Foto: Especial
La Auditoría Superior también
presentó denuncias por malos manejos en gobiernos de Jalisco y Colima, así como
en diversos municipios; en total son 28 nuevos casos
Por Arturo Angel para Animal
Político
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) presentó 28 nuevas denuncias penales ante la Procuraduría
General de la República (PGR) por malos manejos de recursos públicos federales
en diversas entidades y municipios. Una de las denuncias es por el presunto
desvío de más de 200 millones de pesos en la gestión del exgobernador de
Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Se trata de la quinta
denuncia que promueve la ASF ante la Procuraduría por presuntos fraudes al
erario federal en la gestión de Padrés en Sonora. Hasta ahora ninguno de los
casos abiertos ha sido resuelto ni hay funcionarios consignados.
Esta nueva denuncia penal,
presentada a finales de julio, corresponde a una auditoría financiera y de
desempeño relacionada con el manejo del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Sonora en 2013. Se
trata de recursos que generalmente se utilizan para poner en marcha diversas
obras de infraestructura.
Lo que los auditores
detectaron es que más del 30 por ciento del referido fondo, unos 202 millones
de pesos, no fue aplicado para las obras o acciones que estaban contempladas
sino por el contrario, se transfirió a otras cuentas bancarias del gobierno
estatal sin que fuera reintegrado.
Pero no es todo. Se descubrió
que otros 700 mil pesos fueron invertidos sin justificación en cinco obras
auditadas, y se reportó la ausencia de casi 6.5 millones de pesos relacionados
con multas que debieron aplicarse por retrasos en doce obras. Además hubo malos
manejos por 17 millones de pesos en ocho obras más.
Incluso los auditores
detectaron pagos de más de 900 mil pesos por conceptos sin ejecutar en seis
obras. A ello se suman falta de bitácoras en varias de las construcciones,
errores en retenciones o llenado de documentos y facturas, y una total falta de
evaluación del uso de los recursos y su aplicación con fines estratégicos.
“En conclusión, el Gobierno
del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los
recursos del fondo, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se
cumplieron sus objetivos y metas”, señaló el informe de resultados de la
auditoría 13-A-26000-02-1147, que dio pie a la denuncia penal presentada por
PGR.
Foto: Especial
CASOS JALISCO Y COLIMA
En este nuevo paquete de
denuncias penales de la ASF, presentadas el pasado 20 de julio ante PGR, hay
cuatro casos más relacionados con irregularidades en las administraciones
estatales de Jalisco y Colima.
Los casos más grandes en
cuanto a monto corresponden al estado de Colima, en donde los auditores
reportaron malos manejos que habrían generado un fraude a Hacienda por un monto
superior a los 500 millones de pesos en los años 2012 y 2013. Los hechos
corresponden a la administración del exgobernador priista Mario Anguiano
Moreno.
Los auditores detectaron, por
ejemplo, que 43 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal fueron utilizados indebidamente para el pago de trabajadores
sindicalizados sin que el dinero haya sido repuesto o regresado; o que se
usaron otros 166 millones de pesos para financiar supuestas prestaciones a
trabajadores que nunca fueron autorizadas.
Incluso el gobierno estatal
dijo que tomó 90 millones para el pago de pasivos de nómina y otros 87 millones
de pesos para el pago de retenciones a terceros, hecho que además de ser ilegal
no se comprobó fehacientemente.
La administración de Anguiano
también transfirió más de 25 millones de pesos que recibió, en 2012, del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a otras
cuentas bancarias distintas sin que se acreditara ni su destino ni su
aplicación. El dinero no fue regresado.
La ASF concluyó que el estado
de Colima carecía – al menos hasta ese momento – de controles suficientes para
el manejo de los recursos, y en muchas ocasiones de la falta total de
indicadores para verificar el efecto que tienen las inversiones que se realizan
sobretodo relacionados con fondos educativos.
En el caso de Jalisco, la ASF
presentó dos denuncias penales en PGR, ambas relacionadas con presuntos fraudes
cometidos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal en 2012. Este año correspondió a la administración del exgobernador
panista Emilio González Márquez.
Los informes de resultados
que dieron paso a las denuncias mostraron, por ejemplo, que Jalisco reportó el
pago de casi dos millones y medio de pesos para nóminas de 15 escuelas que en
realidad estaban clausuradas y otras seis no autorizadas; el dinero no se ha
regresado. Además, se destinaron más de 20 millones de pesos para maestros que
no estaban ejerciendo sino que estaban comisionados al sindicato y por tanto,
no debieron recibir estos recursos.
Incluso los auditores
encontraron que se reportó el pago de 709 mil pesos a seis trabajadores que
nunca fueron localizados por los auditores en las visitas domiciliarias. A esto
se suman múltiples pagos más que era improcedentes.
VUELVEN DENUNCIAS, SIGUE IMPUNIDAD
Este paquete de 28 denuncias
que la ASF presentó a finales de julio son las primeras que impulsa dicha
institución bajo la administración del nuevo auditor general David Colmenares.
Durante los cuatro meses previos dicha institución no presentó denuncias
penales sin que se conozcan las causas de ello.
El resto de las denuncias
presentadas por la Auditoría – además de las ya descritas – corresponden a
irregularidades detectadas en diversos municipios ubicados en Chiapas,
Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, estado de México, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Hidalgo,
Campeche y Oaxaca.
Con estos nuevos casos, la
ASF reporta oficialmente 958 casos promovidos ante el Ministerio Público
Federal desde el año 2000 a la fecha. Las denuncias son en contra de
dependencias federales y gobiernos estatales y municipales.
El común denominador en estos
casos es la impunidad. Animal Político publicó el pasado 9 de julio que la PGR
no ha conseguido cerrar con una sentencia condenatoria ni una sola de las
averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha iniciado por
denuncias de la Auditoría.
No solo eso. Hasta ahora no
hay un solo funcionario o exfuncionario detenido por estos casos y de hecho,
apenas hay 12 casos que ha consignado ante un juez sin detenido. Esto equivale
a una eficacia apenas superior al uno por ciento si comparamos los casos
consignados respecto a las denuncias que la ASF reporta que ha presentado.
Entre los casos que la ASF ha
denunciado ante la PGR en estos años se encuentran los malos manejos por más de
60 mil millones de pesos en la administración del exgobernador Javier Duarte en
Veracruz; los convenios irregulares firmados entre dependencias federales y
universidades bajo la modalidad de “La Estafa Maestra”; los sobrecostos en la
construcción de la Estela de Luz; los presuntos desvíos en recursos destinados
al apoyo al campo; entre otros.
(VANGUARDIA/ REDACCIÓN/22 Ago 2018)
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