La malversación de fondos
SUBSEMUN, a cargo de Alberto Capella como secretario de Seguridad Pública,
ocasionó que la cuenta pública 2013 de Tijuana no sea aprobada.
Anomalías por millones de
pesos, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el último
año de la administración de Carlos Bustamante, serán discutidas en el pleno del
Congreso
(EDICIÓN IMPRESA) Tanto el Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS) como la Comisión de Fiscalización del Gasto
Público determinaron que no procede otorgar la aprobación de la cuenta pública
2013 del Ayuntamiento de Tijuana.
En gran parte debido al
manejo de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios
(SUBSEMUN), a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de
Tijuana.
Así dan constancia documentos
del Congreso de Baja California en poder de ZETA, los cuales serán analizados
por el pleno en los siguientes días para determinar el uso de recursos públicos
destinados al Ayuntamiento de Tijuana entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2013.
Fuentes del Poder Legislativo
explican que resulta difícil que los 25 diputados que conforman la XXI
Legislatura contradigan el informe del ORFIS, así como la resolución de la
Comisión de Fiscalización y opten por aprobar la cuenta pública.
La Ley de Fiscalización de
las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California, establece
responsabilidades fiscales, administrativas, políticas, así como de carácter
civil y penal hacia funcionarios o empleados de gobierno responsables del mal
manejo de recursos.
Carlos Bustamante concluyó su
trienio como alcalde de Tijuana el 1 de diciembre de 2013. Ésta es la última
cuenta pública de su administración que será revisada por el Congreso.
La cuenta correspondiente a
2012 fue aprobada tanto en comisión como en pleno, lo mismo ocurrió con la
perteneciente al ejercicio fiscal 2012.
122 MILLONES DE PESOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA,
MALVERSADOS
En 2013, el Gobierno Federal
asignó 4 mil 559 millones de pesos al programa SUBSEMUN, los cuales fueron
distribuidos en 254 municipios de México.
Los objetivos de estos
recursos incluyen desde el equipamiento y capacitación de las policías
municipales hasta el mejoramiento de infraestructura y programas para la
prevención social del delito.
Ya que se trata de recursos
federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el ente facultado de
auditar el manejo de estos fondos.
En febrero de 2015, el
organismo dio a conocer los resultados del ejercicio fiscal 2013 y, a partir de
tales informes, este Semanario publicó el reportaje “Malversan 122 millones de
pesos”, a partir de los hallazgos documentos en los informes de la ASF sobre la
ejecución de recursos de SUBSEMUN por parte de los ayuntamientos de Tijuana,
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.
Estos cuatro municipios,
gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibieron 190
millones en conjunto, de los cuales 122 fueron materia de observaciones por
parte de la Auditoría Superior de la Federación.
De mayo a noviembre de 2014,
equipos de entre tres y cinco personas realizaron las auditorías correspondientes
a los ayuntamientos de Baja California.
Entre los resultados, por
ejemplo, la ASF encontró anticipos de más de 19 millones de pesos a una
compañía de tecnología que cumplió con la entrega de equipo para el
Ayuntamiento de Ensenada y pagos excedentes en patrullas, una de las cuales
“desarrolla funciones distintas a la Policía” en Tecate.
PRECIOS INFLADOS, DINERO DESAPARECIDO
La primera observación a la
cuenta pública 2013 de Tijuana, recibida por la Comisión de Fiscalización del
Gasto Público del Congreso de Baja California, es referente a la revisión del
ejercicio de recursos federales de SUBSEMUN.
De los 95 millones de pesos
que recibió Tijuana en fondos de SUBSEMUN, 81 millones 834 mil 800 pesos fueron
auditados, equivalentes al 86.1 por ciento.
Como resultado, la ASF emitió
18 recomendaciones en rubros que van desde transferencia y destino de recursos,
transparencia hasta el equipamiento y profesionalización.
De éstas, 13 están en
seguimiento y cinco con procedimiento concluido ante la autoridad federal.
Por lo tanto, el ORFIS y el
Congreso del Estado, recogieron algunas de estas recomendaciones para analizar
el mal manejo de recursos.
En primera instancia, se
detalla que con estos fondos, la SSPM adquirió bienes y servicios por un monto
de 72 millones 985 mil 488 pesos, de los cuales 34 millones 790 mil pesos se
adjudicaron de manera directa y no mediante licitación pública, en violación a
lo establecido en Ley.
Del monto total, para el
ejercicio de 32 millones 117 mil 389 pesos, “no se invitó a cuando menos tres
proveedores”, indica el documento. Otro incumplimiento a la normatividad
federal.
Entre las anomalías, destaca
la referente a una adjudicación directa para la adquisición e instalación de un
gimnasio urbano en la colonia 10 de Mayo, considerada parte del Polígono Norte
para la prevención del delito.
De entrada, el gimnasio debía
ser sujeto a una licitación pública y cuando el organismo federal solicitó una
justificación a la información a la actual administración municipal, la
anterior no dejó sustento alguno de su decisión.
Luego, los auditores hallaron
que el Ayuntamiento pagó precios superiores a los publicados por un proveedor
nacional y uno de Estados Unidos.
Dos días antes de que Alberto
Capella dejara su cargo como secretario de Seguridad Pública Municipal, el 28
de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la SSPM, celebró
un contrato con la empresa Play & Park México. Empresa con base en
Tennessee, Estados Unidos, con oficinas en México y otros países
latinoamericanos. Se dedica, principalmente, a la venta de juegos infantiles
como columpios, resbaladillas y pasamanos.
Por el suministro de siete
aparatos de ejercicio y una estructura de juego para niños, así como ocho
bancas metálicas, las cuales se instalarían en diferentes partes en la colonia
10 de Mayo, el Ayuntamiento pagó 2 millones 863 mil pesos.
El contrato también
especifica que el proveedor se encargaría de la limpieza, nivelación del
terreno, fabricación de un muro de malla ciclónica de 2.4 metros de altura,
suministro y pintura de tráfico, armado e instalación de equipos, losas de
concreto, entre otros.
Sin embargo, los precios del
equipo reportado por la SSPM no corresponden a los publicados por la empresa
estadounidense en su página de internet, explica el informe del ORFIS.
La diferencia entre el precio
real y el reportado por el Ayuntamiento por los ocho aparatos de ejercicio es
de 2 millones 158 mil 55 pesos. Los auditores llegaron a esta conclusión tras
comparar los precios reportados por la SSPM y los que el propio proveedor
publica en su página de internet.
Es decir, mientras el
Ayuntamiento de Tijuana dijo gastar 2 millones 664 mil pesos en los juegos
infantiles, su costo real es de 35 mil 62 dólares, equivalente a 505 mil 945
pesos, incluyendo Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Lo mismo ocurrió con las ocho
bancas metálicas. El Ayuntamiento dijo adquirirlas en 199 mil 800 pesos, pero
empresas mexicanas refieren precios de 97 mil 440 pesos, una diferencia
individual de 102 mil 360 pesos, pero de 2 millones 260 mil 415 pesos.
No obstante, la ASF considera
que en los precios “no se incluye el costo de la instalación de los aparatos
que el proveedor ofrece en el contrato, ni los gastos de importación que en
todo caso tuviera que pagar el Ayuntamiento”.
Incluso la Comisión de
Fiscalización del Congreso, analizó que el predio donde se deberían instalar
los aparatos del gimnasio urbano, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y no del Ayuntamiento, por lo que no pueden disponer del terreno.
Por lo tanto, el Ayuntamiento
seleccionó un nuevo terreno para su instalación, “del cual no se proporcionó
autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para la selección del nuevo inmueble”, resuelve el documento.
Tampoco mostraron evidencia
de las medidas tomadas por el Ayuntamiento sobre el responsable en la elección
del primer predio que derivó en el retraso de la ejecución del programa.
Al respecto, el actual
secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, comentó que la
dependencia recibió la recomendación respecto al gimnasio, pero turnaron la
información a Sindicatura del Ayuntamiento.
“Esta dependencia va a
presentar la presente para que los funcionarios responsables por esto, puedan
responder”, respondió.
ORFIS A LA ESPERA
Al consultar a Manuel
Montenegro, titular del ORFIS, sobre el estado de las observaciones al
Ayuntamiento de Tijuana, explicó que mientras el informe no sea analizado en el
pleno del Congreso, es considerado información reservada y, por lo tanto, no
puede emitir comentarios al respecto.
Sin embargo, expuso que
cuando se notifica al órgano auditado –en este caso, el Ayuntamiento de
Tijuana-, se le solicita soporte documental.
Si la evidencia completa no
es enviada, entonces se procede a una “confronta, esto quiere decir que los
funcionarios son llamados frente a frente para que solventen los puntos”,
abundó el funcionario.
Si el Congreso niega la
cuenta pública al Ayuntamiento, entonces ésta se envían a Sindicatura Municipal
para que el seguimiento debido e informe al Congreso qué sanciones aplicó a los
funcionarios que no aplicaron recursos como lo mandan los manuales y
procedimientos.
“Si fue una amonestación
público, privada o inhabilitación, según sea el caso, y lo grave de la
observación”, finalizó Montenegro.
AYUNTAMIENTO REGALÓ A EMPRESAS 14 MILLONES DE PESOS DE
COBRANZA DE PREDIAL
No solo en SUBSEMUN, el
Ayuntamiento de Tijuana cometió anomalías en la aplicación de recursos, también
en los montos destinados al cobro de Impuesto Predial.
En el documento turnado a la
Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, se detalla
que del contrato celebrado por el Ayuntamiento con las empresas Collect de
México y Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I, “no se obtuvo ningún beneficio,
debido a que fue mayor el pago efectuado por sus servicios”.
A estas dos empresas se les
pagó un monto de 35 millones 887 mil 46 pesos, pero el incremento en la
recaudación del Impuesto Predial 2013 en relación a 2012, fue de apenas 21
millones 251 mil 608 pesos, lo cual implica que se pagaron 14 millones 635 mil
438 pesos más de lo que ingresó por el pago del gravamen en ese año.
Mientras Collect de México
recibió 16 millones 792 mil 363 pesos, Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I
facturó 19 millones 94 mil 683 pesos.
Como parte de las
observaciones arrojadas en la auditoría, se establece que las actividades de
estas empresas consistieron solamente “en la entrega de volantes, cartas
invitación para regularizarse y escritos donde hacían saber al contribuyente de
su adeudo”.
No obstante, el informe
detalla que estas actividades de requerimientos las realizó también el área de
Recaudación del Ayuntamiento.
Otra observación a estas
empresas, son las referentes a la adjudicación directas de estos contratos en
incumplimiento al Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y
Arrendamientos de Tijuana.
Destaca el caso de Allie
Alianzas Estratégicas S.A.P.I., la cual se constituyó como empresa apenas 21
días antes de la celebración del contrato.
Esto no solo implica que la
compañía no contaba con la experiencia requerida para manejar cuentas de millones
de pesos, sino que además, se seleccionó “sin evidencia de que cumplía con el
requisito de confidencialidad”.
(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos /
Fotos. Archivo/ 11 de Noviembre del
2015 a las 19:40:27)
No hay comentarios:
Publicar un comentario