Raymundo
Riva Palacio/Estrictamente Personal
Los
escándalos que involucran a la empresa constructora OHL con el Gobierno federal
y del Estado de México no paran. Desde que comenzaron hace cuatro meses, las
acusaciones de conflictos de interés y las muestras de amiguismo, escalaron
desde el secretario de Comunicaciones mexiquense hasta el Presidente de la
República. Los audios que los exhiben, han abierto una alameda de suspicacia
sobre qué tanto le deben los dos gobiernos a OHL y hasta dónde va a llegar
todo. Ahora, nueva información sobre el caso sugiere que si las cosas están
mal, se pondrán peor.
Tiene
como origen, una vez más, la frivolidad con la que los ejecutivos de OHL México
manejan información delicada, reflejo de la sensación de impunidad que acicala
permanentemente Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y
Transportes, quien variablemente los defiende. La última indiscreción cometida
por los ejecutivos fue comentar que la captura el lunes de la semana pasada de
Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, a la que señalan como
autora de los audios y responsable de su distribución mediática, fue pactada en
Los Pinos.
Fuentes
con acceso a esos niveles de información dijeron que lo que soltaron los
ejecutivos de la empresa constructora fue que la PGR detendría al abogado Díez
Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber,
propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar
irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su
cliente.
El
hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del Gobierno federal capaces
de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron
en su indiscreción: que el plan lo platicaron con el presidente Enrique Peña
Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza,
presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en
cuenta, de lo que hablaron es de un delito.
Esta
reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos
con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de
verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato
otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante
el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, detonó la indignación de la
empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión
a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes
del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto.
No
hay información oficial sobre ese encuentro, pero el acceso y el tono de la
reu-nión, como lo socializaron en su entorno, es consistente con las acciones
que ha tomado a su favor Ruiz Esparza, quien lleva meses hablando con los
ejecutivos de OHL sobre acciones judiciales contra Díez Gargari y Topete.
El
último botón de muestra lo dio el secretario de Comunicaciones y Transportes
–mismo cargo que ocupó en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México–,
que este domingo se defendió de las imputaciones del abogado que lo acusó de
malinformar al Presidente y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en una
carta que publicó el periódico Reforma donde aceptó que haber mantenido el
contrato sobre los aforos vehiculares de Infraiber, habría afectado la
operación de OHL.
Ruiz
Esparza, sin mayor matiz, aceptó que el gobierno donde él trabaja, tomó partido
por OHL. “La inquietud de los concesionarios era lógica, en razón de que el
cobro de dicha tarifa alteraba el plan financiero, el modelo de negocio y el
aforo, con repercusiones en los créditos bancarios otorgados”, escribió.
Al
no firmar Infraiber los acuerdos con las concesionarias, recordó, se canceló el
contrato en un tribunal federal. “A partir de ese momento se (generaron)
ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos
de ellos por el señor Díez.
Al
no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó
a generarse filtración de audios ilegales y manipulados”, agregó.
Díez
Gargari fue detenido la semana pasada para que declarara en calidad de testigo
sobre la investigación de los audios grabados en forma clandestina, pero cuando
terminó su diligencia, no recuperó la libertad, porque la PGR lo acusó de
portación de un arma de fuego sin tener el permiso para ello.
Paradójicamente,
mantener detenido al supuesto autor de los audios no impidió para que, mientras
estaba en los separos de la PGR, apareciera el audio del 6 de abril. Topete, el
dueño de la empresa, no está en México; hace semanas se fue al extranjero para
evitar abusos de fuerza de la autoridad.
Las
precauciones que tome no serán exageradas. La influencia de OHL en el Gobierno
es tan evidente, que sólo así se explica el cinismo con el cual sus ejecutivos
hablan cándidamente sobre sus acciones. ¿Qué hizo OHL para que la protección
sea tan grande? Aún no se revela esa bala de plata, en caso de existir.
Pero
las revelaciones sobre su extraña relación van subiendo de grado y de
funcionarios salpicados. Por lo pronto, el Presidente tendría que modificar su
relación con OHL y aclarar si existió o no la reunión que presumen sus
ejecutivos. Ya no se trataría de un conflicto de interés, sino de un acto
ilegal.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx /
twitter: @rivapa
No hay comentarios:
Publicar un comentario