Desde
el 26 de septiembre de 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto puso todos sus
esfuerzos en esconder los hechos que ocurrían en Iguala, Guerrero, cuando
fueron atacados más de 100 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos
en los que tres fueron asesinados, 10 resultaron heridos y 43 desaparecidos.
Durante
casi un año, con una perversidad inaudita, premeditación, alevosía y ventaja,
el gobierno federal y el gobierno de
Guerrero han jugado con los hoyos negros que ellos mismos crearon esa noche para hacer creer a los padres de esos
estudiantes y a la sociedad en general una historia muy distinta a la que
realmente ocurrió.
La
PGR ha dicho que el ataque fue ordenado por el alcalde perredista de Iguala
José Luis Abarca porque los estudiantes iban a sabotear esa noche el informe de
su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF municipal. En
esa versión, el Abarca, a quien acusa la PGR de estar involucrado con un
supuesto grupo criminal llamado Guerreros Unidos, ordenó a la policía municipal
detener a los estudiantes.
Según
la versión oficial, los estudiantes fueron llevados en patrullas de la policía
municipal a la base de dicha corporación y después en las mismas patrullas
habrían transportado a los 43 estudiantes desaparecidos a un paraje llamado
Loma de Coyote y ahí los entregaron a Felipe Rodríguez alias el Cepillo y a
Patricio Reyes Landa alias el Pato, quienes habrían matado a los estudiantes y
quemado en el basurero de Cocula desde
la media noche hasta el amanecer.
Hasta
ahora esa es la historia que el gobierno logró contar a través de medios de
comunicación nacionales e internacionales. Pero ya no podrán contarla más.
Durante
diez meses, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California, en Berkeley, he investigado junto con mi colega
Steve Fisher el ataque contra los
estudiantes. Desde hace diez años he investigado desde adentro la forma de
operar de los cárteles de la droga en México; desde un principio la historia
contada por el gobierno sonó absurda y por eso decidí investigar.
He
dedicado cientos de horas en leer los tomos de los expedientes de las
averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de Justicia de
Guerrero y por la PGR. Con una estrategia logré tener acceso a la matriz del
caso penal: miles de fojas con declaraciones ministeriales de las víctimas,
testigos y supuestos victimarios. He ido decenas de veces a esa ciudad ubicada
apenas a tres horas de distancia de la ciudad de México y ahí he obtenido
videos, fotografías y testimonios de la brutal cacería contra los estudiantes.
De
aquí al 20 de septiembre, en esta columna y en reportajes que serán publicados
en la revista Proceso, hablaré de lo que he encontrado.
Luego
de una larga batalla legal tuve acceso a 36 declaraciones ministeriales
rendidas ante la PGR en diciembre pasado por efectivos del 27 Batallón de
Infantería ubicado en Iguala Guerrero. Contrario a lo que ha dicho el gobierno
de Peña Nieto y la SEDENA, los militares sí actuaron esa noche de perros y
estuvieron en todos los lugares donde ocurrieron los ataques y la desaparición
de los estudiantes.
Sus
declaraciones ministeriales ni siquiera coinciden con los partes militares
enviados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo.
El
comandante del batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, quien súbitamente fue
removido de su cargo en julio pasado, reconoció que estuvieron monitoreando a
los estudiantes desde por lo menos las siete y media de la noche ese 26 de
septiembre y que sí tuvo información en
tiempo real de cada uno de los eventos que ocurrieron incluyendo los ataques a
los estudiantes.
Un
comandante confesó que estuvo presente cuando uno de los camiones en los que
viajaban los estudiantes fue agredido frente al Palacio de Justicia ubicado en
la carretera de Iguala a Chilpancingo, supuestamente por la policía municipal,
e incluso tomó fotografías de esa agresión.
El
grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció
hace unas semanas que las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia
grabaron ese ataque contra los estudiantes, pero que las imágenes
desaparecieron.
Los
miembros del 27 Batallón confesaron que esa noche, para atender la
“emergencia”, salieron dos escuadrones en cuatro vehículos militares, uno de
ellos una tanqueta blindada y artillada. Todos iban armados con el rifle de
asalto G3 y con la instrucción de que había gente armada en las calles y debían
de actuar. Los dos escuadrones estaban en las calles de Iguala cuando la peor
parte de la noche ocurrió.
La
Procuraduría General de Justicia de Guerrero encontró decenas de casquillos
calibre 7.62, el mismo calibre del G3 que esa noche portaban los militares en
la calle Juan N. Álvarez donde resultaron diez estudiantes heridos, 2 muertos y
varios desaparecidos. También los encontró en la escena del ataque contra el
equipo de futbol Avispones, cuyo camión fue rafagueado en la carretera hacia
Chilpancingo.
Esos
casquillos no son de las armas usadas por los policías municipales ni de Iguala
ni de Cocula. Esos policías portaban un rifle de asalto G36 cuyo calibre es
5.56. En las escenas de los crímenes también se encontraron casquillos de ese
calibre.
La
PGJG nunca hizo peritajes a las armas del Ejército, tampoco pudo inspeccionar
el 27 Batallón de Infantería en su totalidad. El 28 de septiembre cuando se
presentó ahí un grupo de peritos, Pérez Rodríguez solo les mostró una pequeña
bodega donde supuestamente tenían droga asegurada, pero por “razones de
seguridad nacional” no les dio acceso al resto del batallón y dijo que para eso
debían pedir permiso a sus mandos superiores.
Los
militares confesaron que esa noche vieron a Daniel Solís y a Julio Cesar
Ramírez tirados sobre el pavimento en la calle Juan N. Álvarez mojándose bajo
la intensa lluvia. Para ellos no hubo ni un momento de misericordia. Dicen que
no se pararon a auxiliarlos y que siguieron su camino hacia el hospital
Cristina ubicado en esa misma calle, donde se refugiaban otros estudiantes.
Testigos
afirman que los militares no solo no ayudaron a los estudiantes sino que los
patearon en el suelo.
Casi
con remordimiento, uno de los militares interrogados por la PGR dijo: “… una de
las reglas en el Ejército es que las órdenes se acatan, no se discuten ni se
interrogan”.
En junio de 2014, el Ejército masacró a 21
personas en Tlatlaya, Estado de México, y durante meses intentaron ocultarlo
tejiendo una red de mentiras. Durante diez meses ha intentado esconder a toda
costa su participación en las horas clave cuando unos estudiantes fueron
asesinados y otros desaparecidos.
Los
padres de los normalistas asesinados, heridos y desaparecidos esa noche, y toda
la sociedad, merecemos la verdad y justicia. El presidente de Guatemala Otto
Pérez Molina tuvo que renunciar a su cargo por un escándalo de corrupción y
está siendo enjuiciado. Después de tener con absoluta claridad el engaño del
gobierno de Peña Nieto ¿Qué va a pasar? Eso depende de la sociedad mexicana, de
nadie más.
(RIODOCE/ Anabel Hernández / 6 septiembre, 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario