México, DF.- “Las confesiones del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien según la Procuraduría General de la República vendió en miles de dólares a los Cabrera Sarabia, una de las células del Cártel de Sinaloa, no existen (es decir, son falsas)”, sostiene Juan Carlos de la Barrera Vite, preso desde hace un año en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
Y arguye: “Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque) me negué a
fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al
gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos
testigos protegidos de claves: Libre y X”.
De la Barrera Vite trabajó con Morales, cuando la funcionaria era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO). Ella, dice, lo nombró en junio de 2010 como responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.
La farsa
Con la detención de De la Barrera, el 29 de julio de 2012, al final de su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran golpe contra el crimen organizado.
La PGR anunció, incluso, que con esa captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la misma Procuraduría, que presuntamente operaba para el cártel de Sinaloa.
Aun cuando las supuestas declaraciones del “Grande” no están contenidas en la causa penal 57/2012 “en un año la PGR no ha podido integrarlas”, De la Barrera sigue preso y, según el expediente, hasta ahora no ha habido una sola audiencia, porque, aduce la Procuraduría, “la vida de los testigos protegidos peligra”.
De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales, “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de Gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad, para que “con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas” presionáramos a testigos protegidos y a detenidos, para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”.
La entrevista se realiza vía telefónica a través de una línea de Telmex “cualquier otra está prohibida en el Cefereso 3, Noroeste, donde De la Barrera está internado. Le autorizaron sólo 10 minutos.
–Deme nombres –le dice la reportera.
“Gregorio Sánchez, ex alcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña Nieto.
“¿Qué tenían en contra de Peña Nieto?
“Abrieron un acta circunstanciada en la Coordinación General A, la tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a averiguación previa. Desconozco el sustento de la misma. Esto inició en 2010. Morales quería concentrar el control en caso de que el PAN bajara en las encuestas.
Según el entrevistado, él nunca comulgó con la forma en que trabajaba la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos indicaba cómo explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los asuntos”.
Morales “quien desde mayo pasado es cónsul en Milán, Italia” “era una persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos fuéramos. Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la Oficialía de Partes por los motivos que le comento”, señala De la Barrera.
¿Se siente un chivo expiatorio?
“Sí, por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen los agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la SCJN Sergio Valls “con quién él trabajó anteriormente”. Esto es raro, ya que el ministro y ella tenían muy buena relación.
Trascurridos los 10 minutos se corta la llamada.
Declaraciones falaces
Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondea la idea de su esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una cita”.
Relata: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los jueces para “sacar” los asuntos. Él se negó”.
Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló. “Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”, añade. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área de Recursos Humanos.
“El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narra su esposa: “Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando me dice “¡Me persiguen!”. ¿Quién? ¿Y los niños? “le pregunté.
“Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos “de nueve y seis años” en casa de una vecina. Estaban desconsolados. Los vecinos anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron”.
Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos Suburban de los MP.
“Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste, en Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? “le digo.
“Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada”.
El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije, acusado de vender declaraciones que hizo “El Grande” contra los hermanos Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, “El Calentura”, del Cártel de Sinaloa”.
Juan Carlos le comentó que esa declaración no existe: “Como fiscal “dice”, mi esposo tomó la declaración al “Grande” y a “La Barbie”. Hasta que Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella quien convenció al “Grande” para que declarara por consigna, a cambio de convertirlo en testigo protegido”.
De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a Víctor Omar.
De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva y después al Cártel de Sinaloa.
A cambio de rendir información acerca de la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La PGR le asignó la clave Libre.
Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí, Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya “este último fue torturado para que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció su hermana Karina Ortega.
De la Barrera Vite trabajó con Morales, cuando la funcionaria era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO). Ella, dice, lo nombró en junio de 2010 como responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.
La farsa
Con la detención de De la Barrera, el 29 de julio de 2012, al final de su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran golpe contra el crimen organizado.
La PGR anunció, incluso, que con esa captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la misma Procuraduría, que presuntamente operaba para el cártel de Sinaloa.
Aun cuando las supuestas declaraciones del “Grande” no están contenidas en la causa penal 57/2012 “en un año la PGR no ha podido integrarlas”, De la Barrera sigue preso y, según el expediente, hasta ahora no ha habido una sola audiencia, porque, aduce la Procuraduría, “la vida de los testigos protegidos peligra”.
De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales, “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de Gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad, para que “con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas” presionáramos a testigos protegidos y a detenidos, para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”.
La entrevista se realiza vía telefónica a través de una línea de Telmex “cualquier otra está prohibida en el Cefereso 3, Noroeste, donde De la Barrera está internado. Le autorizaron sólo 10 minutos.
–Deme nombres –le dice la reportera.
“Gregorio Sánchez, ex alcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña Nieto.
“¿Qué tenían en contra de Peña Nieto?
“Abrieron un acta circunstanciada en la Coordinación General A, la tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a averiguación previa. Desconozco el sustento de la misma. Esto inició en 2010. Morales quería concentrar el control en caso de que el PAN bajara en las encuestas.
Según el entrevistado, él nunca comulgó con la forma en que trabajaba la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos indicaba cómo explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los asuntos”.
Morales “quien desde mayo pasado es cónsul en Milán, Italia” “era una persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos fuéramos. Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la Oficialía de Partes por los motivos que le comento”, señala De la Barrera.
¿Se siente un chivo expiatorio?
“Sí, por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen los agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la SCJN Sergio Valls “con quién él trabajó anteriormente”. Esto es raro, ya que el ministro y ella tenían muy buena relación.
Trascurridos los 10 minutos se corta la llamada.
Declaraciones falaces
Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondea la idea de su esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una cita”.
Relata: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los jueces para “sacar” los asuntos. Él se negó”.
Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló. “Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”, añade. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área de Recursos Humanos.
“El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narra su esposa: “Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando me dice “¡Me persiguen!”. ¿Quién? ¿Y los niños? “le pregunté.
“Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos “de nueve y seis años” en casa de una vecina. Estaban desconsolados. Los vecinos anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron”.
Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos Suburban de los MP.
“Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste, en Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? “le digo.
“Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada”.
El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije, acusado de vender declaraciones que hizo “El Grande” contra los hermanos Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, “El Calentura”, del Cártel de Sinaloa”.
Juan Carlos le comentó que esa declaración no existe: “Como fiscal “dice”, mi esposo tomó la declaración al “Grande” y a “La Barbie”. Hasta que Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella quien convenció al “Grande” para que declarara por consigna, a cambio de convertirlo en testigo protegido”.
De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a Víctor Omar.
De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva y después al Cártel de Sinaloa.
A cambio de rendir información acerca de la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La PGR le asignó la clave Libre.
Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí, Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya “este último fue torturado para que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció su hermana Karina Ortega.
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