IGUALA: LA OTRA CARA

Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal

La cara oculta del crimen contra 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala hace un año es tan pública, que nadie la quiere abordar en toda su dimensión. Se trata de la responsabilidad de la dirigencia de Nueva Izquierda, que controla hace más de una década al PRD.

La corriente de Los Chuchos quiere fugarse hacia delante por su responsabilidad de haber recibido dinero del narcotráfico en Iguala, a través del entonces alcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que no sólo colaboraban con el crimen organizado sino que forman parte orgánica de él.

Era público.

La Fiscalía General de Guerrero, en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, aliado de ellos, lo sabía y lo había denunciado, y los líderes perredistas prefirieron guardar silencio y recibir recursos con fines, cuando menos, políticos.

El fin de semana, el Congreso Nacional del PRD aprobó un punto de acuerdo para llamar a todos aquellos que apoyaron políticamente a Abarca.

Interesante acción. Públicamente reconocen que hubo fallas, pero sólo pagarán un costo moral y de legitimidad, cuyas facturas ya vienen saldando desde hace meses, a sabiendas que legalmente, como ya deslizaron en estos días algunos prominentes perredistas, no tendrán consecuencia alguna.

De esta forma, podría interpretarse la decisión del Congreso, como un blindaje político para Los Chuchos, que quieren mantener, a través de Agustín Basave, la presidencia del partido, que significa presupuesto, prebendas y poder.

Entre la sangre y la polarización política, Iguala emergió como la prueba más sólida de que en México hay gobiernos y funcionarios que José Luis Abarca, quien era alcalde de ese municipio el 26 de septiembre y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, convivían con los criminales de Guerreros Unidos.

Los hermanos de la señora Pineda Villa, que habían sido sicarios del jefe de todos los jefes del narcotráfico, Arturo Beltrán Leyva, fundaron esa organización.

Sus dos hermanos fueron ejecutados por su jefe por secuestrar niños, pero su familia mantuvo el control de la organización criminal. En 2009, 19 de sus familiares, incluidos sus padres, fueron capturados en una redada en Cuernavaca por la Policía Federal.

Abarca y Pineda Villa tenían una relación con el poder todavía inexplicable. El entonces secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, les regaló un terreno de 70 mil metros cuadrados sobre el que construyeron Plaza Galería Tamarindos, el orgullo aspiracional de los igualtecos, con un costo de 300 millones de pesos, que hoy es parte de la investigación de la PGR en su contra por enriquecimiento inexplicable.

A la ceremonia de la primera piedra de la obra, en enero de ese año, asistieron el entonces presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, el senador Lázaro Mazón Alonso y el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Guerrero, Jorge Peña Soberanis.

Mazón los introdujo a la política y los presentó más adelante con el Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, quien respaldó los intentos de Abarca para ser alcalde.

Las candidaturas en Guerrero se definían en petit comité, un grupo en donde sólo había representación del Gobernador y de la corriente que lo respaldaba, Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos.

Esta facción, que todavía controla la burocracia del partido, era representada por Sebastián de la Rosa, que era diputado federal.

De la Rosa y Mazón fueron los operadores en el estado, de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial de 2012, pero a diferencia del segundo, el entonces diputado nunca se desvinculó del PRD.

De la Rosa es el gozne de la política con la narcopolítica en el estado. Su relación con el matrimonio Abarca se fue consolidando a lo largo de los años sin importar que los nexos sanguíneos de la señora Pineda Villa, ni el proceso en contra del exalcalde por el asesinato de ocho líderes comunitarios, encabezados por Arturo Hernández, que eran miembros del PRD. A Los Chuchos no les importó que la pareja fuera política y legalmente tóxica.

Menos de 72 horas después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, De la Rosa viajó a Iguala para retratarse junto a Abarca y afirmar que Los Chuchos lo apoyaban totalmente. Abarca viajó en esa misma semana a la Ciudad de México para platicar con el entonces presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Los Chuchos quedaron atrapados por el crimen y la dirigencia se colapsó. Las secuelas de las contradicciones en las que quedaron involucrados, provocaron una parte de la derrota electoral y otra parte el que el sucesor de Zambrano, Carlos Navarrete, no pudiera seguir al frente del partido. Los Chuchos también se dividieron en Guerrero, aunque después de hacer a De la Rosa diputado local. Hace dos semanas, De la Rosa, que estuvo escondido por un tiempo, temeroso de que la PGR lo detuviera para investigarlo, como consecuencia de ser indiciado en la investigación del crimen de los normalistas, emergió con toda fuerza como coordinador de la bancada perredista en Chilpancingo, respaldado en su momento por Navarrete.

Su designación levantó polémica en Guerrero, donde lo consideran protector político de Abarca. El jefe político de Los Chuchos, Jesús Ortega, en un claro rompimiento con él, declaró a la prensa que dados sus antecedentes, no podía ser coordinador parlamentario. La oposición de sus antiguos patrones y la caída de Navarrete no fueron suficientes para impedir su llegada a ese cargo, el de mayor importancia del PRD en el estado ahora que empiece el gobierno del PRI. La razón, de acuerdo con lo que saben en el Gobierno federal es que Abarca tiene las pruebas de haberle dado 2 millones de pesos a Zambrano para que lo hiciera candidato a alcalde.

El tema de los 2 millones ha sido señalado en la prensa previamente y Zambrano lo ha desmentido. Dentro del PRD, los opositores a Los Chuchos, sostienen que es verdad, así como también la colusión de ese sector con todo lo que representaba Aguirre, De la Rosa y Abarca, a partir de contratos de obra pública multimillonarios para constructoras de familiares de algunos de los dirigentes de esa corriente.

La información la tiene el Gobierno federal, pero no ha hecho nada. Se ha disuelto de la misma manera como se evaporó la oposición de Ortega a De la Rosa, quien hoy despacha como coordinador parlamentario.

Son las cosas inverosímiles de la política mexicana. El protector público de Abarca, uno de los líderes políticos en Guerrero, por la vía legal y legitimado. El presidente Enrique Peña Nieto habrá de recibir este jueves a los muy agraviados familiares de los normalistas y tener el estómago para escuchar la acusación que el crimen lo cometió el Estado.

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