Por lo menos en cuatro incidentes
recientes, hombres que se identifican como policías estatales o federales han
perpetrado varios crímenes como extorsión, robo y hasta secuestro exprés en
Mexicali, generando conflicto entre autoridades de seguridad que se responsabilizan
de los actos. De los incidentes ocurridos -no así denunciados formalmente- se
pudo desprender una investigación donde se identificó plenamente a dos
individuos: uno empleado de gobierno, y el otro, un ex agente de la PEP
En las últimas semanas, por
lo menos cuatro incidentes han generado conflicto entre corporaciones estatales
y federales que se acusan mutuamente de perpetrar crímenes como extorsión,
“cobro de piso” y robo contra ciudadanos y encargados de negocios.
Aunque no existe denuncia al
respecto, las declaraciones que han logrado obtener de víctimas, refieren
características similares en la operación en la que los criminales obtuvieron
medianas sumas de dinero.
La situación empeoró el
martes 22 de enero, cuando el secuestro exprés de un restaurantero de origen
chino, el cual fue despojado de 30 mil pesos y esposado en la parte trasera de
su automóvil, la unidad que lo secuestró tenía estrobos y los criminales se
identificaron como elementos del área técnica de la Policía Estatal Preventiva
(PEP), pero tras cotejar información del GPS de los vehículos, se pudo
confirmar que no se trata de una patrulla de dicha corporación.
Luego de diversas labores de
investigación, agentes estatales y federales lograron ubicar a algunos de los
individuos que se hacen pasar por policías para apoderarse del dinero de otros,
y aunque no se les ha podido relacionar en todos los hechos delictivos, en
varios existen grandes coincidencias, como que son sujetos altos, robustos,
vestidos de civil y usan un pick-up Toyota Tacoma color blanco o una Dodge Ram,
incluso un Nissan Sentra color azul; todas las unidades portan estrobos.
Además de ello,
investigadores relacionaron a tres de los presuntos delincuentes, dos de ellos
identificados por las autoridades gracias a un video recabado en uno de los
casos, donde se apoderaron de una máquina tragamonedas en una tortillería.
Pese a que existen indicios
importantes, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha
iniciado ninguna carpeta de investigación al respecto, pues afirman no contar
con denuncias.
Por su parte, el gobernador
Francisco Vega de Lamadrid negó que se esté dando el cobro de piso en Mexicali,
y exhortó, cualquier comportamiento irregular por parte de corporaciones de
seguridad, debe ser denunciado para sancionar al agente infractor.
EMPLEADO DE GOBIERNO Y EX PEP, LOS IDENTIFICADOS
De diciembre 2018 a la fecha,
por lo menos cuatro incidentes han sido documentados en reportes de emergencia
recibidos por las autoridades de seguridad, donde las víctimas aseguran que
supuestos policías intentan cobrar -o cobran- una suma de dinero a cambio de la
libertad de su presa.
Aunque el modo de operación
no está muy depurado, en los incidentes se confirmó que no se trata de ninguna
autoridad estatal o federal activa, lo que ha provocado una investigación entre
policías para dar con los responsables.
A los que lograron
identificar al quedar sus rostros y sus acciones grabadas en un video de
seguridad, fueron:
* Juan Ismael Fregoso Villalobos,
mensajero en Oficialía Mayor del Gobierno del Estado (ingresó en 2006) y con
antecedentes penales por allanamiento de morada, robo a transeúnte y portación
de placas robadas
* Antonio Trinidad Navarro Cerda, quien
solía ser agente de la PEP, pero causó baja.
Investigadores informaron a
ZETA que existe un tercer individuo del que sólo se sabe, es activo de la Policía
Municipal de Mexicali, pero no se han podido establecer mayores detalles.
SECUESTRO
EXPRÉS A RESTAURANTERO
La noche del martes 22 de
enero hubo una movilización por parte de policías de todas las corporaciones.
Se había reportado un asalto en la colonia Esperanza Agrícola. Policías
municipales y ministeriales llegaron y confirmaron el atraco a un restaurantero
de origen chino, Junpin Zhen, de 39 años de edad, el cual tenía las manos
esposadas a su vehículo Honda Odissey, color blanco de reciente modelo, placas
de circulación W12NRJ5 de Baja California.
Luego de liberarlo, el
ofendido comentó que supuestos policías federales le habían marcado el alto
cuando transitaba a la altura del Distribuidor Vial de Mexicali, punto donde
conectan las vialidades más importantes –Lázaro Cárdenas y López Mateos- en el
corazón de la ciudad.
Reconoció que la unidad era
un pick-up color blanco con estrobos, por lo que creyó se trataba de policías y
orilló su vehículo sin reclamo. Dos hombres robustos, altos, descendieron y con
movimientos pausados caminaron hacia el asiento del piloto. Sin mediar
palabras, uno de ellos le propinó un golpe para obligarlo moverse al asiento
trasero, donde lo esposaron a una de las puertas.
Los sujetos le quitaron sus
pertenencias de valor, logrando apoderarse de 30 mil pesos y un teléfono
celular iPhone 7. Después lo “pasearon” a bordo de su automóvil hasta dejarlo
sobre Avenida de la Coruña, casi esquina con Calle Perimetral Deportiva Sur en
dicha comunidad.
Ahí, los dos “policías” lo
golpearon nuevamente, para después descender de la unidad y abordar el pick-up
blanco tipo patrulla, conducido por un tercer sujeto.
Mientras rendía su
declaración, los investigadores descubrieron la ubicación del teléfono sobre la
carretera Mexicali-San Felipe, a la altura del panteón. Se trasladaron al lugar
sólo para encontrar el aparato tirado a la orilla de la carretera.
Policías estatales y
federales se culparon por la responsabilidad de este atraco, pero tras
inspeccionar a sus elementos, confirmaron que ninguna de las unidades -que
cuentan con GPS- estaba cerca del lugar.
La situación llegó a tal
grado que la Fiscalía General de la República (antes PGR) emitió un comunicado
de prensa para deslindarse de dichas acciones. La PEP realizó una conducta
similar al rechazar que elementos de su corporación hubieran estado en la zona
al momento del crimen.
A diferencia de los otros
casos, éste tiene un modo de operación distinto, pues hubo agresión física y
privación de la libertad, lo que provoca que policías aún no tengan completa
certeza que se trata de la misma banda. Lo que sí se puede establecer es que
grupos delictivos se hacen pasar por policías para cometer crímenes.
MÁS CASOS
Desde el 5 de diciembre de
2018, las autoridades focalizaron el problema cuando tres supuestos policías
vestidos de civil amagaron a los asistentes a un evento realizado en el Salón
Moscú del hotel Real Inn, ubicado en Centro Cívico. Dos de ellos se
identificaron como Eduardo Medina Pérez y José Alejandro Pérez Hernández -cuyos
nombres resultaron ser ficticios-, amenazaron con detener a varios de los
presentes argumentando que contaban con órdenes de aprehensión en su contra. La
situación causó gran tensión hasta que una mujer les pidió identificarse.
Los sujetos se negaron, lo
cual generó sospechas de los asistentes que pidieron el arribo de policías
municipales y de guardias del hotel, provocando que los sospechosos optaran por
retirarse. Ante la situación, incluso personal de la Visitaduría de la PGJE
llegó al sitio, según consta en información recabada por ZETA.
Otros dos incidentes
sucedieron en días pasados. También participaron supuestos policías estatales.
El primero de ellos ocurrió en una tortillería ubicada en la colonia Baja
California. Las cámaras de vigilancia fechadas el 10 de enero, captaron el
arribo de la unidad Toyota Tacoma color blanco de reciente modelo, de la cual
descendieron varios sujetos.
Dos de ellos se dirigieron a
la ventanilla para conversar con la empleada, mientras que otros dos tomaron
una máquina tragamonedas, llevándosela del lugar. Esto provocó que uno de los
empleados se dirigiera hacia ellos reclamando la acción, pero rápidamente fue
detenido a punta de amenazas y señalamientos por uno de los individuos.
Las máquinas tragamonedas
representan una importante ganancia, además de tener un valor muy alto en San
Luis Río Colorado, Sonora, donde con frecuencia son vendidas.
En ese incidente, las cámaras
captaron los rostros de dos de ellos, uno plenamente identificado como Juan
Ismael Fregoso Villalobos, mensajero de Oficialía Mayor del Estado y con
antecedentes penales por diversos delitos.
Otro hecho ocurrió en
González Ortega, donde un hombre narró que supuestos policías lo interceptaron
al salir de su negocio y le dijeron que le sembrarían un arma o droga si no les
entregaban el dinero. Luego de amedrentarlos, esposarlos y subirlos a la parte
trasera de automóvil, los ofendidos aceptaron entregarles la cantidad de 15 mil
pesos.
GOBERNADOR PIDE QUE DENUNCIEN
El gobernador del Estado,
Francisco Vega de Lamadrid, negó que exista “cobro de piso” en Baja California
y, de haber información de policías o supuestos policías actuando de manera
ilícita, la ciudadanía debe denunciar.
Durante un evento realizado
en el parque del fraccionamiento Paseos del Sol, al Oriente de la ciudad, el
mandatario aseveró que no se cuenta con una sola denuncia en este sentido, ya
sea de ciudadanos o empresarios, lo que consideró un hecho muy positivo.
Agregó que en caso de ser
víctimas de una autoridad corrompida, es urgente denunciar ante las instancias
correspondientes, con el objetivo de que el servidor público sea castigado con
todo el peso de la Ley, en caso de descubrirse su culpabilidad.
De manera oficial, la PGJE
confirmó lo expresado por el Ejecutivo estatal, reafirmando que no existe
querella por algún caso similar.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 28 ENERO, 2019
01:00 PM)
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