Esta segunda entrega de la serie
"Superissste ¿Qué demonios pasó aquí?" explica el mecanismo utilizado
por organismos de gobierno para eludir licitaciones públicas mediante estas
tiendas, con el objetivo final de desaparecer recursos públicos.
Ana Lilia Pérez
Durante la administración del
presidente Enrique Peña Nieto, las tiendas del ISSSTE -que tienen el mandato
constitucional de servir como “tiendas económicas para beneficio de sus
trabajadores y sus familiares”-, se convirtieron en la fachada de un sistema
para evadir las licitaciones públicas y simular compras millonarias para
dependencias gubernamentales.
El esquema se realiza
mediante adquisiciones dirigidas, pero disfrazadas como supuestos convenios,
“bases de colaboración” o “ventas institucionales”, sobre las que no hay
certeza de que realmente se realicen, según auditorías elaboradas por el Órgano
Interno de Control, área dependiente de la Secretaría de la Función Pública.
Este tipo de “ventas
institucionales” no están consideradas en el marco normativo del Superissste,
pero se operan desde un área clave del organismo: la Subdirección de Abasto,
una de las cuatro subdirecciones del sistema, y a través de las gerencias de
las tiendas seleccionadas.
Las auditorías internas
obtenidas por este medio se refieren a irregularidades cometidas en 2016,
cuando la Subdirección de Abasto estaba al mando de José Castañeda Murillo,
(sobrino de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República de 2012 a
2015), quien ocupó esa subdirección hasta febrero de 2018.
Castañeda Murillo llegó a
Superissste el 1 de marzo de 2013 como Gerente Regional, justo cuando su tío
era procurador General de la República. Su primer encargo fue administrar las
tiendas en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche. El sobrino
del procurador fue contratado para el puesto aunque no cumple el requisito de
tener un título universitario que exige la norma institucional, sino solo una
boleta de cuatro semestres en Administración.
Fue su primer puesto en la
función pública, ya que antes había trabajado en las empresas familiares de los
Murillo, incluida una compañía donde aparece como socio de su primo Jesús
Murillo Ortega, hijo del entonces procurador Jesús Murillo.
Entre 2007 y 2009 estuvo como
gerente de Kamu SA de CV, empresa de ropa y artículos deportivos, donde
aparecen como accionistas Edgar Daniel Murillo Karam y Edmundo González
Murillo.
Antes (entre 2005 y 2006)
estuvo como gerente de Comercializadora Farmacéutica Nacional, donde es socio
junto con Carlota Castañeda Murillo y Ana Lilia Aguirre Serna. Y en Kouro
Desarrollos SA de CV, donde aparece como socio de Jesús Murillo Ortega y
Gerardo Murillo Saade Kuri. Castañeda Murillo aparece también como socio de la
empresa Hoteling SA de CV, constituida en Cancún en noviembre de 2006 para la
compra, venta, arrendamiento, administración y comercialización de hoteles.
En febrero de 2016 se le
ascendió a Subdirector de Abasto, el área donde se operan las “ventas
institucionales” que se facturan en millones de pesos, aunque están al margen
de la ley y normatividad del propio Superissste.
VENTAS SIMULADAS
Las ventas institucionales
que se operan desde la Subdirección de Abasto y las sucursales del Superissste
están plagadas de anomalías, las cuales se encuentran en documentos internos
inéditos obtenidos para esta investigación.
En la auditoría 02/810/2017,
el Órgano Interno de Control revisó 18 ventas hechas en 2016 a dependencias
federales y estatales a través de tres sucursales: Lomas Verdes, Zaragoza y
Villa Coapa, por 155 millones 899 mil pesos.
Las operaciones se
justificaron mediante “convenios” en los que se argumentó que Superissste tenía
capacidades técnicas y económicas para suministrar los bienes, pero en ningún
caso ocurrió así: en todos los casos Superissste compró directamente los bienes
a otros proveedores.
Tanto las gerencias de las
sucursales como la Subdirección de Abasto al mando del sobrino de Murillo Karam
habrían incurrido en violaciones a la Ley de Adquisiciones.
Dicen los contralores: “El
Superissste formalizó convenios, contratos y bases de colaboración con
dependencias y entidades del gobierno federal y entidades federativas, sin
tener la capacidad para proveer los bienes por sí misma, ya que a su vez
adquirió el 100% a favor de un proveedor para cada contrato y/o convenios, lo
que evidencia que la Subdirección de Abasto no verificó que el Superissste
contara con los recursos técnicos, materiales y humanos para proveer los bienes
requeridos, incumpliendo así lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones…”.
En lo que el OIC determinó
como “inconsistencia de ventas”, se revela que las operaciones que se
realizaron de manera virtual fueron simulaciones.
Por ejemplo, en la tienda de
Villa Coapa se registraron 10 de las ventas con dependencias del gobierno federal
y estatal por 56 millones de pesos, pero todo fue simulado: el gerente y
subgerente de la tienda emitieron órdenes de surtimiento y hojas de costeo y al
mismo tiempo de venta de mercancías en una de las cajas registradoras de la
tienda, emitiendo ticket de venta y agregando al informe de ingresos, pero la
mercancía nunca estuvo allí, tampoco se entregó.
Todo esto, a criterio de los
auditores, contraviene los manuales de procedimiento con que deben operar las
tiendas para los pedidos y recibos de mercancías.
El OIC determinó que la
tienda Superissste de Villa Coapa “realizó simulación de operaciones
comerciales, mediante un registro virtual de ingreso de mercancías”. Más grave
aún, dice el OIC que no acreditó haber otorgado los bienes correspondientes a las
diez ventas.
Se trata de ventas
justificadas en supuestos convenios o contratos con la Secretaría de Desarrollo
Social, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Centro de Justicia para
las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Servicio Nacional
de Empleo de la Secretaría del Trabajo del Estado de Morelos, la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México e incluso el propio ISSSTE.
Una de las irregularidades
más reiteradas es que para participar en estas compras el Superissste señala
contar con la “experiencia, equipamiento, adiestramiento y los recursos humanos
que le permiten por sí mismo el suministro de los bienes”, pero en realidad la
institución sólo sirve de puente con otros proveedores que evaden la licitación
pública.
También se hallaron problemas
fiscales en la emisión de facturas. No encontraron las remisiones oficiales y
actas de entrega-recepción de bienes que acreditaran que estos fueron
entregados a los compradores.
En uno de los casos se
documentó una venta en la que la supuesta entrega de los bienes se habría hecho
104 días después de la fecha establecida, en contravención al reglamento
orgánico del Superissste.
En otras más no se
encontraron los convenios de colaboración para justificar las ventas, lo que
legalmente imposibilitaría al Superissste a realizar este tipo de
transacciones.
Supuestamente la sucursal de
Coapa le vendió al propio ISSSTE productos desechables y artículos de oficina por 15 millones 151 mil pesos; a
la Secretaría de Desarrollo Social material de limpieza por 409 mil 636 pesos;
a la Secretaría de Trabajo de Morelos equipo de cómputo y tecnología de
información por 109 mil 712 pesos, aunque nada de eso existe en las tiendas.
La misma práctica de
adquisiciones y ventas simuladas se hizo desde la tienda del Superissste
ubicada en el número 1711 de la avenida Ignacio Zaragoza, colonia Tepalcates,
delegación Iztapalapa. Los auditores detectaron inconsistencias graves en por
lo menos en tres ventas por 59 millones
779 pesos, que se habrían hecho al propio ISSSTE y a la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México.
En el primer caso se
documentó la simulación en el registro y ticket de mercancía. En cuanto a los
bienes que supuestamente le compraron la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México y el ISSSTE “no acreditan haber otorgado el abastecimiento de
los bienes correspondientes”, dice el documento oficial.
El organismo argumentó que
las ventas se realizaron mediante convenio, pero el OIC no encontró el
documento, “lo que imposibilita estar en posibilidades de dar cabal
cumplimiento a las cláusulas del convenio”.
En esta supuesta venta “se
efectuó primero la venta de los bienes, sin contar con registro de entrada y
posteriormente llevó a cabo el registro de entrada de la misma”, y todo de
manera virtual.
La misma mecánica se hizo
desde la sucursal de Superissste en Lomas Verdes, municipio de Naucalpan, Estado de México, donde sólo en
la muestra elegida para auditar, los contralores cuantificaron inconsistencias
en ventas por 39 millones 386 mil pesos a la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal, al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía
General del Estado de Morelos, y, de
nuevo, al propio ISSSTE.
Igual que se hizo desde las
sucursales de Zaragoza y Coapa, supuestamente se hicieron ventas, pero según
los auditores “no acreditan haber otorgado el abastecimiento de los bienes
correspondientes”.
MERCANCÍA VIRTUAL
Veamos a detalle un caso: la
venta efectuada a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
mediante convenio relativo a vestuario y uniformes por 21 millones 237 mil
346.54.
La venta en tienda se
registro el 30 de noviembre de 2016, pero los bienes se dieron de alta en el
sistema hasta el 5 de diciembre y fueron suministrados al 100 por ciento por un
proveedor externo.
Lo mismo ocurrió con la
supuesta venta al propio ISSSTE de productos desechables y artículos de oficina
por 16 millones de pesos: el 31 de octubre de 2016 se realizó la compra, pero
los bienes estuvieron disponibles hasta el 10 de noviembre.
Nuevamente, la mercancía
nunca estuvo en bodegas o tiendas, todo el proceso fue virtual.
MERCANCÍA CADUCA
Además de esas 18 ventas
institucionales, los contralores revisaron la contabilidad y administración
tres sucursales y se encontraron con que todas tienen graves problemas en su
manejo e inventarios: mercancías caducas o en mal estado que no han sido devueltas
a los proveedores.
Superisste puede regresar las
mercancías en mal estado a los proveedores, ya que al igual que todos los
supermercados tienen los bienes a consignación, lo cual significa que solo
pagan un producto hasta que lo venden.
En estas tiendas también se
encontraron devoluciones que sí se efectuaron pero que no descontaron a los
proveedores, o que se descontaron por montos que no eran los correspondientes.
Se detectaron también
anomalías de carácter fiscal en las facturas emitidas por el Superissste en el
proceso de esas ventas derivadas de contratos o convenios celebrados con
entidades gubernamentales. Destaca por ejemplo, la expedición de facturas en
fechas anteriores a las que supuestamente se registró la venta.
O también ventas cuyas facturas
se generaron con un desfase de hasta 186 días después de que supuestamente se
hizo la venta, lo que no permitía gestionar el pago correspondiente. Tampoco se
contaba con respaldo de los contratos o pedidos de las ventas realizadas a
crédito por Superissste.
COFEPRIS VENTA TRIANGULADA
Una de las operaciones que
hizo José Castañeda Murillo, como Subdirector de Abasto, que más llama la
atención por el monto y que ejemplifica las irregularidades administrativas, es
la supuesta compra que el 18 de noviembre de 2016 le hizo Cofepris, mediante un
“Convenio interinstitucional para la adquisición de equipo de laboratorio para la comisión de control
analítico y ampliación de cobertura” por 106 millones de pesos.
Cofepris adjudicó el proceso
de manera directa, argumentando que Superissste “manifiesta contar con la
experiencia, equipamiento, adiestramiento y recursos humanos que le permiten
por sí misma proporcionar el suministro de ‘los bienes’”.
Pero un día antes,
Superissste compró los bienes a Corporativo Giormar de Mexico SA de CV, una
compañía creada en noviembre de 2007 en Toluca, Estado de México, con un
capital de 50 mil pesos.
De esta forma, Cofrepris
adquirió equipo sumamente especializado (cámaras climáticas, hornos para
esterilización, máquinas de centrifugado con refrigeración, gabinetes de
bioseguridad, incubadoras microbiológicas, lavadores de microplacas) a un
organismo que administra un sistema de tiendas y farmacias que en sus estantes
no tiene más que algunas cajas de medicamento, algodones y alcohol.
VENTAS DE LO QUE NO EXISTE
Pese a las anomalías
encontradas en esas llamadas “ventas institucionales”, el Superissste continúa
con esta práctica en la que oferta artículos que no aparecen en tiendas ni
inventarios.
La contabilidad de las
tiendas es tan irregular, que estas “ventas institucionales” que en realidad
son simulaciones ni siquiera se pueden cuantificar.
Por ejemplo, el año pasado,
la tienda de Vértiz supuestamente vendió equipo de imprenta al ISSSTE con un
valor de 31 millones de pesos.
Sin embargo, al visitar dicha
tienda no existe equipo de este tipo, lo más parecido es la sección de
papelería donde solo hay lápices de colores, pegamento, tijeras y algunos otros
materiales de preescolar.
En el departamento de ropa se
exhiben algunos conjuntos para dama y niños, pero oficialmente la sucursal
vendió uniformes al ISSSTE, al gobierno de Morelos y al de Aguascalientes por
más de 218 millones.
Esta tienda donde el
departamento de muebles lo conforma una hilera de colchones, supuestamente
vendió al ISSSTE muebles por 49 millones.
Su departamento de autos,
refacciones y herramientas lo conforman algunas piezas de accesorios para
automotores y supuestamente le vendió al ISSSTE más de 15 millones y llantas
por 5 millones.
Las supuestas ventas que se
hicieron en esa modalidad en 2017 sumaron 724 millones de pesos, todas operadas
por adjudicación directa y de las cuales no existe la certeza de que en efecto
hayan ocurrido.
El sobrino de Murillo Karam,
dejó la subdirección en febrero de 2018 y actualmente la ocupa Ruy Avilés
Salazar, un abogado que en las elecciones de 2015 se desempeñó como operador
del PRI. Bajo su mando las supuestas
ventas de ese tipo continúan.
Según el registro interno de
las Ventas institucionales concretadas por la Subdirección de Abasto, a las
cuales se tuvo acceso, sólo este año la Superissste de Vértiz le ha vendido al
ISSSTE insumos por 203 millones, lo cual es imposible porque según los propios
estados financieros de las tiendas, ni las 70 sucursales de todo el sistema
juntas tienen mercancías que valgan esa cantidad.
Por si eso fuera poco, además
de las ventas simuladas, cuando la contraloría interna auditaba las tiendas se
encontró con que las nóminas que se pagan no corresponden al número de personal
real en tiendas, es decir, hay aviadores. Por ejemplo en la tienda de Villa
Coapa cobran seis subgerentes, pero solo hay uno. En la de Zaragoza cobran dos
subgerente que no aparecieron en la tienda.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ ABRIL 16, 2018 3:55
PM)
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