El presunto cobro de cuotas por parte de
policías a vendedores de droga en la colonia Rivera Campestre de Mexicali,
resultó en un enfrentamiento que hizo crisis con el asesinato del agente
municipal Rosalino Pascual Jiménez, quien pese a un largo historial de abusos y
denuncias ante Sindicatura Municipal, fue despedido con todos los honores
(EDICIÓN IMPRESA) La
investigación por el asesinato del policía municipal de Mexicali Rosalino
Pascual Jiménez, ocurrido el 31 de octubre, avanza en medio de un operativo
desaseado, los antecedentes de corrupción del uniformado y una conexión entre Policía y narcomenudistas,
abriendo la posibilidad de que el motivo de la muerte del uniformado esté
alejada del cumplimiento de su deber.
Tras ser tacado y recibir
seis impactos de bala, el agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
falleció en el Hospital General. Su acompañante, un detenido que llevaba en la
patrulla, de nombre Francisco Ramírez García, también fue herido y falleció 24 horas después.
Los presuntos responsables
fueron detenidos cinco horas después del homicidio, según reportes
extraoficiales proporcionados a ZETA.
Las denuncias en poder de
Sindicatura Municipal de Mexicali indican que el uniformado fallecido tenía un
largo historial. Desde el Ayuntamiento aseguraron que de no haber muerto, en
breve quedaría fuera de la corporación, ya que tenía diversas imputaciones
sólidas.
De 2011 a la fecha de muerte
de Pascual Jiménez, Contraloría Municipal tenía registradas 18 investigaciones,
además de otras tres actas administrativas levantadas apenas en el mes de
julio.
Las denuncias en su contra
iban desde privación de la libertad, extorsión, siembra de evidencia, abuso de
autoridad, amenazas, cohecho, detención injustificada, entre otros.
En 2012, bajo los expedientes
DC/ASP/460, 499,502, y 504, fue acusado por abuso de autoridad,
cohecho/extorsión, conducta que desacredita su imagen, amenazas y deficiencia
en servicio.
Ese mismo año se le inició un
procedimiento por no presentar su declaración patrimonial, le siguieron los
expedientes 680, también por amenazas, abuso de autoridad y cohecho/extorsión.
En 2014, cinco personas que
el agente capturó en operativos distintos y fueron liberadas, presentaron sus
denuncias, las acusaciones incluyeron detenciones injustificadas y una
administrativa por inasistencia.
Otros tres procedimientos le
fueron notificados en 2015, con los expedientes
DC/ASP/ 29 por lesiones, abuso de autoridad y cohecho/extorsión. Otro,
DC/ASP/CAI/59/14, por abuso de autoridad y DC/ASP/379/2015 apenas el 11 de
septiembre, por no entregar bienes asegurados.
Bajo esta misma línea de
investigación, Pascual Jiménez tenía una “fuerte” reputación en la zona de la
colonia Rivera Campestre, donde patrullaba.
Versiones al interior de la
corporación señalan que el fallecido era el principal operador de una célula
encargada de extorsionar a narcomenudistas, sembrar evidencia y realizar
detenciones ilegales cuando no cooperaban.
Información surgida de la
investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado,
revela que Blanca Mirna Flores, la mujer con quien habló el agente antes de ser
baleado por el hijo de la misma, era la líder de una pequeña célula de
distribución de droga, así que es una vieja conocida por las autoridades
municipales.
Apenas en marzo de 2015, su
vivienda había sido cateada luego de
diversas denuncias de sus vecinos, señalándola como distribuidora de droga,
delito por el que ya había sido detenida una de sus hijas. Las autoridades
ministeriales aún investigan si Pascual Jiménez intervino en ese operativo.
En su reporte, los
investigadores advierten que el agente municipal tenía como consigna detener a
los integrantes de la familia Hernández Flores, al tenerlos plenamente
identificados como narcomenudistas.
FUE VENGANZA
El coordinador de la
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, David Lozano Blancas, señaló que
la principal línea de investigación sobre la ejecución de Rosalino Pascual
Ramírez y el detenido Francisco Ramírez García, se pudo tratar de una venganza
por parte de los narcomenudistas, ante la detención de un familiar meses atrás.
“Son personas que
definitivamente se dedicaban al narcotráfico, en su modalidad de narcomenudeo,
dichos domicilios son cateados, había una investigación previa, habían sido
detenidos anteriormente, posiblemente haya habido una especie de venganza;
podríamos decir, toda vez que ya habían sido reiteradas las veces que habían
sido aseguradas” afirmó el investigador.
— ¿Los detenidos conocían al
agente municipal?
“No pudiéramos precisar tal
dato, se presume que sí tenían algún contacto, que sí sabían quién era el
agente toda vez que estaba asignado a la zona donde se ultimó al compañero
nuestro”, dijo el funcionario.
LA VERSIÓN OFICIAL
El parte oficial del
homicidio que fue leído por el director de la Policía Municipal, Alejandro
Monreal, en la ceremonia de honores al agente, señala que a las 4:15 pm del
sábado 31 de octubre, Rosalino Pascual recibió una agresión en la patrulla
1567, que finalmente lo privó de la vida.
Pero este documento tiene
deficiencias en la integración, según este papel, el policía municipal había
detenido a la persona de nombre Francisco Javier Hernández Flores por espiar al
interior de un domicilio. Sin embargo,
el aseguramiento del mencionado sospechoso se llevó afuera de un centro
comercial en la colonia Campestre.
En el parte informativo
también indicaron que el oficial se dirigía a la caseta de Policía de la
colonia Rivera Campestre.
Pero este datos contrasta con
las declaraciones públicas dadas
previamente por el director de la corporación, quien señaló ante medios que
previo al ataque, el agente victimado
llevaba al detenido a la delegación de González Ortega, y fue en ese momento que se topó con un
vehículo Nissan XTerra de color banco tripulado por un hombre y una mujer que
conducían a exceso de velocidad.
También explicó que Pascual
avisó vía radio sobre el incidente al supervisor de Zona, André Mendoza
Aguilar, quien se comunicó a la unidad 1566 asignada a la caseta de Rivera
Campestre, la cual era tripulada por el agente Ramón Yuriar González y
Francisco Cruz.
La última vez que se comunicó
por radio fue en Avenida 5 de Julio de la colonia Vista del Valle,
simultáneamente por C4 se informó de diversos disparos de arma de fuego en
Avenida Sierra Amozoc del mismo fraccionamiento.
El director detalló que
momentos después se percataron de que la patrulla se encontraba con los vidrios
rotos, y al acercarse vieron a Rosalino Pascual herido e inconsciente con seis
impactos de bala, por lo que lo trasladaron en la misma patrulla 1566, pero al
llegar al Hospital General fue declarado sin vida.
“Simultáneamente” era
trasladada la otra persona detenida herida y seminconsciente al mismo hospital,
pero el primero de noviembre -un día después del ataque-, a las 2:57 am, se le
declaró muerto.
Por tal motivo, se realizó un
intenso operativo para dar con los responsables, fue así que se localizó el
vehículo y el arma AK-47 con que ultimaron al agente y al civil.
Después informaron que tanto
Francisco como Blanca -imputados por el asesinato- fueron detenido en posesión
de drogas psicotrópicas suficientes para consignarlos por narcomenudeo -algunos
investigadores presumen que les sembraron la droga para detenerlos-, mientras
integraban la investigación por homicidio.
En este punto es
pertinente destacar que el hijo fue
arrestado en su vivienda y la madre en una maquiladora, donde fue a trabajar.
Como parte de las primeras
pesquisas, la Dirección de seguridad Pública informó que un testigo dio las
descripciones, nombres y direcciones de los imputados, aunque no se reveló cómo
esta persona había proporcionado tal información.
INICIA JUICIO ORAL
Posterior a la detención de
Francisco Hernández Flores y Blanca Mirna Flores (hijo y madre), trascendió que ambos son oriundos de Sinaloa,
aunque no habían sido capturados con una orden de arresto. Francisco tenía antecedentes
penales y era investigado por otros delitos relacionados al tráfico de drogas,
según informaron las propias autoridades investigadoras.
Francisco vivía con su mamá,
su hermana, su pareja sentimental y un padrastro. En redes sociales, gustaba de
presumir la utilización de fusiles de asalto, equipo táctico, radios y
pertenecer al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la realidad dista mucho del nivel
que buscaba aparentar.
Quien es señalada por las
autoridades como la líder de la banda de vendedores de droga al menudeo es su
madre Blanca.
De acuerdo con la versión de
la Dirección de Seguridad, bajo esa premisa, el 31 de octubre, el agente
municipal se había detenido a hablar con la mujer. Las autoridades suponen que
al ver que pretendían detenerla, su hijo reaccionó en exceso y descargó un “cuerno
de chivo” que llevaba, el cual según señala la investigación, contaba con
reporte de robo en Columbia, Estados Unidos.
El lunes 2 de noviembre de
2015, madre e hijo fueron trasladados al edificio del Poder Judicial para su
audiencia de formulación de imputación en el edificio del Poder Judicial.
Minutos antes de la audiencia
conocieron a su defensor de oficio, J. Guadalupe Vázquez, se presentó ante los
imputados y les dijo que él los podía representar sin costo alguno, ahí les
preguntó sí tenían algún golpe producto de la detención.
Blanca dijo que le habían
torcido el brazo y que lo sentía dislocado, por su parte, Francisco indicó que
traía unos golpes en el costado izquierdo de las costillas. El defensor le hizo
levantarse la camisa.
Al iniciar la audiencia, el
Ministerio Público Rigoberto Zatarain pidió la vinculación a proceso de los
detenidos, debido a que viajaban en la camioneta XTerra con placas VNL7971 de
Sinaloa.
En la imputación, el agente
Rosalino Pascual se encontraba en la camioneta cuando fue atacado por un
“cuerno de chivo” con número de serie 093079, ocasionándole daños al vehículo
y matando al agente e hiriendo al
detenido.
El defensor Guadalupe Vázquez
pidió al fiscal que indicara cuál era la participación de Blanca, sin embargo,
el Ministerio Público respondió que aún era indeterminada, pero se les
vinculaba a ambos como coautores.
En el mismo proceso salió el
nombre de los agentes municipales que detuvieron a los presuntos implicados,
Hiram Figueroa Ochoa, Cisneros Rivas, Francisco Alonso Madrigal, Roberto Soto
Gámez, Pablo Alberto Juárez, Ramón Eduardo Yuriar González y los agentes ministeriales Mauricio Mejía
Soto y Óscar Argüelles Mercado.
De igual manera, se nombró a
tres testigos de los hechos como prueba de los imputados.
Guadalupe Vázquez pidió al
Juez de Control, Fernando Serrano Jiménez, el auxilio del Poder Judicial para
que médicos legistas realizaran una evaluación de las lesiones que presentó uno
de los detenidos, ya que argumentaba, fue golpeado al momento de su detención.
Serrano autorizó el peritaje,
además de que al tratarse de abuso de autoridad, pidió al MP seguir la denuncia
por oficio y girar instrucciones para notificar a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
El defensor indicó que su
intención era poder activar el Protocolo de Estambul como estrategia de la
defensa.
Pese a que extraoficialmente
se manejó que al momento de la detención de los dos presuntos responsables
habían pasado hasta cinco horas, el defensor Miguel Ángel Gaxiola no pidió
revocar la flagrancia y solicitó un plazo de 72 horas, mismas que fueron
ampliadas a 144 en la audiencia que se realizó el jueves 5 de noviembre.
Por su parte, familiares
de Francisco Ramírez García -joven
muerto como daño colateral- señalaron a ZETA que tenía problemas de habla y era
sordo, por lo que en algunos momentos parecía estar bajo el influjo de alguna
sustancia aunque no fuera así, por lo que dudan de su detención.
Pese al apoyo recibido por
parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el pago de servicios
fúnebres, no descartan interponer una denuncia como parte de la reparación del
daño, debido a que deja cuatro hijos, los cuales necesitan apoyo económico para
becas.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/
Investigaciones ZETA / Fotos. Especial ZETA/
10 de Noviembre del 2015 a las 15:27:26)
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