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Tomada de Internet
Remolcadas
y llevadas al “corralón” terminaron 30 unidades de Uber por operativos que el
Ayuntamiento emprendió contra dicha empresa de transporte a lo largo de hoy
viernes 16 de diciembre.
El
argumento que Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario del Ayuntamiento, dio para
emprender dichas acciones consiste en que esa compañía “no existe
jurídicamente”; en entrevista con ZETA, el funcionario se apoyó en el Artículo
269 del REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA, que en su Objetiva C, dicta:
“Con
multa de quinientos a setecientos salarios mínimos por prestar servicio público
sin permiso o concesión correspondiente; o a quien preste el servicio
utilizando colores y trazos distintos del transporte público amparándose en
documentos que no hayan sido expedidos por la autoridad competente; o a quien
preste el servicio público en una modalidad diferente a la autorizada.”
De
acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización – salario mínimo – vigente el
2016, dicha multa podría ir de 36 mil 520 a 51 mil 128 pesos. “Uber no paga
ningún derecho al Ayuntamiento”, remató.
Continúo
con que los esfuerzos de regularización de Uber emprendidos durante el gobierno
del ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí (2013-2016) quedaron “a medias”, por lo
que mientras no esté incluida esa modalidad en el reglamento no se les
permitirá trabajar en el traslado de personas por ninguna de las calles de
Tijuana.
Sobre
la posibilidad de que Uber se defiende ante la incautación de las unidades
particulares de sus choferes, Luévano Ruiz aseveró: “pueden argumentar lo que a
su derecho convenga”.
Información
recabada por ZETA de parte de los propios choferes expone que la Policía
Municipal no les ha permitido grabar ni fotografiar el momento en el que les
incautan los autos:
“Estamos
muy desconcertados”, dice uno de los operadores, que confiaba en el acuerdo que
llegó la empresa con el gobierno de Astiazarán Orcí; asimismo dijo que Uber ha
pagado las multas a sus choferes, para que estos puedan recuperar sus unidades.
De
acuerdo al gobierno, otra de las intenciones del gobierno municipal es regular
la tarifa de Uber y evitar cobros arbitrarios o abusivos para los usuarios, así
como revisar sus protocolos como se analizan los de cualquier transporte
público; es decir, adecuar a Uber al control municipal.
La
forma en que los policías municipal detectaron a los Uber es haberlos
descubierto cobrando en efectivo, por lo que por eso supusieron se trataba de
un servicio de transporte, también se les identificó por tener colocado el
teléfono celular – que marca la ruta – en el parabrisas.
El
segundo al mando en la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro negó
que ese operativo se deba a los acuerdos que el hoy alcalde realizó con
empresas de transporte de ruta durante su campaña electoral, según él los
operativos en contra del transporte irregular han sido “parejos”.
Dijo
que desde que comenzaron los operativos en general el pasado lunes 12 de
diciembre, cerca de 90 vehículos de Grupo Calfia, 60 taxis libres, y 7 unidades
de masivo Azul y Blanco han sido incautadas por no cumplir con una
documentación apegada a la normatividad; con ello intentó desmentir a los
choferes de Uber que apuntan que las acciones de este viernes responden a
cumplir con los compromisos de campaña de “El Patas”.
Dirigentes
de Uber se reunirán con el Director de Vialidad y Transporte, Javier Salas, el
próximo lunes 19 de diciembre, con lo que el Ayuntamiento de Tijuana espera
informarles de su situación actual para abrir la puerta a una futura regulación
en el Cabildo.
(SEMANARIO
ZETA/ REDACCION/ DANIEL GASTÉLUM VIERNES, 16 DICIEMBRE, 2016 11:11 PM)
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