No
es nuevo, pero resulta indignante y molesto que ninguna autoridad haga algo por
evitarlo. Los panistas corruptos -porque esta forma de transar llegó a este
Estado norteño con algunos albiazules de dudosa moralidad- aprendieron rápido
en los gobiernos bajacalifornianos:
cuando meten a sus bolsillos recursos del erario, no lo sustraen tan
descaradamente, como lo hacían sus predecesores priistas.
Como
ejemplos de estas estrategias más elaboradas para abusar del poder, vale
recordar aquel fideicomiso que se inventaron integrantes del gabinete del
Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Héctor Osuna para auto-liquidarse al
final del trienio; o las facturas falsas entregadas por los miembros del
también Cabildo tijuanense dirigido por el ex alcalde Jesús González Reyes,
para justificar el gasto de recursos etiquetados para gastos social, que
generosa y oportunamente se auto-aprobaron al término de su gestión. Y los
casos sin investigar adecuadamente de adjudicaciones directas, en el caso de
placas y licencias, por parte del actual secretario de Finanzas, Antonio
Valladolid, quien incluso ha establecido convenios con empresas de reciente
creación y fuera del Estado.
Sin
embargo, el verdadero negocio está en la asignación de contratos, el camino más
común de esta subclase de servidor público para embolsarse millones sin
trabajar, es la “comisión”.
Para
los propietarios de empresas constructoras del Estado, es el pan diario: si
quieren ganar convenios y licitaciones, deben acordar que entregarán un
porcentaje de lo que pague el gobierno.
Los
funcionarios vivales han existido en todas las administraciones y los
porcentajes de comisión varían, en el gobierno de Francisco Vega, según
informaron proveedores afectados, es del 15 por ciento para el público en
general, y del 10% para los amigos.
Lo
que significa que si el anuncio de inversión en infraestructura para 2015 en
Baja California fue de 6 mil 408 millones de pesos, de los cuales el Estado
aplicaría 2 mil 262 millones de pesos, y considerando la comisión más baja del
10%, algún grupo de malos funcionarios podría llegar a embolsarse 226 millones
de pesos.
Luego
el constructor recupera la pérdida y lo hace castigando la obra, entregando un
trabajo de mala calidad o incompleto, o inflando los costos.
Parte
del problema es, como comentó el abogado fiscalista, doctor Adolfo Solís Farías, la corrupción muta más rápido
que la Ley, y esta gente, hace de la Ley el vehículo para burlar el acto
ilícito.
Preguntando
respecto a las alternativas, para que funcionarios corruptos dejen de
enriquecerse abusando del presupuesto,
los fiscalistas hablaron de auditorías.
Solís
refirió dos puntos: uno, la necesidad que las adjudicaciones de obra tengan
debidamente desglosado por partida los conceptos que se van a desarrollar para que se pueda muestrear; y segundo, meter un auditor, autónomo, con
capacidad técnica y tecnológica que pueda supervisar los procesos y las
calidades de la construcción, no solo el análisis contable. “No tenemos que
modificar la Ley, debemos aplicarla”.
Jorge
Alberto Picket Corona refirió que las autoridades fiscales también podrían
aplicarse y realizar auditoria a estos funcionarios sospechosos, y revisar si
se da la figura de “discrepancia fiscal”, que sus gastos sean mayores a sus
ingresos lícitos declarados, como el mafioso Al Capone, para asegurarse que no
estén cometiendo los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.
Además,
vio una posibilidad de esperanza en la reforma constitucional que en mayo de
2015 creó la Comisión Anticorrupción, proyecto
sistémico que en teoría, evitará actos como la mentada “comisión”.
Consultadas
fuentes del Senado, recordaron que los plazos indican que en menos de un año se
reformarán la Ley de Obra Pública, la de Responsabilidades de los Funcionarios
y la de Adquisiciones; también se crearán por lo menos otras dos, la Ley
Anti-corrupción y una para coordinar todas las leyes relacionadas.
Pero
son de 20 a 25 instrumentos legales que se deben reformar y, después de eso,
los Estados tendrán otros 180 días para adecuar las legislaciones locales.
Mientras, toca esperar para ver si las legislaciones secundarias de verdad son
redactadas para combatir la corrupción mexicana.
Por
lo pronto, desde el Congreso de la Unión, aseguraron que también en este tipo
de actos existe la denuncia anónima, incluso, dijeron que sí esas situaciones
se reportaban en la prensa, las contralorías estatales y Secretaría de la Función Pública estaban
obligadas a investigar de oficio, y de no hacerlo, se les podría acusar de
complicidad, por omisión.
¿Cuándo
se ha visto que algo así suceda en este país? Nunca, lo que significa que va
siendo hora de probar, lo peor que puede pasar es que sigamos igual.
(SEMANARIO
ZETA/ COLUMNA PARA EMPEZAR/ Rosario Mosso Castro / 22 de Junio del 2015 a las 12:00:36)
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