jueves, 30 de julio de 2015

EL ASALTO A LA NÓMINA EN SONORA I


Impresionante lo que sucede con la nómina del gobierno del estado. Revisando el extenso documento en poder de esta columna encontramos un crecimiento desmesurado en los puestos de confianza que revela el manejo clientelar de la nómina en los últimos seis años y señaladamente en los últimos dos.

Por cierto y como primicia, les adelantamos que en la Secretaría de Salud, este miércoles serán basificadas 648 plazas entre los aproximadamente 2 mil 700 empleados que actualmente trabajan por contrato, con sueldos que oscilan entre los 3 mil 500 y los 21 mil pesos mensuales.

Esto será sin duda uno de los temas a los que habrá de avocarse el gobierno entrante, en cuanto tome posesión.

Revisando el documento observamos que donde creció de manera más significativa la plantilla de personal es en las secretarías de Salud, precisamente, en la de Educación y Cultura y en la de Seguridad Pública.

Los datos al respecto en estas dependencias son tan abundantes que hemos decidido dejarlos aparte para integrarlos en sendos despachos que daremos a conocer en los próximos tres días.

Para no dejar a la curiosa lectora, al interesado lector con el reptil emitiendo silbidos agudos, tocaremos en esta entrega algunos otros casos no menos significativos, pero que le pueden dar idea de lo que está por conocerse en este tema.

El caso de la Oficina de Imagen Institucional a cargo de Javier Alcaraz Ortega es emblemático del despilfarro en la nómina y el desastre en los resultados de su trabajo, considerando que la imagen del Ejecutivo a estas alturas se encuentra, como diría Juan Gabriel, tirada en el suelo como una basura.

El señor Alcaraz cobra directamente en la oficina del Ejecutivo un sueldo de secretario (140 mil pesos mensuales, aproximadamente, incluyendo compensaciones), pero tiene a su cargo una cuenta en la que cobran: dos coordinadores, tres directores, dos subdirectores, seis asistentes de programas y cuatro jefes de Departamento.
Se entiende que en este caso, y los que citaremos en adelante, se alude al personal de confianza, no a los sindicalizados ni de base.

Pero no es el único caso, desde luego.

Por ejemplo, se abrió una cuenta para pagar al personal de la Comisión de Implementación del nuevo sistema de justicia penal. Sí, esa que preside Sergio Gutiérrez Luna, cuyas funciones de mapache electoral durante el pasado proceso lo ocuparon demasiado como para atender asuntos propios de esa comisión, al grado de que hace un par de meses, Sonora fue enlistado como el único estado donde había cero avances en ese tema.

Y eso que la Comisión tiene dos Directores Generales, tres Directores y tres Jefes de Departamento, con niveles 12, 11 y 09 respectivamente.

Además, dicha Comisión tiene una Secretaría Ejecutiva donde cobran (en la Secretaría Particular del Ejecutivo a cargo del hoy diputado federal pluri Agustín Rodríguez): dos Coordinadores Generales y tres directores Generales, todos con nivel 12 (50 mil pesos mensuales cada uno, aproximadamente); un coordinador, un director, dos subdirectores, un asistente de programas y dos jefes de departamento.

Los representantes del gobierno del estado en Arizona y Nuevo México cobran como subsecretarios (unos 80 mil pesos mensuales), pero además tienen a su cargo tres subsecretarios (nivel 13); 11 Directores Generales y un secretario particular (Nivel 12); doce Directores (nivel 11); cinco asistentes de programas y cuatro Jefes de Departamento, todos ellos asignados a la secretaría Técnica que tutela John Swanson.

Por otro lado, una de las cuentas de la Secretaría de Gobierno se refiere a la Oficina del titular. Allí cobran: un Coordinador General, dos Directores Generales, un secretario Particular, cinco directores, seis subdirectores, un asistente de programas y once Jefes de Departamento.

La Unidad Estatal de Protección Civil, dependiente de la secretaría de Gobierno tiene 35 Jefes de Departamento, además del Director General, cinco directores y tres subdirectores.

En la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, dependiente de Oficialía Mayor se cuentan: un Coordinador Ejecutivo, Mario González Valenzuela, mejor conocido como El Churrusquetas, que tiene nivel 13 (sueldo de subsecretario), cuatro directores generales; seis coordinadores, 17 directores y hasta un capitán piloto aviador. Cinco subdirectores, siete asistentes de programas y, entre otros, 13 jefes de Departamento.

En la Secretaría de Hacienda, nada más en la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior hay 26 jefes de Departamento; 11 subdirectores; cuatro directores Generales y dos directores.

La Dirección General de Recaudación cuenta con 25 jefes de Departamento; 21 subdirectores; ocho directores, dos agentes fiscales “A”, que tienen nivel 12 (como el Director General), así como 11 agentes fiscales “B” (nivel 11).

Desde luego, es imposible citar cada una de las áreas de cada secretaría o dependencia, pero el resumen se los hacíamos en el anterior despacho, citando que de 9 mil 048 empleados de confianza que dejó la administración anterior, en la actual se han incrementado a 14 mil 01, es decir, casi el 50 por ciento.

Citaremos también el caso de la Secretaría de la Contraloría, a cargo de la inefable María Guadalupe Ruiz Durazo. Hasta antes de este sexenio, la Contraloría era el ‘coco’ de los funcionarios públicos y verdaderamente inspiraba respeto (lo cual no significa que los servidores públicos no se dieran sus mañas para meterle la mano al presupuesto indebidamente, de ninguna manera), pero hoy esa dependencia presuntamente ‘ciudadanizada’ es el hazmerreír de todos.

El crecimiento de la nómina en esa dependencia también fue inversamente proporcional a la eficacia y la eficiencia de la misma.

Allí, además de la contralora ciudadana (es un decir), cobra un subsecretario y un secretario particular (nivel 12), directamente en la cuenta de la Secretaría. Pero además hay siete Directores Generales y 22 directores; 15 subdirectores y 28 jefes de Departamento, entre otros cargos que, a la luz de los resultados obtenidos, más que una Contraloría pareciera una filial de la Asociación Estatal de Ciegos y Débiles Visuales.

En fin, esta es sólo una probadita de lo que le tendremos mañana, cuando abordemos en especial el caso de la Secretaría de Salud, a cargo de Bernardo Campillo, donde más de cuatro se van a ir de espaldas cuando se enteren de lo que allí sucede. Por hoy, aquí la dejamos.

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(DOSSIER POLITICO/ Arturo Soto Munguía / 2015-07-29)

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