El
secretario de Gobernación ofreció al presidente Enrique Peña Nieto su renuncia
para que tuviera en sus manos el documento y dispusiera de ella en el momento
que la coyuntura lo requiriera, a fin de darle un margen de maniobra política
ante el desgaste sufrido en el último trimestre de 2014. El de Hacienda se
tragó sus palabras que caída de los precios del petróleo no afectarían las
finanzas públicas y presentó un ajuste al gasto público. Los dos pilares del
Presidente, brazos operativos de Peña Nieto en el Gabinete, actúan como lo que
son, subordinados. Importante recordarlo porque se piensa que no hay nadie más
poderoso que ellos en el Gabinete, con la sola excepción de Gerardo Ruiz
Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Viejo
amigo del presidente, Ruiz Esparza parece tener licencia para hacer todo,
inclusive daño sobre Peña Nieto, sin que su vida se altere. Lo contradice,
afirma que las decisiones presidenciales van contra el interés de la nación, lo
reta y, lo más reciente, sugiere con sus declaraciones que el presidente viola
la ley. Lo último hecho por Ruiz Esparza contra Peña Nieto fue este martes,
cuando ante la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información de
que la Presidencia tenía que dar a conocer el documento que da cuenta de la
instrucción del Ejecutivo para cancelar la licitación del tren rápido
México-Querétaro, la Secretaría a su cargo dijo que no existe.
En
un comunicado dado a conocer el martes, se informó que Ruiz Esparza propuso el
6 de noviembre al presidente Peña Nieto dejar sin efecto el fallo de la
licitación que le otorgaba la obra de 60 mil millones de pesos a un consorcio que
armó el viejo amigo de ambos, el empresario Juan José Hinojosa, donde la
empresa fuerte, que iba a financiar sobre el 85% de la obra, era China
Railways. Según el boletín de prensa, el Presidente “manifestó su conformidad
con la propuesta del secretario” y se procedió a cancelarla.
Lo
que oficialmente señala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una
atrocidad en cualquier sistema democrático. El Presidente decidió, por así
convenirlo con su secretario, según el dicho de Ruiz Esparza, cancelar una
licitación? Fue una decisión cupular sin cobertura legal, por lo que, en
palabras del secretario a través de ese comunicado, el Gobierno se maneja al
margen de la ley, bajo criterios de un régimen autoritario donde las decisiones
son personales y las restricciones legales se manejan discrecionalmente. Si no
existe el documento sobre la cancelación de la licitación, como informó la
Presidencia al IFAI, es el secretario que embarró legal y políticamente al
Presidente.
Si
en el gobierno peñista existiera la convicción del cumplimiento con la ley,
tendría que haber un documento de cancelación de la licitación, sustentado en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece
en su artículo 47 la posibilidad de que “si la dependencia o entidad no
firmarse el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de
la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin
incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En
este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante,
cubrirá los gastos no recuperables en que se hubiere incurrido para preparar y
elaborar su proposición”.
Si
el documento no existe, el presidente y su secretario están en un problema
serio porque cancelaron una licitación sin sustento jurídico. Ruiz Esparza ha
sido consistente en su reconocimiento que la ilegalidad es parte de su espacio
natural desde hace más de dos meses. El 6 de noviembre, el secretariodefendió
con vehemencia en el Senado la obra y el proceso de licitación del tren rápido.
“Nadie se inconformó”, dijo. “Al contrario, se tienen cartas de conformidad de
tres de los principales oferentes”. Horas después, se presentó en El Noticiero
de Televisa para anunciar que el presidente había revocado la licitación para
“dar más transparencia y más claridad”. Al día siguiente, el secretario declaró
en Radio Fórmula que cancelar la licitación “quizás no sea lo mejor para
México… pero sí para que no haya cuestionamientos de ningún tipo”. La realidad
es diferente, y los cuestionamientos provocaron que frente a las denuncias
sobre conflictos de interés y corrupción en su gobierno, el Presidente
designara a un secretario de la Función Pública, para que eche a andar acciones
ejecutivas para instaurar declaraciones de intereses de funcionarios públicos,
desarrollar mecanismos más amplios y profundos de transparencia, e investigar
los posibles conflictos de interés en los que pudieran haber incurrido él o miembros
del Gobierno.
El
nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, ya dijo que revisará
la adjudicación de la obra pública, que recae en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes,para determinar si existen o no conflictos de
interés. Si Andrade trabaja con integridad, tendrá en Ruiz Esparza el mejor
caso dentro del Gabinete para demostrar que el encargo del Presidente va en
serio. El desprecio del secretario de la ley es el punto de partida para
determinar si sólo existe ceguera jurídica –no justifica que viole la ley-, o
hay bases para determinar que las culpas que carga Peña Nieto son suyas. Desde
principios del sexenio, el nepotismo empresarial del gobierno peñista ha sido
una crítica sostenida, y se concentran en Comunicaciones y Transportes, el
reino de quien hasta ahora es un secretario impasible.
(ZOCALO/
COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 09 DE FEBRERO 2015)
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