LA INTRIGA DE TANHUATO

Autoridades descartan masacre; primeros peritajes eximen a fuerzas federales de presuntos abusos. Human Rights Watch recomienda una investigación puntual. Hay dudas de la vinculación del grupo criminal abatido con el CJNG. El investigador Guillermo Zepeda advierte que la muerte de presuntos narcotraficantes a manos de militares va al alza, sin pasar por el sistema de justicia

Mientras funcionarios del gobierno federal aseguran que no hubo excesos en el operativo de la ranchería de Tanhuato, Michoacán, donde 42 presuntos delincuentes fueron abatidos por fuerzas federales y militares, y la Comisión Nacional Derechos Humanos participa en la investigación de lo ocurrido hace una semana, las dudas y las opiniones divididas persisten creando incredulidad en la sociedad.

Los resultados de los primeros peritajes de necropsia y balística practicados a los cadáveres de los presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el lugar de los hechos revelan que los disparos que mataron a los civiles fueron realizados a más de 200 metros de distancia.

Independientemente de las versiones extrapoladas de autoridades y de familiares de los fallecidos, organismos internacionales –entre ellos Human Rights Watch (HRW)– exigen al gobierno mexicano afinar las pesquisas desde un inicio para que no ocurra un “fiasco” como en las averiguaciones del caso Tlatlaya, donde soldados ejecutaron extrajudicialmente a presuntos criminales.

A siete días de la balacera en el rancho El Sol, en los límites de Michoacán con Jalisco, la mayoría de los cuerpos sin vida ya han sido reclamados y entregados a sus deudos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 18 de los occisos eran jaliscienses, tres michoacanos, dos del Distrito Federal y cuatro personas más eran habitantes de Aguascalientes, Sonora, Coahuila y Tabasco.

El dicho de que los ahora muertos estaban vinculados al CJNG fue obtenido por las autoridades federales de las declaraciones de dos de tres personas detenidas tras el operativo, calificado como exitoso por parte de quienes salieron victoriosos, aunque la forma de operar del grupo no se parezca a las ofensivas ocurridas semanas antes en los municipios de Ocotlán, San Sebastián del Oeste y Villa Purificación, en Jalisco.

Al catedrático Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, del ITESO, le preocupa el tema de la fuerza letal del Ejército Mexicano, pues investigaciones que ha realizado en los últimos años muestran que mientras las sentencias severas por delitos contra la salud van a la baja, las personas abatidas por militares van a la alza.

LA BALACERA EN TANHUATO

Los hechos no son claros desde el principio. Pues una de las versiones señala que los agentes federales investigaban la invasión de la ranchería por parte de un grupo delincuencial; la otra, destaca que federales y militares detectaron a sujetos armados afuera del rancho y los persiguieron al interior.

El escenario fue en kilómetro 371 del tramo de la autopista Guadalajara-Morelia, en la desviación a las Tinajas de Vargas. Eran aproximadamente las nueve de la mañana cuando los elementos operativos que viajaban en vehículos blindados fueron agredidos con armas de fuego y en respuesta incursionaron en un enorme inmueble, al mismo tiempo que solicitaron apoyo terrestre y aéreo.

Entre los primeros balazos, el arribo de un mayor número de más unidades y la aparición de un helicóptero Black Hawk artillado transcurrieron más de tres horas. En el sitio perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal. Varios presuntos sicarios huyeron con rumbo al cerro y otros tres fueron capturados ilesos.

Autoridades estatales y de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron 42 armas de fuego largas AK-47 y AR-15, un lanza cohetes, un fusil Barret calibre 50 y un arma corta, además de dos camionetas y seis vehículos calcinados.

Dos de los detenidos declararon pertenecer a la organización de “Los Guerrero”, supuestamente patrocinados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y enfrentados con La Familia Michoacana. A dicha célula criminal se le investiga por su probable participación en la ejecución del candidato por el partido Morena en Yurécuaro, Enrique Hernández, algunos días antes de este enfrentamiento.

Tras los primeros datos confirmados por la Comisión Nacional de Seguridad, en voz de su titular, Monte Alejandro Rubido, surgieron versiones de que a los fallecidos los masacraron sin ninguna oportunidad de defenderse. Algunas fotografías compartidas a través de las redes sociales a los occisos en una posición, sin armas, y posteriormente con postura modificada y armas a su lado.

En cuanto familiares de los finados lograron su identificación expresaron a través de medios de comunicación que sus parientes eran personas trabajadoras y no criminales, aunque coincidieron al señalar que no los veían desde hace varios meses y desconocían en qué consistía su trabajo.

LAS INVESTIGACIONES

Aún no se aclaran los hechos de Villa Purificación, Jalisco, donde el primero de mayo narcotraficantes derribaron un helicóptero del Ejército con saldo de nueve elementos muertos, y de la presunta respuesta de militares, que abatieron a ocho personas en las rancherías próximas al lugar de los hechos, cuando  ahora se registra un nuevo suceso en Tanhuato.

Desde el primer día y hasta la fecha, el gobierno federal descarta que federales y militares se hayan extralimitado en el cumplimiento de su deber y se trate de una masacre. El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, salió un par de veces ante los medios de comunicación para asegurar que las fuerzas federales respondieron al ataque de los civiles y solo los tres detenidos se rindieron.

Este jueves 28 de mayo, trascendió que los primeros resultados de los peritajes que realizan la PGR, con apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, corroborarían que no se trató de un exceso policial.

En resumen, la información destaca que los disparos de militares y federales fueron efectuados por lo menos desde 200 metros de distancia, desde diferentes alturas y con diversos calibres. Presuntamente, los cuerpos de las víctimas presentan en promedio dos balazos, no hay prueba de les hayan disparo a corta distancia y no tienen el llamado “tiro de gracia”.

Pese a lo anterior, la menguada credibilidad de las autoridades ha despertado la voz de diversos organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch (HRW), que sugirió a los representantes del Estado mexicano realicen una investigación puntual sobre los acontecimientos de la Tinaja de Vargas para evitar que se repitan casos como el de Tlatlaya.

El director gerente de para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, no vaciló al asegurar que “debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”.

Wilkinson destacó que la PGR debe adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos “se investiguen sin demoras y negligencia” para no repetir pesquisas como las de los militares en el Estado de México, calificadas como “un fiasco” y recomendó “convocar a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”.

 Dudas razonables

Además del posible exceso en el uso de la fuerza, que se dice, habrían incurrido los agentes al matar a los presuntos delincuentes, existen otras dudas, entre ellas su real vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, calificado por los gobiernos de Estados Unidos de América y de México como el más poderoso en la actualidad.

La reacción del presunto grupo criminal, identificado como Los Guerrero del Cerro, célula que anteriormente era relacionada con el Cártel de Sinaloa y comandada por un tal Jesús Guerrero y Luis “El Chureko”, no estuvo mínimamente relacionada con la operatividad mostrada en los ataques recientes a policías federales, estatales y militares.

De marzo a la fecha, las emboscadas en Ocotlán con la muerte de cinco agentes de la Gendarmería Nacional; en San Sebastián del Oeste, con 15 elementos de la Fuerza Única regional masacrados; y de Casimiro Castillo-Villa Purificación, con el derribo del helicóptero y nueve fallecidos de la milicia y la Policía Federal, motivaron una serie de declaraciones de autoridades y expertos en seguridad.

Primero fue el diario El País de España quien captó declaraciones de autoridades de Jalisco que afirmaron que los miembros del CJNG operaban con técnicas y tácticas de guerra como se demostró tras la agresión armada y con explosivos a los policías estatales en la sierra jalisciense.

Después, Wall Street Journal publicó que los integrantes del Cártel de Jalisco han recibido formación estratégica y paramilitar por parte de ex militares de México, Guatemala y Estados Unidos. La versión fue atribuida al Comisionado de Seguridad Pública estatal, Francisco Alejandro Solorio, a quien supuestamente intentó matar la misma organización criminal a finales de febrero. Se dijo entonces que kaibiles, ex miembros de élite del Ejército guatemalteco y veteranos de guerra dieron formación estratégica y paramilitar a los sicarios del grupo criminal.

Recientemente, la revista Proceso, dio a conocer que los sicarios del CJNG y Los Cuinis han sido formados en tácticas de asalto a militares por elementos de las FARC colombianas, de acuerdo a fuentes estadounidenses. La capacitación sería a ciertos mandos del clan delictivo durante sus visitas a campamentos de los insurgentes sudamericanos.

En el rancho El Sol, en Tanhuato, nada de lo anterior fue observado. Los supuestos delincuentes fueron sorprendidos y no hubo una reacción que mostrara el adiestramiento que se ha señalado, por ello, algunas voces han señalado que tal vez los abatidos no pertenezcan a la nueva generación, sino a la referida banda local de Los Guerrero sin nexos con el cártel jalisciense.

Las declaraciones de Monte Alejandro Rubido para descartar la masacre lo llevaron a decir que los agentes que participaron en la Tinaja de Vargas son gente preparada y capacitada de las fuerzas federales, mientras que los supuestos sicarios no tenían la adecuada preparación y los agarraron dormidos. Entonces ¿los gendarmes federales en Ocotlán, los policías de la Fuerza Única y los militares de Villa Purificación no estaban debidamente capacitados?

LA LETALIDAD DEL EJÉRCITO

El investigador Guillermo Zepeda Lecuona –con más de dos décadas de experiencia en temas de seguridad pública y justicia– expresó su preocupación por el tema de la fuerza letal del Ejército al referir que investigaciones muestran que “mientras las sanciones más severas en el ámbito federal, impuestas por un juez federal van a la baja, las personas abatidas en enfrentamientos con el Ejército van a la alza. Es una fuente criminal que no está pasando por el sistema de justicia”.

El académico aseveró que en los últimos ocho años –en los que se dice que hay una guerra en contra el narcotráfico– “curiosamente las sanciones de menos de un año de prisión por narcotráfico pasaron de cuatro mil a 16 mil y las sanciones de más de siete años de prisión, pasaron de tres mil 700 a dos mil 900; es decir, las penas pequeñas se cuadruplicaron y las penas severas tendieron a la baja”.

Zepeda Lecuona criticó la ley del menor esfuerzo con la que “el Ministerio Público prefiere los casos fáciles y eso es lamentable”, pues esa actitud abona a la impunidad y ése es el contexto en el que florece el crimen organizado como industria.

“La estrategia es muy importante, pero si el contexto de decisión política tiene atados los efectos y el impacto de estas políticas públicas, pues la impunidad se garantiza en el más alto nivel y dejan impotentes las acciones que en su diseño parecían acertadas”, señaló el investigador del ITESO.

Las propuestas de solución a la problemática no abundan, pero Guillermo Zepeda estima que “hay que apostar por las instituciones, fortalecerlas y para eso hay que depurarlas a fondo. Ojalá y se dieran casos como en Chile, como en Costa Rica, en que los casos de corrupción de más alto nivel exhibida, enjuiciada y sancionada, para terminar con estos cimientos carcomidos de la confianza pública y sobre todo el deterioro de las instituciones”.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA /  01 de Junio del 2015 a las 12:00:38)