Raymundo
Riva Palacio/Estrictamente Personal
Por
segunda ocasión el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los familiares
de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año. Importante para la
catarsis de los padres y también para la imagen presidencial, pero poco se
podrá esperar de esta nueva reunión. La desconfianza e incredulidad con el
Gobierno es irreparable. Lo era en el momento del primer encuentro, a finales
de octubre del año pasado; lo es ahora. En aquel entonces se reunió con los
padres ante la avalancha de críticas por la inacción federal durante casi un
mes. Hoy, por la exigencia de los padres, y en medio del descrédito de una
investigación oficial con más dudas que certidumbres.
En
un año, un crimen local se convirtió en un crimen de Estado y escándalo
mundial. El argumento del exprocurador Jesús Murillo Karam de que lo sucedido
la noche del 26 de septiembre era una “depuración entre cárteles”, y el
diagnóstico de su exjefe de Oficina, Aurelio Nuño, que sólo era competencia del
municipio de Iguala, y en última instancia del Gobierno de Guerrero, llevó al
Presidente a la toma de decisión más costosa en lo que va del sexenio. El
análisis de Nuño en diciembre de que el movimiento de los padres perdería toda
su fuerza en 2015 y se desvanecería como conflicto, volvió a estar equivocado.
Este
jueves, el Presidente revivió los análisis superficiales de sus consejeros. No
se desvaneció el crimen, pero creció la acusación de su incompetencia. El año
pasado Nuño propuso llevar a los padres de los normalistas a Los Pinos, que
llegaron con sus abogados y dos jefes del EPR. Prácticamente secuestraron seis
horas al Presidente y lo obligaron a firmar un acuerdo-compromiso de 10 puntos
que incluyó la cancelación de la posibilidad de que la PGR utilizara la
hipótesis del tráfico de heroína en la zona de Iguala como posible móvil del
crimen –como se publicó en este espacio el 19 de noviembre pasado– y selló la
averiguación previa para evitar informaciones que abonaran a esa posibilidad.
La
PGR no pudo desarrollar su principal línea de investigación, que frustró al
Gobierno. En diferentes reuniones de Murillo Karam y el excomisionado nacional
de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, donde discutieron con los padres de los
normalistas y sus abogados se habló sobre las acciones de algunos de los estudiantes,
aunque nunca se reflejó en la averiguación. Todavía en diciembre, Rubido perdió
la paciencia y les dijo: “Sus hijos no eran unas blancas palomas”. La omisión
de la PGR, que en sí es un delito federal, provocó que cuando el grupo de
expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sugirió al
narcotráfico como posible móvil del crimen, nadie de quienes en su momento
criticaron al Gobierno de querer criminalizar a los normalistas, refutó. El
Gobierno volvió a pagar políticamente su laxitud legal.
La
omisión de esta hipótesis es la fotografía de la investigación federal, donde
el camino jurídico se contaminó por los acuerdos suscritos por el Presidente.
No pudo aplicarse la ley en sus términos, porque la política la condicionó y la
alteró. La corrección política y el paternalismo –el no lastimar más a los
padres– desnudó la debilidad institucional en la aplicación del estado de
derecho, que permeó en la opinión pública internacional. El costo se lo llevó
el Presidente y el daño se profundizó en los padres de los normalistas
desaparecidos, a quienes querían proteger. Ambas partes han sido quienes más
han pagado por todo lo que se movió alrededor de ellos. Los menos culpables,
los padres, quienes exigen que sus hijos aparezcan vivos. Sin culpabilidad,
pero con responsabilidad política, ética e histórica, el Presidente.
El
crimen de los normalistas de Ayotzinapa nunca fue un incidente circunscrito
exclusivamente al ámbito judicial. Al ser los normalistas los sujetos del
ataque, en automático se convirtió en un problema político. Murillo Karam los
identificó mecánicamente como delincuentes y Nuño no vio la dimensión por el
hecho que los desaparecidos fueran estudiantes y no narcotraficantes.
Ayotzinapa no era sinónimo de Los Zetas y el cártel del Golfo, que realizan
crímenes similares, sino la casa de un colectivo con historia de represión y
hostigamiento gubernamental. El descuido analítico no fue menor y Peña Nieto
fue víctima de la novatez en los asuntos de Estado.
¿Qué
puede hacer ahora? Una es administrar el daño en él y su Gobierno, que por
continuar profundizándose, no es una opción. Otra, que es el consejo eterno que
le dan en Los Pinos, que ocupe los espacios en televisión y prensa en un
esfuerzo propagandístico sistemático y permanente para que la masa piense en
otros temas. Lo mismo dijeron el año pasado y la aprobación presidencial se fue
a pique. Tampoco es opción. Los nuevos peritajes resolverán científicamente las
controversias actuales, pero no el caso. Una nueva unidad de investigación que
remplace a la Agencia de Investigación Criminal y a la SEIDO, revigorizará a la
PGR, pero efímeramente: la incredulidad y la agenda de los actores interesados
terminarán por imponerse.
El
Presidente debe tener claro que no va a ganar esta batalla que se libra
mayormente en el campo de las ideas, pero puede dejar el precedente que sí
actuó, tarde, pero en consecuencia. Hubo en su Gobierno y en el de Guerrero
responsables políticos, que como tales deben de caer. Proceder judicialmente en
su contra sería una buena señal.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
/twitter: @rivapa
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