La inconformidad de los elementos
policíacos va en aumento, piden que se aclare qué pasó con los 1.7 millones de
pesos del Fondo que no se entregaron y por qué los cursos de capacitación están
diluidos o son inexistentes, a pesar que firman actas de asistencia. Advierten
que no permitirán que las autoridades sigan usando a la corporación para
canalizar recursos en otros gastos
En 2018, el Ayuntamiento de
Ensenada solicitó al Secretariado Nacional de Seguridad, recursos para
compensar a 903 policías municipal con bonos por 5 mil 099 pesos, pero al final
se entregaron a los 680 agentes activos.
De la repartición quedaron
fuera elementos retirados y pensionados, personal administrativo, de permiso
sin goce de sueldo o aquellos que reprobaron el Examen de Control y Confianza.
En noviembre, agentes en
retiro y pensionados se pusieron estrictos y pidieron tanto al alcalde Marco
Antonio Novelo Osuna como a la oficial
mayor, Mónica Vargas Núñez, transparentar el destino del dinero que no les
entregaron.
En un oficio presentado por
el policía en retiro Efraín Ávila Cruz, de la Asociación de Agentes de
Seguridad Pública de Ensenada, ante el presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil, Job Montoya Gaxiola, cuestiona a los legisladores
que si bien las reglas del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg) indican que sólo los oficiales
activos pueden recibir este incentivo, por qué se giraron cheques para
otros gastos ajenos a la seguridad.
Calcularon que el gobierno
municipal sigue presupuestando alrededor de 1.7 millones de pesos, a sabiendas
de que la Ley lo prohíbe.
“Por qué entonces solicitaron
el recurso para todos, hace más de un
mes que no hay respuesta”, manifestaron los uniformados.
Recordaron que con el ex
presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, recibieron tres bonos: para apoyo
de vivienda, de útiles escolares y de línea blanca. Comenzaron a mermar y, con
el ex presidente Gilberto Hirata Chico, se otorgaron a 916 elementos.
YA GASTARON EL DINERO DE LOS BONOS
En el ejercicio 2018, la
coparticipación en el Fortaseg fue de 9.2 millones de pesos que se etiquetaron
en gastos de operación.
Del total del presupuesto,
4.6 millones de pesos se proyectaron en la profesionalización de instituciones
de Seguridad Pública y en homologación de sueldos referentes a bonos.
Al respecto, la síndico
procuradora Karina Castrejón Bañuelos informó que iniciará una auditoría para
conocer el destino de varios cheques que se cobraron de la partida
presupuestada para bonos al personal activo.
Adelantó que en una primera
revisión al recurso de 9.2 millones de pesos, se encontró que en la
reestructuración y homologación salarial, 4.6 millones se distribuyeron entre
los agentes, pagaderos dentro de la nómina para homologar el salario. El resto,
para otro programa de mejora de las condiciones laborales de personal
operativo.
Aclaró que la Dirección de
Seguridad Pública Municipal (DSPM) solicitó apoyo para 803 bonos de agentes de
seguridad por 5 mil 099 pesos, además, que en agosto se giraron 684 cheques por
esa cantidad, casi en las fechas que se entregaron en un acto protocolario.
Sin embargo, en el estado de
cuenta de septiembre aparecen 676 cheques cobrados de esa misma cuenta y otros
diez en octubre, por diferentes cantidades, desde 900 pesos en adelante.
La Sindicatura reiteró que la
política del Secretariado Nacional es de sólo otorgar el bono al personal
activo y a quienes estén de permiso sin goce de sueldo, como también aquellos
que no acreditaron el Examen de Control y Confianza.
La manera en que debió actuar
el gobierno municipal, a través de Tesorería, fue reintegrar el dinero que no
se usó para los agentes en retiro y jubilados, o en su caso, redistribuir el
recurso.
CAPACITACIÓN AL
VAPOR EN DSPM
De la misma manera, los
uniformados detectaron que del Fortaseg se solicitó dinero para capacitaciones
que no imparten, como el taller titulado “Función del Primer Respondiente y la
Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos”.
El agente Corrado denunció
que reciben cursos “al vapor” de cuatro horas, pero en las actas de asistencia
les marcan que estuvieron 30 horas en el curso.
También se inscribieron en
otra capacitación por cinco días, pero como se atravesó el 16 de septiembre,
los mandaron a trabajar al “Grito” de Independencia y redujeron la capacitación
a cuatro días.
“Se supone que ahorita (22 de
enero) debemos estar en un curso de Derechos Humanos, me apunté y nos fuimos,
no hubo nada”, mencionó otro elemento que pidió no ser identificado.
La inconformidad va en aumento porque han sido señalados como
los principales causantes de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no
funcione, al no tener preparación.
“Carezco de muchos
conocimientos, pero gracias a tropezones, caídas y levantadas, que fue lo más
difícil todo de esos cuatro días, ésta es el acta y aquí está”, manifestó
Corrado.
Efectivamente, los
municipales han sido primeros respondientes por necesidad y no por voluntad,
debido a la carencia de capacitación.
Según el agente, lo más
complicado a tres años de implementado el NSJP, ha sido “fallarle a la gente”,
ya que mucho se pregona ante la sociedad que cuando a su entrada en vigor, la
Policía estaba capacitada.
NO QUIEREN CÁMARAS, SINO ENTRENAMIENTO
En septiembre de 2018, a los
elementos de la Policía les entregaron cámaras fotográficas, un pequeño equipo
Sony 8X sin memoria. Tuvieron que firmar una carta responsiva donde se
comprometen a cubrir el costo de la cámara en caso de daño o extravío.
La corporación valuó el
equipo en 5 mil 500 pesos, mientras que los agentes comprobaron que el costo
real no llega a 2 mil 500 pesos incluyendo memoria, forro, trípode, doble pila
y artículos de limpieza.
En cuanto al uso de la
cámara, afirman que están de resguardo en las casas y no lo emplearán porque
corren el riesgo de dañar los artefactos en campo y tengan que pagar más del
triple del valor real del equipo.
ACOTAN CURSOS POR INSEGURIDAD
ZETA solicitó información a
la DSPM sobre la impartición de cursos y talleres al personal de la
corporación. No desmintieron lo declarado por los oficiales que se
inconformaron por las pocas horas de capacitación.
El área de Profesionalización
de la Dirección aclaró que debido a la inseguridad y poco personal que hay en Ensenada,
fue necesario reducir los horarios de capacitación.
Las órdenes fueron giradas
por el titular de la corporación, Jorge Íñiguez Díaz, quien pidió menos horas,
así como días de preparación ante los problemas de inseguridad.
Asimismo, la DSPM reconoce
que hay pocos elementos de seguridad para cubrir un sector, haciendo imposible
tener a todos los agentes reunidos en una sala de capacitación al mismo tiempo.
“NO NOS VAMOS A DEJAR”: POLICÍAS
Los agentes advirtieron que
no permitirán que las autoridades sigan usando a la corporación para hacerse de
dinero y continuar en el abandono.
Respecto a las
manifestaciones que han llevado a cabo desde noviembre por falta de pago de
sueldo, aguinaldos, seguros de vida, prima vacacional y caja de ahorro,
advirtieron que no se detendrán y protestarán cada vez que dejen de pagar
sueldos y prestaciones, pese a la amenazas de que, si siguen con los
disturbios, serán llevados a prisión.
No temen que los manden a
otras delegaciones siempre y cuando les paguen lo justo, sin violar sus
derechos.
“Con el cambio de gobierno
municipal, quieren cambiar la imagen ante la gente. Tengo veinte años de
carrera, ahí está mi expediente y reto a que se revise, no tengo boleta de
arresto, soy humano y he cometido errores, pero lo he entendido”, insistió
Corrado.
No pueden permitir más “que pisoteen los
derechos, así como se nos exige, hay que pedir los nuestros, porque atrás de
nosotros hay una familia”.
Para concluir, el agente
expuso que los grupos de choque surgen a raíz de que las autoridades van de mal
en peor en cuanto a la profesionalización de policías, “estamos graves y
tenemos que hacer conciencia, de otra manera jamás se va a avanzar”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /
LUNES, 28 ENERO, 2019 01:00 PM)
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