El ex Gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés, recorrió el mismo camino de otros de los de su estirpe. Es el
mismo de las figuras públicas emproblemadas que saben que el litigio legal y
político fuera de tribunales y las instituciones, es menos poderoso y persuasivo
para sus intereses que el mediático. Por eso, como Javier Duarte anunció en el
programa Despierta de Carlos Loret que iba a pedir licencia como Gobernador en
unas cuantas horas –inconmensurable insulto a los veracruzanos que lo
eligieron-, Padrés declaró en Radio Fórmula a Ciro Gómez Leyva el viernes
pasado, que se iba a entregar a las autoridades. Pero antes, transmitió su
mensaje: soy un perseguido político. Dicho esto, se fue rumbo a los reclusorios
donde lo apresaron. La semilla de la injusticia estaba sembrada.
Fue el primer golpe en la
arena pública, para crear condiciones de injusticia en el proceso que se le
abrió en junio de 2014, seis meses antes de que Claudia Pavlovich fuera
designada candidata del PRI al Gobierno de Sonora, a quien hoy señala como la
autora de una escalada de calumnias en su contra, sustento implícito de que a
partir de la guerra sucia que hubo en aquel proceso electoral en 2015, está el
fundamento de la investigación en su contra. Pero la investigación de la PGR y
la Secretaría de Hacienda es anterior.
A Padrés le fincaron dos
procesos, por su probable responsabilidad en fraude fiscal y lavado de dinero,
y por delincuencia organizada. El esquema criminal que tienen la PGR y Hacienda
se refiere únicamente, por ahora, al caso de la adquisición de útiles y
uniformes escolares por 240 millones de pesos que se dieron mediante
licitaciones y adjudicaciones ilícitas o irregulares a empresas vinculadas con
el ex Gobernador. Las investigaciones relacionan ese probable delito con el
empresario Mario Humberto Aguirre, cuñado del ex Senador Ramón Corral, quien
perdió la gubernatura frente a Eduardo Bours en 2003.
Dos empresas de Aguirre,
Confecciones Industriales S.A. de C.V., y No. 1 Apparel, S.A. de C.V., son las
directamente relacionadas con el presunto fraude en la Secretaría de Educación
estatal, radicado en 2010. También se le liga con el hermano del Gobernador,
Miguel Padrés, quien realizó las transferencias sospechosas a Estados Unidos
por 8.8 millones de dólares que han mencionado genéricamente las autoridades.
No son las únicas empresas. La PGR y Hacienda han encontrado un número
indeterminado de ellas, cuyos socios son familiares de Padrés –dos hermanos
además de Miguel, Jesús y Andrés, y un sobrino, Miguel Padrés Molina- o ex
colaboradores y empresarios, donde presuntamente se lavaron 178 millones de
pesos.
Según los investigadores, se
están revisando 16 empresas vinculadas a Padrés, a través de familiares, ex
colaboradores y empresarios. Dos de ellas son la de los hermanos propietarios
del rancho familiar donde se construyó ilegalmente una presa, Pozo Nuevo de
Padrés, y Hécttor J. Padrés, S.A. de C.V. También se encuentran empresas de
Francisco Monreal González, propietario de Farmacias M+ -hay una investigación
aparte sobre un presunto fraude en la Secretaría de Salud con medicamentos,
durante la administración del secretario del ramo en el gobierno de Padrés,
Bernardo Campillo-, y representante del Grupo Empresarial Sinergias, que
desarrolla nuevos negocios y proveen servicios financieros, al que se ha ligado
con las transferencias por 8.8 millones de dólares.
La investigación se extiende
a Estados Unidos, Europa y América Latina. En el caso particular europeo, los
investigadores se han centrado en Holanda, y solicitaron al gobierno europeo
información y documentación de las empresas Dolphinius CVS y Tenerife CVS, que
son sociedades de responsabilidad limitada, que presuntamente fueron utilizados
por el ex Gobernador y su hermano para triangular las operaciones financieras ilegales
y realizar depósitos en cuando menos un banco en la ciudad de Nueva York.
En su declaración
preparatoria el viernes pasado Padrés se declaró inocente, pero el mundo se le
viene encima. Junto con él detuvieron a su hijo, acusado por los mismos probables
delitos, y se han girado órdenes de aprehensión contra 11 personas más, entre
familiares y ex funcionarios. Las autoridades no han dado a conocer quiénes
son, pero la investigación está enfocada en las secretarías de Hacienda,
durante la administraciones de Alejandro López Caballero y Carlos Villalobos
Organista, y de Educación, bajo la titularidad de Óscar Ochoa Patrón. A nivel
estatal, la Secretaría de la Contraloría General de Sonora tiene más de 500
expedientes sobre presunta corrupción en el gobierno de Padrés por un presunto
daño patrimonial superior a los 25 mil millones de pesos, por los que ya
inhabilitó por 10 años a ex secretarios y directores de área en Hacienda,
Educación, Salud e Infraestructura Educativa.
La investigación contra
Padrés, su familia, ex colaboradores y empresarios parece bastante sólida. El
ex Gobernador, quien comenzó su defensa antes de fugarse de la justicia hace un
mes y medio con acusaciones directas de una campaña por parte de Pavlovich,
dijo también que presentaría una denuncia por daño moral en contra de la ex
Procuradora Arely Gómez, aunque la investigación inició cuando el titular en la
PGR era Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con las
autoridades, el entramado financiero a través de empresas fantasmas en
diferentes países es muy similar al que realizó el Gobernador de Veracruz
prófugo, Javier Duarte, quienes de ser encontrados culpables de los delitos de
los que los acusan, habrán mostrado que la corrupción institucional se ha
sofisticado en México.
rivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14/11/2016 | 04:07 AM)
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