Raymundo
Riva Palacio/Estrictamente Personal
En
el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay culpables intelectuales
y materiales, y responsables políticos. Los acusados directos son el presidente
Enrique Peña Nieto y su Gobierno. Cómo un crimen a nivel municipal se convirtió
en un crimen de Estado, es un brinco que se fue dando en cámara lenta ante la
pasividad del Gobierno. La historia pudo haber sido totalmente diferente si,
por ejemplo, la misma noche del 26 de septiembre, el Gobierno federal
interviene. ¿Estarían vivos los normalistas? ¿Se habría evitado la barbarie en
Iguala? Las preguntas son retóricas, las primeras horas después del crimen
permiten ver dos cosas: el crimen se pudo haber evitado o acotado, y sí hay, en
el Gobierno federal, responsables políticos por omisión.
La
noche del 26 de septiembre, Javier Alatorre informó en el noticiero Hechos, de
TV Azteca, que el equipo de futbol de Los Avispones de Chilpancingo, había sido
atacado en Iguala. Pasadas las 10 de la noche, el gobernador Ángel Heladio
Aguirre llamó por teléfono al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para
alertarlo sobre lo sucedido en Iguala, y que normalistas de Ayotzinapa habían
sido objeto de ataques. El Gobernador le habló también al comandante de la XXXV
Zona Militar, con sede en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra, quien le
respondió que no tenía información, pero que investigaría.
A
esas horas ya había transcurrido la mitad de la cacería de normalistas por
parte de policías municipales de Iguala y Cocula. Soldados del Batallón XXVI de
Infantería, con sede en Iguala, salieron a las calles, pero no ayudaron a los
normalistas. La Policía Federal tampoco.
El
general Saavedra –que había sido antes jefe de ese batallón, y actualmente
encabeza la Novena Región Militar en Acapulco–, desinformó al Gobernador. De
acuerdo con el reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, desde que salieron de Chilpancingo los normalistas, elementos
de inteligencia militar iban reportando lo que hacían. Patrullas federales,
igualmente, los escoltaron hasta Iguala.
La
mañana del sábado 27, se giraron instrucciones a los responsables de
comunicación en la Secretaría de Gobernación. Que estuvieran atentos a los
medios, les dijeron, por que “había habido unos enfrentamientos” la noche
anterior en Iguala, y querían saber “si subía”, el tema en la opinión pública.
Ese día no hubo mucho, pero al día siguiente, El Universal y La Jornada
publicaron a ocho columnas el ataque a los normalistas. El Sur, el periódico
más importante en Guerrero, estaba lleno de testimonios que reflejaban acciones
de soldados y policías federales contra los estudiantes.
Aguirre
envió la noche del 26 de septiembre a Iguala al secretario de Seguridad
Pública, Leonardo Vázquez; al fiscal Iñaki Blanco, y al secretario de Salud,
Lázaro Mazón, promotor del alcalde José Luis Abarca, para atender el conflicto.
Los tres fueron detenidos en retenes de grupos desconocidos. Lograron llegar a
Iguala cerca de la una de la mañana. Una de las primeras acciones fue reunir a
los policías municipales para que les dijeran qué había sucedido y proceder a
desarmarlos.
Le
pidieron al comandante del Batallón XXVII de Infantería, el coronel José
Rodríguez Pérez, que les permitiera hacerlo en sus instalaciones, pero se negó.
La Policía Federal tampoco quiso apoyarlos. Cuando los estaban desarmando en la
comandancia, llegaron grupos de personas con el propósito de lincharlos. Un
helicóptero del Gobierno estatal los rescató.
El
gobierno federal se pasmó. El lunes, en la reunión de estrategia encabezada por
Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, la conclusión fue que lo
sucedido competía al ámbito local. Tras ese diagnóstico, el Presidente declaró
el miércoles 1 de octubre que lo ocurrido era responsabilidad del Gobierno
estatal. “Demos espacio y dimensión a lo que ha pasado ahí, que es un asunto
que merece especial atención ante lo que ha ocurrido”, dijo el Presidente. “Que
el Gobierno del Estado asuma su propia responsabilidad”.
El
procurador Jesús Murillo Karam dijo en Los Pinos que lo que había sucedido era
“una depuración entre cárteles”. Todos soslayaron que las víctimas eran
estudiantes, y los criminales no eran narcotraficantes, sino policías
municipales. El 17 de octubre, el Presidente escribió en su cuenta de Twitter
que la prioridad de su gobierno era buscar “sin descanso” a los normalistas.
Hasta entonces, 21 días después del crimen, intervino el Gobierno. ¿Cuáles
fueron las consecuencias?
Retóricamente
hablando, si el subsecretario Miranda hubiera reaccionado la noche del 26 de
septiembre, si en las secretarías de Gobernación y Defensa, así como en la
Policía Federal, se hubiera entendido desde el primer momento la magnitud de lo
sucedido –que los jóvenes estudiantes desaparecidos no podían compararse con
pandilleros o narcotraficantes–, ¿qué podían haber hecho?
La
intervención inmediata de las fuerzas federales habría inhibido las acciones
secuenciales de los policías de Iguala y Cocula.
Se
habrían podido enviar los drones, que hubiera permitido saber exactamente a
dónde habían llevado a los normalistas, vivos o muertos, y quizás salvar la
vida de algunos.
Haberlo
hecho así no tendría al Gobierno federal acusado directamente de este crimen y
la historia sería diferente. Pero no lo hicieron. De los análisis en Los Pinos
se dieron las decisiones. Equivocadas, superficiales, insensibles.
La
reconstrucción de esas primeras horas permite establecer quiénes, en el ámbito
político, fueron los responsables indirectos de este crimen por omisión y
negligencia, y aquellos que en la inevitable rendición de cuentas, deberán
pagar penalmente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx |
twitter: @rivapa
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