En
México, la constructora obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones
de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para
modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación
Don-Nogales en Sonora, informó ayer el diario Reforma.
MADRID
(apro).- La constructora española Copisa, que recientemente ganó una segunda
adjudicación para obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es una
sociedad habitual en los juzgados en España por su presunta implicación en tres
de los principales casos de corrupción política.
Se
trata de una fórmula de sobornos millonarios a cambio de obras públicas. Por lo
menos en España así lo muestran las acusaciones judiciales.
En
México, la constructora obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones
de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para
modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación
Don-Nogales en Sonora, informó ayer el diario Reforma.
El
contrato en Sonora, dice, es el segundo que obtiene con el gobierno federal,
siendo que el primero lo logró en 2014, cuando la SCT le adjudicó modernizar la
carretera Coatzacoalcos-Veracruz por 197 millones de pesos.
Nueve
días antes de ganar la obra de la SCT en Sonora (México), en España el
presidente de la constructora, Josep Cornadó, admitió ante el juez de
instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que pagó “comisiones” de
entre 1% y 3% a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de que le ofreciera
“información” sobre operaciones para conseguir obras.
En
sus más recientes resoluciones, el juez sospecha que Pujol cobró comisiones por
alrededor de 3.3 millones de euros ilegales de la constructora “en
contraprestación a gestiones” del primogénito del expresidente catalán “o su
entorno más próximo” para beneficiar a sus empresas.
“Collons
(cojones), ahora nadie se acuerda de Jordi Pujol Ferrusola”, respondió el
empresario catalán cuando el juez le preguntó por la pérdida de memoria de
otros empresarios cuando se les pregunta por el hijo del expresidente catalán,
quien opera como un “conseguidor” de contratos.
En
este caso, la investigación de la Audiencia Nacional y de la Policía se centra
en los sobornos a Pujol por operaciones en plantas solares en Ciudad Real, la
venta de unas oficinas en Madrid y de refinerías en Cartagena (Murcia), al sur
de España, y por el hecho de que los supuestos servicios de intermediación en
realidad serían sobornos.
Entre
2005 y 2010, el hijo del expresidente facturó 3.3 millones de euros del grupo
Copisa, a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas.
Según
el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la
Policía, Pujol cobraba a cambio de “dar información sobre posibles negocios”,
lo que trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no
necesitaba “trabajador alguno ni sede social”.
También
se documentó la adjudicación de sobornos a cambio de la construcción de Ciudad
Judicial de Hospitalet, valorada en 90 millones de euros, que fue adjudicada a
la Unidad Temporal Empresarial (UTE) formada por FCC y Copisa.
CASO PALAU
El
nombre de la constructora Copisa también apareció en una investigación del
llamado caso Palau de la Música. Se trata de un desfalco millonario a través de
la fundación Orfeo Catalá-Palau de la Música, que erigió y dirigió Féllix
Millet i Tusell, artífice de este fraude por el que fue imputado.
La
investigación tuvo que abrir una ramificación al descubrir el financiamiento
ilegal de dos constructoras, Ferrovial y Copisa, al partido de los Pujol,
Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), a través de su Fundación Xavier Trías
Fraguas
El
consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue
amigo “desde la infancia” de Pujol Ferrusola, como lo reconoció el primero en
su comparecencia ante una comisión de Investigación en el Parlamento de
Cataluña.
Tauler
lo reconoció así y también aceptó que en el caso del Palau de la Música, la
empresa hizo donaciones por 700 mil euros a la Fundación Xavier Trias Fraguas
de CDC a cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”.
PAPELES DE BÁRCENAS
El
tercer caso y uno de los más graves son sus presuntas aportaciones por más de
360 mil euros en el caso de los Papeles de Bárcenas, una pieza separada del
mega juicio del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en el país.
Entre
los papeles del polémico extesorero del Partido Popular (PP), los
investigadores encontraron los nombres de varias de las principales empresas
constructoras españolas –varias de ellas con presencia en México–, entre las
que se encuentra Copisa.
Los
apuntes de Bárcenas se refieren a las decenas de empresas que habrían aportado
fondos a la caja B del PP, de acuerdo con el expediente.
Bárcenas
reflejó en su contabilidad paralela al menos ocho pagos de Copisa por un
importe de 362 mil euros al PP.
El
juez Pablo Ruz, quien entonces llevaba el caso en la Audiencia Nacional, centró
su atención en la empresa Neu 1500 SL, a la que en uno de sus fallos judiciales
le exigió que presente toda la documentación que acredite los pagos al PP, uno
de los cuales se hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros
y disfrazado como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un
chalet en Baqueira valorado en 900 mil euros que Bárcenas y su esposa compraron
a la promotora inmobiliaria.
Neu
1500 SL es una sociedad propiedad de las empresas Teyco y Copisa, dos
corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de dicha
promotora. La primera es propiedad de Carlos Summaroca, fundador de la
formación política catalana CDC, y la otra del ya citado Cornadó Mateu.
Pero
las dificultades de Copisa no sólo son con la justicia, también tiene graves
problemas financieros. Hace solo unas semanas, la compañía y sus bancos
acreedores ultimaron un acuerdo para refinanciar una deuda de 270 millones de
euros, que le obligará a separar su negocio de concesiones en un vehículo de
nueva creación sobre el que las entidades financieras tendrán capacidad de
decisión.
COPISA NIEGA IMPUTACIONES
En
un desplegado difundido en el diario Reforma, Copisa negó la supuesta
implicación de la empresa constructora en un proceso judicial en España, y
subrayó que no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones
públicas en México.
Destacó
que Copisa o personas cercanas a la empresa “no están vinculadas con los hechos
investigados por la Oficina Antifraude de Cataluña, España, por alteración de
precios en concursos y subastas públicas”.
Tampoco
se ha dirigido imputación alguna a la constructora, ni a ninguno de los
miembros de su Consejo de Administración, apuntó, e indicó que en los más de 50
años de historia de Copisa, la empresa nunca ha sido procesada por delitos de
corrupción.
El
texto firmado por Joan Carles Savall Olivilla, director de Asesoría Jurídica de
Copisa-Constructora Pirenaica, señala que la empresa “no se encuentra
inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México, ni en ningún
otro país.
Luego
de mencionar las diversas licitaciones en las que ha participado, puntualiza
que al no haber sido objeto de sanción alguna, ni encontrarse impedida para
participar en procesos de licitación, Copisa “está interesada y en uso de sus
derechos a continuar participando en el desarrollo de infraestructura en
México”.
(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: ALEJANDRO
GUTIÉRREZ / PROCESO/ 2016-12-15)
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