Acusan a políticos de despojar a campesinos y robar a canadienses
Las Grullas, Ahome.- “Que vengan esos cabrones para colgarlos del
árbol más alto, pinches rateros, pinche gobierno corrupto que tenemos,
incluyendo al tal Malova”, estalla Domingo Díaz Leyva, un
ejidatario de esta comunidad que fue timado por políticos
priistas-malovistas para despojarlo de la isla de La Piedra y de La
Lechuguilla, en donde se construiría El Cancún Sinaloense.
A los que el campesino llama rateros son ahora encumbrados políticos:
Bernardo Xavier Cárdenas Soto, subsecretario de Normatividad e
Información Registral del gobierno de Mario López Valdez (Malova);
Humberto Javier González Díaz, secretario particular del alcalde electo
de Ahome, Arturo Duarte García y aparente cabecilla de los supuestos
vivales; Everardo Moreno Cruz, precandidato del PRI a la Presidencia de
México en el 2006 y ex magistrado unitario supernumerario de los
Tribunales Agrarios, y Juan Carlos Estrada Ayala, ex director de
Promoción Económica en Ahome. Entre todos maquinaron apropiarse de un
proyecto valuado en más de 350 millones de dólares que se construiría
aquí, en mil 395 hectáreas de playa, acusa.
Don Domingo no es el único robado. Junto con él hay 351 campesinos
más. Y tampoco son los únicos, porque a la par de ellos, hay
inversionistas canadienses estafados, cuyo dinero birlado supera los
tres millones de dólares canadienses, según estimaciones de Michael
Robatzek, director financiero de Marina Development Playa Cortes, quien
suma en el monto las utilidades de la inversión pagaderas al 2013.
Robatzek afirmó que Cárdenas Soto, González Díaz y Moreno Cruz
crearon la empresa BEH Development and Consulting S.A. de C.V., con la
que los estafaron.
El representante de estos lo era González Díaz, quien recibió 555 mil
dólares durante los años recientes para que cerrara el contrato de
arrendamiento o venta de los predios ejidales La Lechuguilla e Isla La
Piedra con los ejidatarios.
González nunca dio avances del proyecto y justificó el gasto de
dinero en sobornos a funcionarios federales, estatales y locales. Entre
esos sobornos, reportó el alquiler de prostitutas en borracheras para
esos funcionarios. Cuando fue ajustado para explicar la contabilidad,
desapareció. Nunca respondió a correos electrónicos. Y por ello
iniciaron su investigación, expuso el canadiense, que reveló la gran
estafa.
Para recuperar el dinero, el inversionista recurrirá a tribunales
penales federales, fiscales, agrarios e internacionales y llamará a la
justicia a los funcionarios del gobierno de Malova. Ya contrató
dos despachos de abogados, uno en Los Mochis y otro en Monterrey y está
por cambiar su residencia a la primera ciudad.
Ricardo Torres Reyes, ex comisariado ejidal, recuerda la estafa que
Humberto González cometió con el ejido utilizando los dólares
canadienses. “Después de muchas promesas incumplidas, convenció a los
ejidatarios para que las isla la aparcelaran, y obtuvo el acta de
asamblea del 12 de julio del 2009. Eso lo logró a cambio de 10 mil
pesos para unos cuantos campesinos, al resto les entregó tarjetas de
Scotiabank, pero sin dinero. Dio unas computadoras que nunca sirvieron,
lavadoras y refrigeradores que funcionaron solo unos meses, rifó una
motocicleta y embriagó a los campesinos”.
Don Domingo aún guarda esa tarjeta. Lo hace con una sola esperanza:
encontrarse con Humberto González o con los funcionarios malovistas.
“Para metérselas por donde les quepa”, dice.
Dos años después de aquella asamblea, en el 2011, aparecen en el
ejido como dueñas del predio Bahía Lechuguilla, Magda Meléndrez Muñoz,
título 6142, la ex secretaria del Comisariado Ejidal en tiempos de
Ricardo Torres Reyes, Olga Lidia Rodríguez Gastélum, título 6143, María
Guadalupe Rodríguez Gastélum, título 6144 y Evangelina Robles Armenta,
título 6145. Todas ellas tienen varias similitudes: eran representantes
de 43 ejidatarios, son solteras y dueñas absolutas de 261.37 hectáreas
cada una y obtuvieron el título de propiedad el mismo día: 9 de
noviembre del 2011; además, todas firmaron un contrato de compraventa
con Humberto González bajo cláusula de rescisión millonaria y también
desaparecieron del ejido. Excepto Olga Lidia, que ahora vive como apestada.
Sin embargo, una quinta fracción de la isla no quedó en manos en
Humberto González porque el grupo se negó a negociar con él, hartos de
tantos engaños, y pretendían que fuesen los canadienses mismos quienes
cerraran el trato. Eso no ocurrió, hasta ahora.
Alfredo Torres Robles, a través de su abogado, afirma que se negaron a
firmarle a González porque “ya sabíamos que nos iba a chingar, pero se
la peló”.
Tras la estafa y la burla de González a los ejidatarios, quien les
dijo: “Háganle como quieran, ya están fritos”, el grupo de Torres Robles
comenzó la batalla legal. Han logrado varios éxitos y algunos fracasos,
pero han encontrado un resquicio por el que consideran pueden anular
las operaciones fraudulentas de Humberto González y sus políticos
secuaces, y llevarlos a todos a la corte, a un tribunal, para que sean
castigados por vivales. Solo que requieren dinero para los trámites.
Robatzek, el jefe de inversiones de La Piedra, les responde: cubrimos
gastos, pero vamos juntos en el negocio: recuperar bahía La
Lechuguilla, devolución de los dos millones de dólares, renegociar el Cancún Sinaloense y comenzar la construcción, si no en este gobierno protector de corruptos, sí en el siguiente.
Los ejidatarios se unen en esos objetivos
José Humberto Leyva Hernández clama por la ayuda de los canadienses para combatir a los chilangos
rateros, refiriéndose a Humberto González y a Everardo Moreno, y
combatir a los políticos pillos, por Bernardo Cárdenas y Juan Carlos
Estrada. “Por nuestra ignorancia los fregaron, defiéndanos de ella.
Hagan lo que tengan que hacer para recuperar lo nuestro. Y si este
gobierno de Malova no responde, atáquenlo con el suyo, pero recuperemos los que nos robaron”.
Antonio Torres Reyes, actual comisariado ejidal de Las Grullas y
quien retomó el caso de La Lechuguilla, contento por el resultado de la
asamblea, comentó: “Ah, ya va saliendo el peine”.
Bernardo Xavier Cárdenas Soto, subsecretario de Normatividad e
Información Registral del gobierno de Mario López Valdez y Humberto
Javier González Díaz, secretario particular del alcalde electo de Ahome,
Arturo Duarte García, no respondieron a las peticiones de entrevista
con el reportero sobre el caso La Lechuguilla.
Los asesinatos por La Lechuguilla
La bahía La Lechuguilla ya era considerada un paraíso terrenal desde
antes que los inversionistas canadienses se fijaran en ella.
Melecio Torres Reyes, padre de Alfredo Torres Reyes, era en 1982
presidente del Comisariado Ejidal de Las Grullas, y quería cambiar el
uso de la tierra de la Bahía Lechuguilla para convertirla en zona
hotelera.
Fue a la Ciudad de México a concluir los trámites y allá lo
asesinaron. “Él llevaba ese solo asunto, que importaba solo al ejido, y
lo mataron”, dice su hijo, que ahora lucha contra Humberto González y
los políticos corruptos. “No tenía enemigos”, recuerda.
Tras escucharse el asesinato de Melecio, surgen las especulaciones.
Dicen que otro asesinato posiblemente relacionado con La Lechuguilla
lo es el de José Ernesto Dillón Rico. Este era subdelegado del Registro
Agrario Nacional en Sinaloa en el 2010. El 18 de octubre de ese año, en
su casa del fraccionamiento Villas del Río él fue asesinado a
quemarropa.
Quienes saben de la historia de los títulos de propiedad de la bahía
La Lechuguilla afirman que se le prometieron diez hectáreas en la zona
de playa a cambio de los papeles. Cuando lo acordó, días después lo
mataron.
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