TUXTLA
GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Pobladores de los municipios de Chenalhó, Teneja,
Solistahuacán, Simojovel e Ixtapa volvieron a salir a las calles para protestar
contra sus respectivas autoridades por el presunto desvío de recursos, abuso de
autoridad e incumplimiento de obra pública.
Además,
mantienen retenidos a funcionarios municipales para hacerse escuchar.
Las
manifestaciones comenzaron desde el pasado sábado 7. Ese día, habitantes de más
de una docena de comunidades e integrantes de diversas organizaciones políticas
y sociales se dieron cita en la cabecera municipal de Chenalhó, para exigir que
el alcalde José Arias Vázquez aclare el uso y destino de los recursos públicos
destinados a la construcción de caminos, puentes, sistemas de agua potable y
construcción de espacios públicos.
El
alcalde no dio una respuesta satisfactoria a los pobladores, por lo que éstos
realizaron una asamblea un día después en la cabecera municipal y lo
desconocieron.
No
contentos con ello, habitantes del ejido Puebla retuvieron al alcalde, al
síndico y al tesorero de la comunidad.
En
Tenaja, que se rige por usos y costumbres, el pueblo decidió sustituir al
alcalde Esteban Guzmán Jiménez por supuesto desvío de recursos del erario, y en
su lugar nombraron a Antonio Sántiz Guzmán.
Los
diputados del Congreso local informaron que el oficio de destitución se turnará
a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales “para su análisis y
dictamen procedente”.
En
Pueblo Nuevo Solistahuacán, alrededor de 3 mil personas salieron este lunes a
las calles para protestar contra el nuevo consejo municipal nombrado por el
Congreso local, a propuesta del PRD y PVEM.
Los
inconformes señalaron que los funcionarios impuestos son gente de alcalde
destituido y actualmente preso, Enoc Díaz Pérez, acusado de los delitos de
tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y asociación
delictuosa.
Incluso
detallaron que la nueva presidenta del consejo municipal, Alejandra Maldonado,
es esposa de uno los guaruras de los 18 servidores públicos que se encuentran
prófugos, además de que tiene como asesor a Emilio Hernández, el mismo que
trabajaba con Díaz Pérez.
Precisaron
que otro de los nuevos integrantes del consejo municipal, Juvencio Ruiz, era
operador del exalcalde preso en la comunidad de Las Palmas, donde continúa como
comisariado ejidal.
En
el municipio de Simojovel, el pueblo creyente anunció que ante la situación de
violencia que priva en la región y en protesta por la corrupción, complicidad e
impunidad de las autoridades, del 23 al 26 de marzo harán peregrinaciones a
esta capital.
Clérigos
y religiosos del pueblo creyente de la parroquia de San Antonio de Papua han
realizado en Simojovel al menos cinco marchas para exigir seguridad en ese
poblado ubicado al norte de Chiapas. Como respuesta han recibido nuevas
amenazas de muerte y la omisión gubernamental.
Los
pobladores de ese municipio denunciaron que ha sido tal la impunidad que el 27
de octubre pasado tres jóvenes del Barrio Belén, quienes forman parte del
equipo de guaruras de Ramiro y Juan Gómez –presuntamente vinculados con la
delincuencia organizada en la región–, entraron al templo cortando cartucho con
pistolas calibre 38.
El
pueblo creyente de Simojovel señaló que en la comunidad gobierna la corrupción
y que detrás del rechazo del alcalde Javier Guzmán Hernández para cerrar las
cantinas del municipio, hay grandes intereses como el tráfico de drogas.
En
Ixtapa, otro municipio indígena de Chiapas, los pobladores se inconformaron
contra su alcalde, José Antonio Ochoa Aguilar, después de que se dio a conocer
que la Contraloría Interna del ayuntamiento detectó un presunto desvío de
recursos públicos por más de 37 millones 940 mil pesos por obras “fantasmas” y
pagos de salario a “aviadores”.
Con
documentos que prueban sus dichos y luego de que el síndico municipal, Gregorio
de Jesús Sánchez Ramírez, solicitó una auditoría, se concluyó que Ochoa Aguilar
ha ejercido indiscriminadamente esos recursos, en colaboración con el tesorero
municipal, Lenin Roosevelt Bautista Orantes, quien realiza el papeleo para
justificar el pago excesivo.
Ejemplo
de este gasto injustificado es la supuesta construcción de caminos “saca
cosechas” con un costo de 760 mil pesos, de los cuales no hay evidencia de su
ejecución, pero ya fueron pagados.
Otros
municipios como Tila, Yajalón, Chiapa de Corzo y Tapachula, entre otros,
también han tenido conflictos con sus alcaldes.
(PROCESO/
ISAÍN MANDUJANO/ 9 DE FEBRERO DE 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario