La
División de Gendarmería, gran proyecto peñanietista para mantener la
gobernabilidad en el campo, ha resultado ineficaz, costosa y opaca: ejemplo de
ello es un contrato ventajoso a una empresa especializada en escuelas
prefabricadas para la creación de seis cuarteles móviles, cuya utilidad aún
está por verse. Más de 535 millones (250 millones era el presupuesto original)
se embolsó esa compañía. Y quien autorizó la concesión es un viejo conocido del
presidente de la República, un hombre que manejaba los dineros de la seguridad
pública del Estado de México.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El gran “proyecto presidencial” creado para mantener “la
gobernabilidad” en zonas rurales y periurbanas y garantizar el destino de la
producción agrícola, el tránsito de mercancías y el paso de inmigrantes, la
División de Gendarmería, ha resultado millonariamente caro y peligroso, aunque
por “seguridad nacional” su costo se mantiene “bajo reserva”.
Formada
por cinco mil jóvenes de entre 18 y 25 años, la Gendarmería terminó siendo un
cuerpo de seguridad “errante”. Dentro de su estrategia, el gobierno de Enrique
Peña Nieto le concesionó a una empresa –con experiencia en el armado de aulas
prefabricadas para primarias y jardines de niños– la construcción de “6
cuarteles móviles”. Un trabajo considerado de “seguridad nacional”.
Según
el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, fechado el 14 de noviembre de 2014,
la Policía Federal (PF) firmó con la empresa Desarrolladora M, S. A. de C. V.
el acuerdo para que “proporcione la adquisición de 6 cuarteles móviles para la
Nueva División Gendarmería”, por 535 millones 54 mil 883.97 pesos.
El
instrumento legal cuenta con la leyenda de “reservado” y para ello se acoge a
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus
artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción I, según los cuales la
información es “reservada y confidencial” cuando pueda “comprometer la
seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” o “pueda causar
un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las
leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia,
la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio,
las estrategias procesarles en procesos judiciales o administrativos mientras
las resoluciones no causen estado”.
Fragmento
del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en
circulación.
(PROCESO/ JESUSA CERVANTES Y JORGE
CARRASCO ARAIZAGA/ 4 DE JULIO DE 2015)
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