PGR y se cruza de brazos, no vuelve a realizar ninguna investigación.
Hubo una tremenda omisión en investigar y fincar responsabilidades
administrativas”, asegura el abogado Hernández Barros.
Un elemento indispensable de
investigación sería determinar quiénes autorizaron la liberación de los
recursos de la Sedatu para pagar los supuestos servicios a la universidad. De
acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma el sábado 26 de enero,
otro de los imputados es el exdirector de Programación y Presupuesto de la
Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez, encargado justamente de pagar este tipo
de convenios. Él era subalterno de Emilio Zebadúa, el Oficial Mayor de la
dependencia, responsable de administrar el presupuesto.
El abogado Hernández Barros
afirma que la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República
(FGR), también se está limitando sólo a determinar la autenticidad de la firma
en el convenio, más no en encontrar a posibles imputados en la falsificación y,
sobre todo, la responsabilidad sobre la salida de recursos públicos de la
dependencia.
De acuerdo con la defensa de
González Tiburcio, el convenio tampoco cumple con otros criterios legales como
la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia, la
justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas
las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones que
siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero de
2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en
periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.
La Auditoría Superior señala
también a Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento
territorial y atención a zonas de riesgo, y subalterno de González Tiburcio,
como el firmante del convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, el
2 de febrero de 2016, en el que se establecen los servicios que haría la
Universidad y el pago por hasta 224 millones de pesos.
Sin embargo, durante la
investigación de la Auditoría, Saldaña declaró que su firma había sido
falsificada, por lo que también denunció penalmente.
En tanto, Noemí T., quien
aparece como accionista mayoritaria de la empresa Contabilidad y Soluciones
INNER, que recibió 42 millones de pesos de este convenio, “no reconoció como
suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios” y negó
ser dueña de dicha empresa, por lo que interpuso una denuncia de hechos en
septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
contra quien resultara responsable por haber utilizado su nombre para estos
documentos.
Como parte de la declaración
de González Tiburcio en la audiencia del 24 de enero, aseguró: “nunca firmé
contrato o convenio alguno con la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero.
Y soy el primer interesado en que se aclare todo lo que parece ser una serie de
irregularidades en el ejercicio de funciones como servidor público”.
Este martes 29 de enero se
realizará la tercera audiencia donde la defensa del exsubsecretario presentará
como prueba el análisis por otro perito grafólogo para determinar si la firma
en el documento es auténtica o falsificada. Al siguiente día está prevista la
cuarta audiencia donde el juez determinará si González Tiburcio es o no
vinculado a proceso.
(ANIMAL POLITICO/NAYELI ROLDÁN Y MANU URESTE/ ENERO 29
2019 08:12)
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