La
detención de un presunto operador del Cártel de Sinaloa, ahora Rubén Genaro
Roacho Aros, Genaro Payán Aros o como se llame, vuelve de nuevo a salpicar al
Gobierno del Estado.
La
Marina Armada de México solo dio un pellizco al cártel más poderoso del mundo,
pues el detenido es un operador de poca monta, pero también aprehendió a tres
de sus custodios, que son policías activos de la Secretaría de Seguridad
Pública, adscritos a la Dirección de Servicios de Protección (DSP), organismo
que vende servicios de seguridad a empresas y personas.
Así
que el golpe (¿sin quererlo?), fue más para el Gobierno estatal que para el
Cártel de Sinaloa, entidades, una y otra, que se entrecruzan en diversos
momentos y ámbitos desde hace lustros.
Detienen
a Joaquín Guzmán Loera en un edificio de condominios en Mazatlán, y resulta que
ahí mismo tiene un departamento un operador del Cártel, Antonio Mandujano
Eudave, que meses después es detenido en España. Luego sale a la luz que el
gobierno estatal le había vendido a este mismo personaje un terreno en el
Parque Bonfil, donde el “empresario” construyó unas bodegas.
La
semana antepasada detiene la Marina a Mauricio Gaxiola Hernández en Isla
Paraíso, operador financiero del mismo cártel, y se tiene que en esa misma
torre tienen condominios varios funcionarios estatales o, al menos, reconocido
por ellos mismos, es uno de sus lugares para descansar. Demasiada coincidencia
en un mundo tan desconfiado.
Desde
hace muchos años la Dirección de servicios de Protección se ha visto
involucrada en actividades turbias, no solo relacionadas con el ámbito
estrictamente policiaco, sino también administrativo, denunciadas en su tiempo
ante el Congreso del Estado, evidenciando al manoseo de los dineros que
ingresan a esta dependencia por los servicios que presta.
El
primer aviso de la oscura relación entre esta dependencia y el narcotráfico
ocurrió en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, cuando fue asesinado el
narcotraficante Víctor Portillo, un hombre oriundo de Los Sitios, Badiraguato,
que había hecho “empresa” en el centro de Sinaloa, fundando, entre los negocios
que se le conocieron, la “Agrícola Portillo”.
Al
narcotraficante se le daban las relaciones públicas. Se unió familiarmente con
más de algún prominente miembro de la clase política y fue de los primeros en
obtener beneficios del Gobierno estatal, a través de la Dirección de Servicios
de Protección, algo que al final no le sirvió de gran cosa. Una mañana fue
levantado junto con dos escoltas que pertenecían a esta dependencia. Los tres
aparecieron muertos ese mismo día.
Había
adquirido, en el mismo sexenio de Juan Millán, múltiples propiedades en el
Desarrollo Urbano Tres Ríos, que quedaron a nombre de su esposa e hijos. En una
de ellas construyó un edificio de departamentos ubicado por el bulevar
Francisco Labastida, a unos metros del puente Morelos.
Y
quién sabe si sea mera casualidad, pero durante años Juan Sigfrido Millán
Lizárraga tuvo en el tercer piso de ese edificio un departamento que usaban él
y su hermano Enrique.
No
hay pudor. Cuando Mario López Valdez ganó la gubernatura, el mismo departamento
le fue prestado por el ex gobernador al actual secretario General de Gobierno,
Gerardo Vargas Landeros, quien estuvo viviendo ahí ya como funcionario público,
hasta que encontró acomodo en otro lugar.
***
La
Dirección de Servicios de Protección nunca ha sido cuestionada como tal, por
su existencia misma, sino, en algunas
ocasiones, por la turbiedad con que se ha manejado sus operaciones. Ni por el
Congreso del Estado. Los empresarios que se dedican a vender seguridad tampoco,
aunque pudieran alegar, por lo menos, competencia desleal. Y es que, en su
mayoría, muerden de una y otra forma la reglamentación que las rige,
compensadas sus fechorías con sobornos a la Secretaría General de Gobierno.
Tenía
poco de haber asumido la gubernatura Jesús Aguilar Padilla, cuando otro hecho
alertó sobre la mugre que habitaba la DSP. El 13 de julio de 2005, cuando
circulaban por la avenida Álvaro Obregón, entre Constitución e Ignacio Ramírez,
en Culiacán, fue muerto el narcotraficante Julio César Beltrán Quintero. Lo
acompañaban cuatro elementos de esa Dirección quienes también fueron
asesinados. Pero salvo el cambio de director, Juan Manuel Zarco, no hubo ningún
cambio. Un año después el Ejército detendría a cuatro policías de la misma
dependencia custodiando un camión con 35 kilogramos de “cristal” y dos de
cocaína. En otro hecho tempranero del sexenio, agentes de la DSP fueron
involucrados en la fuga de nueve reos del penal de Culiacán, cuando se
introdujeron, dizque a una revisión. Los reos salieron vestidos de policías.
BOLA Y CADENA
HAY
MUCHOS ELEMENTOS MÁS para cuestionar la existencia de la corporación. El 20 de
agosto de 2010 fue muerto a tiros Jorge Murillo Espinoza, director de la DSP.
Lo masacraron a él y a sus tres escoltas, cuando circulaba por la avenida
Lázaro Cárdenas, a solo tres cuadras de la Unidad Administrativa. Nunca se
explicaron los móviles del atentado y menos se castigó a los responsables.
SENTIDO CONTRARIO
EL
VERBO DE MODA EN SINALOA es “destapar”, por aquello de los llamados destapes y
autodestapes, que han caído como una plaga en la vida política de la entidad,
bochornoso espectáculo en un momento en que los políticos debieran mostrar,
aunque sea por mera pose, un poco de pudor. Los métodos son ahora irrisorios y
hasta extravagantes, como esas tarjetas de descuento de la diputada Francisca
Corrales. ¿Qué sigue?
HUMO NEGRO
POR
LO PRONTO, EL PARTIDO SINALOENSE afirma sin rubor que su único candidato a la
gubernatura es desde ahora su líder, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Falta mucho
para que esto se defina. Lo que parece ya un hecho es que el PAS, si va en
alianza, podría convertirse en 2016 en el fiel de la balanza.
(RIODOCE/
COLUMNA “ALTARES Y SÒTANOS” de Ismael Bojórquez/ 28 junio, 2015)
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