Por primera vez en la
historia del país, pueblos indígenas tan distantes unos de otros como los
mayas, zapotecos y yaquis se unieron para exigir al Gobierno de Enrique Peña
Nieto frene el ataque y la criminalización en su contra, y respete sus derechos
así como las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha
fallado en favor de su protección y para frenar distintos megaproyectos de
empresas nacionales y extranjeras que amenazan su autonomía, el medio ambiente
en sus tierras, su patrimonio y, por tanto, su futuro.
Apicultores mayas presentes durante la
ratificación de la suspensión del permiso de Monsanto. Foto: Robin Canul
Apicultores mayas estuvieron
presentes, en noviembre de 2015, durante la ratificación de la suspensión del
permiso de Monsanto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Foto: Robin Canul
Ciudad de México, 14 de
agosto (SinEmbargo).– En una reunión histórica, realizada en el municipio de
Hopelchén, estado de Campeche, integrantes de los pueblos mayas, zapotecos y
yaquis firmaron un pronunciamiento dirigido al Gobierno de Enrique Peña Nieto, en
el que piden se respeten sus derechos humanos, particularmente su derecho a la
autonomía, al libre desarrollo y al consentimiento previo e informado en
relación con megaproyectos que pretenden desarrollarse en sus comunidades.
“Históricamente, los pueblos
indígenas hemos padecido abusos, discriminación, despojo y violaciones a
nuestros derechos humanos. Tanto a nivel nacional como internacional, la
legislación nos reconoce derechos que deben ser garantizados y protegidos por el
Estado mexicano. Específicamente, el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por México, es hasta el momento el
principal instrumento regulador internacional que contempla para los pueblos
indígenas derechos específicos, como el derecho a un territorio propio, a su
cultura e idioma, y reafirma el aporte especial de los pueblos indígenas a la
diversidad cultural, reconociendo el derecho de definir nuestras ‘propias
prioridades en el proceso de desarrollo’, y de ‘participar en el
establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el
desarrollo nacional y regional’”.
Sin embargo, destacaron,
hasta el momento las consultas realizadas en sus territorios ancestrales se han
hecho sin los procedimientos adecuados y “como un mero trámite” destinado a
avalar la realización de los proyectos, “sin respetar nuestro derecho a la
autodeterminación, sin proporcionarnos la información adecuada, sin respetar
nuestros usos y costumbres, criminalizándonos y atacando nuestras autoridades y
nuestros líderes”.
En la asamblea participaron
casi 100 representantes de comunidades mayas de Campeche, Calakmul, Kancabchen,
Santa Rita, Bacalar, Pakchen, Chenkoh, Hopelchén, Sahcabchén, Xpujil, Cripx,
Chan-Chen, Iturbide, Pakchen, Chunchintuk, Chunchintok, Xculoc, Temozón Norte,
Xcalot, Tinun, y Chunyaxnic, entre otras, quienes escucharon el testimonio de
Mario Luna, secretario de las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, así
como de Bettina Cruz Velázquez, integrante del pueblo zapoteca de Juchitán de
Zaragoza Oaxaca, quienes refirieron las violaciones cometidas durante los
procesos de consulta del Acueducto Independencia en Sonora y el parque eólico
en Juchitán.
El pronunciamiento de estos
pueblos indígenas demanda específicamente lo siguiente:
–La cancelación definitiva de
los megaproyectos que afectan al pueblo Yaqui, Zapoteco y Maya; en particular
se nulifiquen los efectos de los permisos administrativos que fueron otorgados
por el Estado mexicano en violación de nuestros derechos humanos.
–Respetar la
autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas sobre su decisión de
someterse a una consulta para el consentimiento, previo, libre e informado.
–Realizar procesos de
consulta que sean de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada,
respetando la decisión de las comunidades.
–Abstenerse de emitir
comentarios con el objetivo de influir en la decisión de los pueblos
consultados y que entreguen información de forma oportuna, objetiva e
imparcial.
–Respetar el proceso de
consulta para que este mecanismo realmente permita a los pueblos indígenas
obtener justicia socio ambiental y eliminar las prácticas discriminatorias de
las que históricamente hemos sido objeto; para poder realmente participar en la
toma de las decisiones que nos afectan y para poder decidir efectivamente el
futuro de nuestras comunidades.
LOS ABUSOS DEL GOBIERNO FEDERAL
Fox, Calderón y Peña: 16 años de
destruir el medio ambiente: ONGs
En el caso de la Tribu Yaqui,
los pasados 8 de mayo y 7 de agosto del 2013, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) resolvió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) violó los derechos del Pueblo Yaqui en lo que se refiere a
la Evaluación de Impacto Ambiental para la construcción y operación del
Acueducto Independencia. La sentencia de la Corte ordena consultar al Pueblo
Yaqui y, en caso de que las autoridades identifiquen un daño irreparable para
sus miembros, suspender la operación del Acueducto.
A pesar de que los daños
irreparables son evidentes, puesto que la actual extracción de agua del río
Yaqui está poniendo en riesgo la sobrevivencia de la comunidad, el Acueducto
continúa operando. Adicionalmente, el proceso de consulta ordenado por la Corte
se encuentra suspendido, toda vez que la información entregada por las
autoridades federales fue incompleta y sesgada. Además de esto, la Tribu Yaqui
denunció que los principales líderes y autoridades tradicionales han sido
objeto de encarcelamientos, amenazas, discriminación y agresiones a su
integridad.
Por su parte, en 2014 y
ordenado por la Secretaría de Energía (Sener), se inició en el pueblo Zapoteca
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el primer proceso de consulta llevado a cabo
en México en el contexto de la Reforma Energética, para la instalación de un
parque eólico.
El proceso de reuniones,
denominado “consulta”, sin embargo, se trató de un protocolo basado en un
documento diseñado y decidido sólo por las autoridades, además de que los
tiempos no fueron acordados con el pueblo Zapoteca, sino marcados por las
autoridades federales, denunciaron. Sin embargo, antes de haberse iniciado las
reuniones, la Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental presentada
por la empresa y a la mitad del proceso de consulta, sin que esto hubiera
concluido, la Sener aprobó el permiso de generación eléctrica del proyecto que
estaba siendo consultado, demostrando que no le interesaba respetar los
derechos del pueblo indígena, sino cumplir con un requisito más para
implementar el proyecto.
Adicionalmente, dijeron, fue
el Ayuntamiento municipal el encargado de decidir a quién se le debía
consultar, conformando un proceso de consulta “lleno de irregularidades, con la
presencia de grupos armados, con amenazas e intimidación a quienes cuestionaron
el proyecto”. Las reuniones de lo que el Gobierno denominó “proceso de
consulta” concluyeron el 28 de julio del 2015 en una reunión consultiva
señalando falazmente que se contaba con el consentimiento del pueblo Zapoteca.
En cuanto a los pueblos Mayas
de Campeche y Yucatán, en noviembre del año pasado, la SCJN resolvió que la
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) debía consultar al pueblo Maya con motivo del permiso otorgado
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a
la empresa Monsanto para la liberación al ambiente en fase comercial de soya
genéticamente modificada, resistente el glifosato.
Este proceso inició en abril
pasado pero, a la fecha, “la Misión de Observación ha registrado diversas
violaciones como la participación de actores no vinculados con el proceso o con
conflicto de interés en el mismo, como es el caso de la Sagarpa, así como
amenazas a los apicultores por parte de los productores de soya”.
“Para nosotros, el pueblo
Maya, la siembra de soya transgénica y la imposición de un modelo de
agricultura industrial en la región de lo Chenes está dañando grandemente
nuestros montes y nuestros recursos naturales en general: se contamina el agua
con agroquímicos, deforestación, muerte de animales, afectación a la
apicultura; la afectación a la apicultura no sólo tiene que ver con el daño de
la economía de las familias y de la región entera, la apicultura es un
patrimonio cultural del pueblo maya, que ha permitido la conservación de los
montes y todos sus recursos, que forma parte del conocimiento como los mayas
manejamos y cuidamos el monte y todos sus recursos; existen daños sobre la
salud de la población maya, aunque desconocemos el tamaño de este daño; no se
ve la respuesta gubernamental ante todos estos problemas que se están sufriendo
como consecuencia del modelo agrícola impuesto; la consulta no nos garantiza el
respeto a nuestros derechos ya que las mismas autoridades encargadas de
organizarla violan los procedimientos”, plantearon.
Finalmente, destacaron, para
los mayas el llamado desarrollo significa muchas cosas: identidad, patrimonio,
cultura, biodiversidad, conocimientos ancestrales que se transmiten a sus hijos
e hijas, diversidad de actividades, la producción de nuestros alimentos, la
tierra es nuestra fuente de trabajo y nos garantiza la vida en nuestro
territorio. Sin embargo, “estos megaproyectos están acabando con esta manera de
vivir de los pueblos indígenas”.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / AGOSTO 14,
2016 - 4:54 PM)
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