Funcionarios del gobierno
federal revelaron a Ríodoce el descontrol que provoca en las organizaciones
delincuenciales el acoso a que han sido sometidas desde el ataque a un convoy
militar la madrugada del 30 de septiembre.
A más 40 días de haberse
perpetrado la emboscada que provocó el deceso de cinco de sus integrantes y
lesiones en diez más, grupos élite hacen presencia por cielo y tierra tanto en
las ciudades de Sinaloa y Durango como en zonas serranas.
Desde la perspectiva de
algunos funcionarios entrevistados, el descontrol de las organizaciones y
células delictivas que integran el Cártel del Pacífico es evidente, pues se les
ha reducido al mínimo su capacidad de operación.
En coordinación, elementos de
la Policía Federal, Ejército y personal de la Marina, dicen, han conseguido
avanzar lo suficiente como para provocar que grupos delictivos se replieguen,
como los detectados en Chihuahua donde la 42 Zona Militar les hace frente.
Y más en corto, como en la
zona limítrofe de Sinaloa, en Tamazula, Durango, considerada una extensión de la capital
sinaloense, Culiacán, por su incidencia delictiva y constante presencia de
grupos armados.
Ponen como ejemplo que, hace
días, frente a sus familias, un par de hombres recibieron impactos de bala en
la cabeza al momento que se encontraban en el Panteón del Ángel, ubicado en el
poblado San Felipe, municipio de Tamazula.
Con una banda de música
sinaloense que ambientaba el recuerdo póstumo de su hermano, los hombres fueron
atacados por una persona que llegó y los agredió directamente sin mediar
palabra.
En el sitio perdió la vida
uno de los dos hombres, de 38 años de edad mientras que el otro, de 42 años,
ambos de apellido Barraza López murió cuando era trasladado a recibir atención
médica, pues presentó fractura craneal a causa del balazo.
En la tumba estaba escrito el
nombre de Juan Manuel Barraza López, quien en julio del 2015 fue asesinado a
balazos en una marisquería de Culiacán cuando consumía mariscos.
Según el reporte oficial, un
grupo armado con armas de asalto llegaron al lugar y le dispararon.
Al asesinato de los hermanos
el primer día de noviembre de este año, ocurrido alrededor de las 14:00 horas,
le siguió el asesinato de Rubén Coronel Villarreal, a quien su mismo grupo
ordenó su ejecución debido a que éste ordenó la muerte de sus propios sobrinos.
El parentesco proviene por
parte de la esposa de Coronel Villarreal, quien tiene el apellido Barraza.
Un convoy de unas ocho
camionetas con hombres armados a bordo, atacaron a Rubén Coronel durante las
primeras horas del 2 de noviembre pasado.
Fuentes federales levantaron
información de los asesinatos ocurridos, y en el caso de los hermanos,
observaron el nerviosismo de policías municipales ante la agresión ocurrida, y
cómo uno de los comandantes reportaba a quien se dirigió como “jefe”, que “al
parecer sí eran”.
Hasta el momento no se ha
encontrado relación entre Rubén Coronel y el capo Ignacio Coronel Villarreal,
quien fue uno de los jefes del Cártel de Sinaloa y fue abatido por el Ejército
en Zapopan, Jalisco en el 2010.
Rubén Coronel, según su acta
de nacimiento, fue registrado en Angostura, Sinaloa.
BATIDA MILITAR EN LA SIERRA
En tanto los ajustes y
reacomodos de los grupos delictivos continúan, personal militar mantiene las
estrategias para erradicar el cultivo de enervantes.
“Se observa que va a impactar
la base financiera de la delincuencia organizada y la venta se verá disminuida,
por ende se esperan que se vea un incremento en la seguridad de la sociedad
porque no habrá dinero para pagarle a policías ni autoridades deshonestas ni a
integrantes de los cárteles ni grupos de delincuentes, ni habrá dinero para
reclutar gente desempleada para que se incorpore a la delincuencia organizada”,
expuso un integrante de las fuerzas armadas.
RECUADRO
NÚMEROS PRELIMINARES
Un corte de resultados hecho
en octubre, indica que los aseguramientos de mariguana sumaban 71 toneladas y
322 hectáreas destruidas.
El costo en la sierra es de
42 millones 600 mil pesos, pero conforme avanza a las zonas urbanas de Sinaloa,
su precio se duplica, logrando alcanzar un precio en el mercado negro de 213
millones de pesos.
Al salir de la entidad y
lograr ser transportada a Tijuana, el costo llega a ser de hasta 426 millones
de pesos.
De acuerdo a los cálculos del
Gobierno, la salida del país de esta cantidad alcanzaría en Los Ángeles la suma
de 1 mil 278 millones de pesos.
(RÍODOCE/ REDACCIÓN EN 14 NOVIEMBRE,
2016)
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