En medio de la estrategia lanzada por
Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, Ciudad Juárez, Chihuahua, se
convirtió en el lugar más violento del mundo y en un reflejo de lo que pasaría
con el resto del país, bajo un plan cobijado por la corrupción y la displicencia
por las responsabilidades. “Pero esa es la función de la impunidad en este
México de la presunta ‘guerra contra las drogas’: permitirle a las
instituciones del Estado mexicano evadir su obligación de procurar e impartir
justicia y, al mismo tiempo, tener una coartada por si deciden cometer un
crimen. Siempre podrán culpar ‘al narcotráfico’ o a ‘los cárteles’. Nunca les
ha parecido necesario probarlo”, escribe la autora de este segundo ensayo sobre
una década de guerra en México.
Tan precarios eran sus equipos, como sus
métodos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 14 de
agosto (SinEmbargo).– El fusil AR-15 estaba tan viejo que los agentes le
colocaron cinta metálica alrededor del cargador para que no se le despegara. El
helicóptero, sin una de las dos puertas, también parecía tener más de dos
décadas. Pero eran, así de precarios, parte del equipo con el que contaba la
delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Juárez en la
época más violenta, en 2011, cuando los índices de homicidios seguían alrededor
de cinco diarios y la ciudad era todavía una de las más peligrosas de México.
Noté los recursos de los
agentes de la PGR durante un viaje a la Sierra de Chihuahua, donde, sin
chalecos antibalas ni protección de otro tipo, durante unas ocho horas se
dedicaron a arrancar con las manos miles de matas de mariguana. El dato oficial
indicó que se trató de 3.2 hectáreas, el mayor decomiso que realizaba la PGR
por sí sola en los más de tres años de presunta guerra contra las drogas en la
entidad con los mayores índices de violencia. No hicieron detenciones ni dieron
muestras de tratar de buscar a algún relacionado con el plantío aun cuando en
el campamento encontrado todo indicaba que los encargados deberían estar cerca,
ya que, como suele reportarse en estos casos, las brasas de una fogata bajo un
comal seguían encendidas cuando llegamos.
Diez años de guerra en México: la sangre
y la droga fluyen
Varios aspectos del operativo
tenían un aire de montaje. Tanto la escasez con la que trabajaban los agentes
federales como el hecho de que ninguno parecía tener la intención de buscar a
algún probable responsable de la vigilancia y mantenimiento de las hectáreas
cultivadas. Si realmente se trataba de “combatir” al narcotráfico, ¿por qué no
se trataba de mejorar el trabajo en la investigación de este tipo de delitos?
¿Por qué los agentes de la PGR se veían tan pobremente equipados, sobre todo en
comparación con los militares que llegaron a aquella frontera en helicópteros patrocinados
por el Gobierno norteamericano a través de la Iniciativa Mérida?
La delegación de la PGR en
Chihuahua duró incluso años sin titular y jamás llegaron los 63 agentes del
ministerio público que fueron anunciados al inicio de la Operación Conjunta Chihuahua.
En el colmo de la ausencia de
investigación, la PGR informó que no tenía responsabilidad alguna en esclarecer
los miles de homicidios registrados en aquella frontera a partir de 2008, el
periodo de violencia atribuido a una disputa entre grupos de la delincuencia
organizada.
10 años de guerra, 19,156 menores
muertos; y será siempre una cifra negra sin migrantes: Solalinde
El motivo, señaló la
dependencia, era que el fuero federal era, efectivamente, el encargado de
investigar la delincuencia organizada, pero que la ley en la materia no preveía
el homicidio en su catálogo de delitos. En la Fiscalía General del Estado,
mientras, el titular, Jorge González, informaba que unos seis mil casos de
asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano estaban
totalmente sin investigación debido a que, por el calibre de las armas usadas,
eran considerados obra de la delincuencia organizada, delito que correspondía
investigar a la federación.
Ninguna Procuraduría,
entonces, estaba dispuesta a investigar o a recabar elementos para esclarecer y
castigar ante la sociedad lo que había ocurrido.
Había, en cambio, un
despliegue armado que llegó a ser de hasta ocho mil efectivos militares que
patrullaron casi cada una de las calles de la ciudad en vehículos tipo Humvee
artilladas. La estrategia parecía ser, entonces, ocupar el territorio; no
“combatir al narcotráfico” ni, a través de procedimientos penales, imponer el
Estado de Derecho.
IMPUNIDAD
La detención de “El Chapo” es un ejemplo
de impunidad, no sólo por sus fugas, sino porque su arresto no trajo alguna
otra detención o acusación importante. Foto: Cuartoscuro
La presunta guerra “contra”
el narcotráfico presentó, entonces, un marcado contraste entre la violencia y
la capacidad del Gobierno federal para detener a presuntos delincuentes. De
acuerdo con lo que el ex Secretario de Seguridad Pública reportó en la glosa
del Quinto Informe de Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, en los primeros cinco
años de ese sexenio, la Policía Federal detuvo a unas 75 mil personas; de
éstas, sin embargo, sólo dos mil 554, o un tres por ciento, resultaron ser
probables integrantes de alguna banda del crimen organizado. Al mismo tiempo,
en contraste, en el país se registraron unos 84 mil asesinatos dolosos.
Los procesos penales
iniciados a partir de las detenciones de Joaquín Guzmán Loera, alias “El
Chapo”, son otro ejemplo de falta de profundidad, y no porque se haya fugado
dos veces de sendos penales de alta seguridad, sino porque, pese que el
Gobierno de Estados Unidos asegura que el Cartel de Sinaloa es el principal
introductor de drogas ilegales en su territorio y que el sinaloense es uno de
los líderes de esta organización, su arresto no ha provocado otras
aprehensiones importantes ni aun acusaciones por delitos como homicidio o
lavado de dinero. En el Consejo de la Judicatura, que reporta la actividad de
los juzgados federales, no hay siquiera reportes de que la PGR haya obtenido
sentencias condenatorias en las averiguaciones previas que mantiene abiertas
contra el presunto capo.
Ismael “El Mayo” Zambada,
otro sinaloense con unos 40 años en el negocio del narcotráfico y que
supuestamente co-dirige el Cartel de Sinaloa junto con “El Chapo”, mantiene por
su parte el récord de nunca haber sido arrestado.
Y aun cuando el Gobierno
federal impulsó la versión de que la violencia era “entre ellos” o de que
quienes eran víctimas de homicidio probablemente también eran parte del crimen
organizado, la realidad es que el Gobierno federal no puede presentar las
averiguaciones previas que expliquen quién asesinó o por qué a cada una de las
víctimas. La delincuencia organizada es un delito federal, pero la PGR ha
delegado en las procuradurías estatales toda la responsabilidad de aclarar lo
sucedido en la presunta “guerra contra las drogas”. Las procuradurías
estatales, por su parte, en la mayoría de los casos tampoco investigan.
10 personajes de la guerra: Una
estrategia que cosecha muerte
Una medición reciente sobre
la impunidad alrededor de los asesinatos en México, basada en el número de
arrestos por homicidio contra averiguaciones previas abiertas, estima que en un
72.5 por ciento de los casos no hay detenidos; proporción de impunidad que
puede ser aún mayor si la cantidad de detenidos se compara con los casos en los
que los agentes del ministerio público pueden, efectivamente, presentar
evidencia de la responsabilidad de los acusados.
Sin esta información, comentó
uno de los autores del análisis a SinEmbargo en febrero pasado, “no podemos
afirmar quién fue el culpable o cuáles fueron las causas en la gran mayoría de
los asesinatos cometidos en este país en los últimos años”.
Y así, en este contexto en el
que la narrativa oficial insiste en que hay una disputa “entre ellos”, el
Estado mexicano no sólo ha omitido investigar o encontrar a los responsables de
los miles de asesinatos, sino que, en diferentes ocasiones, sus propias fuerzas
armadas, incluyendo al Ejército, han sido encontradas como atacantes. La desaparición
de 43 normalistas en Guerrero, donde está documentada la participación de al
menos dos corporaciones policiacas, es sólo un ejemplo. Otro es el de los
también estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado
Alonso, asesinados en 2010 en Monterrey por personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional que, aun cuando los abatió desarmados, los identificó como
integrantes de la delincuencia organizada.
Pero esa es la función de la
impunidad en este México de la presunta “guerra contra las drogas”: permitirle
a las instituciones del Estado mexicano evadir su obligación de procurar e
impartir justicia y, al mismo tiempo, tener una coartada por si deciden cometer
un crimen. Siempre podrán culpar “al narcotráfico” o a “los cárteles”. Nunca
les ha parecido necesario probarlo.
(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto
/agosto 14, 2016 - 12:05 am)
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