Diversas
organizaciones han cuestionado las investigaciones de la PGR.
Ciudad
de México, 8 febrero (SinEmbargo).– Las dudas que los mexicanos tienen sobre la
“verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), que
asegura que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero,
el 26 de septiembre de 2014, fueron ejecutados, calcinados y sus restos
arrojados al río, son también una expresión contundente de las dudas que
sienten hacia el propio gobierno que “ha perpetrado incontables transgresiones
contra el pueblo mexicano y la ley en los últimos años, que casi nunca son
castigadas”, plantea en un reportaje del reconocido periodista Francisco
Goldman, publicado en The New Yorker.
Goldman
es un escritor con un fuerte reconocimiento en Latinoamérica y una sólida
reputación en Estados Unidos. “Crisis en México: ¿quien es realmente el
responsable por la desaparición de los 43?”, es el título de su quinta entrega
sobre la reciente agitación en México, de una serie que ha sido publicada por
la prestigiada revista neoyorquina, en la que ha dado puntual seguimiento al
país que ha quedado después del 26 de septiembre.
“El
27 de enero, Murillo Karam celebró otra gran conferencia de prensa intentando
darle un cierre al caso [...] justo un día después de la protesta masiva en la
Ciudad de México que había demostrado que los mexicanos no estaban dispuestos a
dejar que los estudiantes de Ayotzinapa se desvanecieran de la memoria”,
recuerda Goldman en su texto.
Detalla
cómo diferentes organizaciones sociales internacionales y nacionales, e incluso
el mismo equipo de peritos forenses argentinos –contratados por el propio
gobierno federal– y científicos e investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), han cuestionado la versión en la que el Procurador
General Jesús Murillo Karam y el titular de la Agencia de Investigación
Criminal Tomás Lucio Zerón aseguraron que las líneas de investigación en el
caso Ayotzinapa estaban agotadas y que los estudiantes fueron asesinados.
Dentro
de las 24 horas luego de la conferencia de prensa, continúa Goldman, la
organización Amnistía Internacional, la Oficina de Washington para América
Latina, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, y más de
70 grupos cívicos mexicanos condenaron lo que ellos interpretan como otro
intento político motivado por el gobierno de México para dejar atrás el caso
Ayotzinapa.
En
tanto, Kerry Kennedy, del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los
Derechos Humanos, dijo: “Es una afrenta a las familias de los desaparecidos
cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta, tales como el
posible papel de los militares”.
“No
es una verdad histórica”, respondió al día siguiente José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch. “Es una versión oficial”,
afirmó.
También
Goldman se cuestiona: “¿Dónde están los dos camiones en la que los estudiantes
fueron supuestamente transportados al vertedero, y que presumiblemente estarían
plagados de ADN y otras pruebas de sangre?”.
“Muchos
se preguntan por qué el Gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre
Rivero, ex peso pesado PRI [Partido Revolucionario Institucional] y amigo de
Peña Nieto, quien estaba directamente vinculado en las noticias de corrupción
en Iguala y a la esposa del Alcalde Abarca, no ha sido detenido o investigado.
(Fue, sin embargo, obligado a dimitir.) ¿Y por qué, finalmente, la prisa por
cerrar el caso? ¿Por qué la insistencia en la completa inocencia del Ejército,
cuando se sabe que tuvieron al menos un encuentro agresivo con los estudiantes
esa noche? ¿Por qué no hacer frente a las crecientes críticas y expresiones de
escepticismo internacional directamente, y permitir una investigación sobre el
posible papel del Ejército?”
Y
continúa: “Las dudas de que los mexicanos y otros tienen acerca de las
conclusiones del gobierno en el caso son también una expresión contundente de
las dudas que sienten hacia el propio gobierno mexicano, no sólo del
Presidente, sino a las autoridades oficiales de todos los niveles que han
perpetrado incontables transgresiones contra el pueblo mexicano y la ley en los
últimos años, que casi nunca son castigados”.
Dudas
que apuntan, dice Goldman, a las recientes acusaciones de corrupción contra
Peña Nieto, que implican posibles conflictos de interés financieros, o al
menos, “de mansiones que se venden a la esposa del Presidente y su Ministro de
Finanzas [Luis Videgaray] por un contratista que ha recibido contratos
gubernamentales lucrativos”.
Aunado
a ello, agrega el periodista, está el hecho de que, en junio pasado, los
soldados mexicanos masacraron a 22 jóvenes que según ellos eran traficantes de
drogas, en un almacén en Tlatlaya, Estado de México. “Los grupos de derechos
humanos y periodistas expusieron el intento del gobierno de encubrir el
incidente”, caso que ha detonado incluso críticas y cuestionamientos de la
prensa que por lo general apoya al gobierno.
Detalló
que diversos diarios nacionales han planteado que el problema en el país es
político y jurídico, al igual que las soluciones.
Un
gobierno de otro tipo podría no necesitaría de afirmaciones vehementes de su
Procurador General si la investigación hubiera sido exhaustiva y honesta, pero
en el caso de los cuarenta y tres ha sido sometida rápidamente a la burla,
dice.
Incluso
cita que Jorge Castañeda, en su artículo de opinión del diario Milenio, expuso
el crítico escenario del gobierno: “En el fondo, el problema [es] político, no
jurídico. Según las encuestas, nadie cree que el gobierno: no se trata de
Aytozinapa, o alrededor de Tlatlaya, o acerca de la mansión blanca, o cualquier
cosa. El problema de la credibilidad del gobierno … excede el alcance de
Ayotzinapa y los escándalos.
También
destaca el que un diario como El Universal, que ha sido defensor del gobierno,
haya planteado el 18 de enero pasado: “El problema es que la falta de
credibilidad de las instituciones mexicanas ha llegado a tal nivel que incluso
cuando los intentos de la transparencia y el rigor son genuinos, persisten las
dudas. “El público sólo será convencido
de la imparcialidad y la credibilidad de las investigaciones del gobierno
cuando los que se encuentran frente a las consecuencias políticas y jurídicas
de sus farsas”.
“El
problema es político y jurídico, y también lo son las soluciones”, reitera
también Goldman.
Además,
recuerda, “ahora las familias de Ayotzinapa tomaron su acusación sobre la
investigación negligente de los crímenes cometidos en contra de sus hijos y la
llevaron a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas”.
“El
problema judicial del gobierno se convirtió en político, primero a través de
sus propios errores expuestos, y, sobre todo, a través del gran despertar de la
opinión pública mexicana. El movimiento ha creado un vacío político que ahora
debe de alguna manera, poco a poco, rellenar; o, como al Padre Alejandro
Solalinde, quien ha surgido como líder de los derechos humanos y la voz cívica
de oposición en México, le gusta decir, ‘para re-imaginar… reinventarse’. El sacerdote
dijo recientemente en una audiencia en un foro en la UAM Xochimilco, en la
Ciudad de México: ‘Estoy hablando de una revolución pacífica…. Tenemos que
informar a la gente y contribuir a la organización desde abajo, y lo hacemos
sin escondernos; debemos ser abiertamente subversivos y decir al sistema: no te
queremos… que desde abajo comencemos a organizarnos para reinventar este mal
gobierno’”.
(MONITOR
GUAYMAS/ Sin embargo/ Redacción/ 09 de
febrero 2015)
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