Dolorosa realidad afecta a
derechohabientes…
La noche del Jueves Santo, Viernes Santo
y fin de semana, Dossier Político constató las deficiencias en el centro médico
por excelencia de los trabajadores del Estado y Municipios, localizado en
Hermosillo, Sonora, donde el personal de guardia contrasta con las condiciones
del nosocomio con recepcionistas, trabajadoras sociales, enfermeras,
camilleros, médicos pasantes y especialistas con alta eficiencia, calidad y
calidez en el servicio, pero sobre todo con sentido humano y trato digno a los
pacientes…
Hermosillo, Sonora (DP).- El
inclemente saqueo a las arcas estatales, particularmente al Isssteson, se hace
patente sobre manera en el área de Urgencias del hospital “Ignacio Chávez”
donde las batas de los enfermos, la pedacería de mangueras para canalizar
suero, falta de lámparas, camas y equipo con tecnología atrasada, evidencian el
criminal robo en la administración padrecista.
La noche del Jueves Santo,
Viernes Santo y fin de semana, Dossier Político constató las deficiencias en el
centro médico por excelencia de los trabajadores del Estado y Municipios,
localizado en Hermosillo, Sonora, donde el personal de guardia contrasta con
las condiciones del nosocomio con recepcionistas, trabajadoras sociales,
enfermeras, camilleros, médicos pasantes y especialistas con alta eficiencia,
calidad y calidez en el servicio, pero sobre todo con sentido humano y trato
digno a los pacientes.
Desde la Sala de Espera, un
grupo de 20 familiares aguarda noticias sobre sus enfermos en tanto tres
médicos generales atienden principalmente a niños con enfermedades
respiratorias, estomacales como gastritis; una niña más es atendida y
canalizada al ortopedista por una fractura en su brazo derecho tras una caída
en un evento de porristas.
Un paciente, de poco más de
40 años, solicita algún medicamento o inyección para el intenso dolor de
espalda, síntomas de una aparente lumbalgia que es tratada con delicadeza tanto
por la recepcionista, trabajadoras sociales y médico general de guardia como
por el camillero y enfermera que aplica la inyección.
En la Sala de Espera también
las emociones contrastan: Mientras la mayoría permanece en tranquilidad, unos
cuantos muestra inquietud, nerviosismo, molestia y preocupación por los
resultados de análisis clínicos de sangre, de orina o de estudios
especializados de sus familiares que son atendidos con profesionalismo y
responsabilidad por parte del personal administrativo y médico del hospital
“Chávez”.
Una joven mujer llega con
intenso dolor de muela tras una endodoncia practicada en algún consultorio
particular y pide un medicamento para contrarrestar el malestar en su boca; de
igual forma es atendida de inmediato y en menos de 15 minutos se retira del
lugar.
Una enfermera, que hace casi
un mes defendía con tesón su plaza, amablemente coloca la aguja para
suministrar suero y una solución de Sulfato a un joven paciente que había
ingresado por intoxicación tras la ingesta de una torta de jamón y carne
deshebrada que a su decir, le habría provocado vómito, mareos y náuseas.
Dentro del área de Urgencias,
unos 30 derechohabientes son atendidos por diversas causas, la imagen es la
misma… doctoras, médicos, enfermeras, camilleros y especialistas ejerciendo con
dedicación y respeto al prójimo su profesión en
una “zona de guerra” donde la falta de equipamiento, instrumentaría y
daños a la infraestructura, es patente.
Una joven mujer con 17
semanas de embarazo, es atendida por un cuadro de aparente gastritis o colitis
que la hacía retorcerse de dolor desde su zona abdominal hasta la espalda; por
su condición, en dos ocasiones le colocan el aparato para detectar los latidos
del corazón de su bebé en gestación… y ella los escucha con emoción.
Después de los
correspondientes análisis a su sangre y atención médica se le detectaron piedras
en la vesícula; la doctora de Ginecología y un asistente le informan sobre su
condición y le instruye sobre los respectivos cuidados.
El escenario que ofrece el
hospital “Ignacio Chávez” no es distinto al resto de las dependencias del
Gobierno del Estado donde el desvío de más de 40 mil millones de pesos
detectados hasta la Cuenta Pública del 2014, evidencian la criminal actuación
de funcionarios como la ex directora del Isssteson, Teresa Lizárraga quien hoy
es protegida con el fuero de diputada federal plurinominal por el Partido
Acción Nacional.
Alejandro López Caballero, en
su tiempo como secretario de Hacienda y su sucesor, Carlos Villalobos
Organista; el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López y el mismo Mario
Cuen Aranda, son parte también de los responsables directos de la crisis por la
que atraviesa este centro médico y todos comandados por el ex gobernador
Guillermo Padrés Elías.
Recientemente, con la
ausencia de Guillermo Padrés Elías, Teresa Lizárraga, Bernardo Campillo, Carlos
Navarro Sugich y Jorge Luis Ibarra Mendívil, la Contraloría General del Estado
reveló la lista de inhabilitados que encabezan Carlos Villalobos, Alberto
Martínez, Mario Cuen, Roberto Romero parte del daño patrimonial superior a los
6 mil 259 millones de pesos en total.
En conferencia de prensa,
Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio a conocer que suman 25 los ex funcionarios
inhabilitados por 10 años y sancionados donde destacan Villalobos Organista por
2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos; a
Alberto Martínez, director general de Control de Fondos y Pagaduría, por
3 mil 029 millones 501 mil pesos y Cuen Aranda, tesorero del Estado por 329
millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.
Murillo Aispuro apuntó que
“los nombres que hoy revelamos corresponden a personas que recibieron una
sanción administrativa por irregularidades detectadas durante su desempeño como
funcionarios, atendiendo a principio de la Ley de las Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Sonora”.
Precisó además que lo
anterior “en correspondencia con el grado de participación en los hechos
imputados, se trata de sanciones de carácter administrativo independientes de
los procesos penales que pudieran derivar con la autoridad judicial”.
Hasta el fin de semana, el
monto del daño al patrimonio de los sonorenses que acumulan estas 18 personas
es por 6 mil 259 millones 140 mil pesos.
1.- Javier Alberto Martínez Verduzco, director general
de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica
por 3 mil 029 millones 501 mil 109 pesos.
2.- Carlos Manuel Villalobos Organista, tesorero del
Estado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años;
sanción económica por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.
3.- Mario César Cuen Aranda, tesorero del Estado.
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 329 millones 346 mil 473
pesos con 12 centavos.
4.- Roberto Romero López, secretario del Gobierno del
Ejecutivo del Estado. Inhabilitación por 10 años, se turnará a la Fiscalía
Anticorrupción, al no poder comprobar destino de 90 millones 163 mil 920 pesos
que se erogaron de la partida “Ayudas sociales a personas” en el segundo
trimestre de 2013 y primer semestre de 2014.
5.- Luis Alberto Sotelo González, director general de
Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica
por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.
6.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general
de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 14
millones 908 mil 993 pesos con 64 centavos.
7.- Cynthia Zaraith Orozco Atondo, contador interno
del Fideicomiso Puente Colorado. Inhabilitación por 10 años, sanción económica
11 millones 326 mil 304 pesos.
8.- José Germán Valenzuela Aganza, residente de Obra,
Coordinador de Supervisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora.
Inhabilitación por siete años; sanción económica 5 millones 223 mil 208 pesos.
9.- Roberto Molina Acedo, director general de
Infraestructura Hidráulica, Urbana de la Comisión Estatal del Agua,
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 millones 318 mil 850 pesos.
10.- Luis Alberto Sotelo González, director general de
Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 273 mil 731 pesos.
11.- Luis Alberto Sotelo González, director general de
Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 104 mil 433 pesos.
12.- Idolina Salazar Ortiz, administradora del
Hospital General de Puerto Peñasco, dependiente de los Servicios de Salud.
Inhabilitación por tres años; sanción económica por 578 mil 338 pesos.
13.- Jesús Humberto Cuadras Rojo, administrador del
Hospital General de Puerto Peñasco. Inhabilitación por tres años; sanción
económica por 72 mil 775 pesos.
14.- Ramón Eduardo Ruiz Zapata, director general de
Costos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano. Inhabilitación por tres años; se turnará a la Fiscalía
Anticorrupción.
15.- Martín Romero Méndez, director de Licitaciones y
Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.
16.- Cristian
Gerardo Chávez Espinoza, policía estatal de Seguridad Pública, inhabilitación
por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.
17.- Luis Rey
Chong Zambrano, servidor público adscrito a los Servicios Educativos del Estado
de Sonora, como director del plantel Escuela Federal 31 de Octubre ubicada en
el ejido 31 de Octubre del municipio de Cajeme, destitución del puesto e
inhabilitación por cinco años. No se aplicó sanción económica porque el
servidor público reintegró la cantidad derivada y comprobó la diferencia
restante.
18.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector
general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa. Inhabilitación por tres años.
(DOSSIER POLÍTICO/ JESÚS ORTEGA /
2016-03-29)
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