Sin Embargo
México.- La cifra
que los legitima, es fría y contundente: 95% disminuyó el índice delictivo en
la montaña y la costa chica de Guerrero desde que crearon, hace 18 años, el
Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, compuesto por 700 policías que
prestan servicio de manera gratuita para proteger a más de 300 mil habitantes.
Antes de la Policía
Comunitaria reinaba el caos: asaltos indiscriminados, mujeres y niñas violadas
delante de sus padres y esposos; ejecuciones, robos, narcomenudeo…
Los culpables no
eran detenidos y en los pocos casos que había arrestos la corrupción y el
inoperante sistema de justicia liberaba a los delincuentes. Las comunidades
indígenas afectadas por esta ola de “violencia despiadada” decidieron
organizarse para combatirla con un sistema de seguridad propio.
Cada comunidad
eligió un grupo de policías coordinados a la vez a nivel regional por un Comité
Ejecutivo. Fue así como nació la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), nombrada en Asambleas Regionales, cuyo objetivo se centra
en la procuración y administración de justicia, basado en un reglamento interno
derivado de las formas indígenas de resolución de conflictos.
75 COMUNIDADES, 75 POLICÍAS
“Las policías
comunitarias son legales. Históricamente han formado parte de la estructura
organizativa de los pueblos.
Están protegidas por
el derecho internacional, en el convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas
y en la Constitución Mexicana, en el Artículo 2, “que establece que, los
pueblos como parte de su autonomía, pueden decidir sus formas internas de
convivencia y organización social, aplicar su propio sistema normativo en la
resolución de sus conflictos, y elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas sobre la seguridad y sus representantes”, dice
Francisco López Bárcenas, abogado especializado en Derecho Indígena y miembro
de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Autor de una
veintena de libros, el más reciente, “Autonomía y Derechos Indígenas en
México”, explica que las policías comunitarias datan del siglo 19 y hay grandes
ejemplos, como la guardia tradicional Seri, una policía armada que aún cuida el
territorio de los indígenas Seris de Sonora que habitan en El Desemboque,
Pitiquito y Punta Chueca en el municipio de Hermosillo. Otras de las primeras
policías comunitarias fueron la Guardia Tradicional Yaqui y la Guardia Maya de
Chan Santa Cruz, que guió a los mayas en su lucha en 1847: “Son ejemplos de
policías comunitarias históricas que tienen vigencia actualmente. Podemos unir
todas las policías que hay en los pueblos y son muchas”.
De hecho, según
estimaciones, más de 75 comunidades indígenas tienen policías comunitarias. La
Secretaría de Gobernación hasta ahora ha contabilizado 17, sólo en Oaxaca y
Guerrero. Aunque la existencia de las policías comunitarias es antigua, en las
últimas semanas el tema ha causado polémica.
María Elena Morera,
presidenta de Causa en Común, y Alejandro Martí García, presidente de la
Fundación México SOS, rechazaron a las policías comunitarias ante el riesgo de
que se conviertan en grupos paramilitares: “Por supuesto que no estoy a favor
de eso, porque si cada quien puede regirse por la ley que quiere, ¿qué México podemos
esperar? Se puede convertir en un tipo de paramilitares”, dijo Morera.
Sin embargo, para el
Centro Miguel Agustín Pro, la presencia de las comunitarias está justificada
por la falta de seguridad en diversas regiones del país: “Las autoridades no han
atendido debidamente las medidas de seguridad por parte de las autoridades
federales, estatales y municipales”, afirmó su director José Rosario Marroquín.
El incremento de los
grupos de autodefensa en los últimos meses ha generado una controversia inusitada,
como si el fenómeno fuera nuevo: “El movimiento de autodefensa como tal existió
en el siglo pasado con Rubén Jaramillo, un movimiento de campesinos cañeros a
finales de los 40 en Morelos, nacido para enfrentar al cacicazgo local y las
autoridades corruptas”, dice la periodista y escritora Laura Castellanos,
autora de “México armado: 1943-1981”, un libro emblemático que da cuenta de los
movimientos guerrilleros.
Advierte que una
cosa son las policías comunitarias y otra las autodefensas: “Son dos
expresiones de seguridad distintas. Las autodefensas se ubican en un nivel
básico de seguridad para responder a una circunstancia determinada de riesgo o
violencia; mientras la Policía Comunitaria es todo un proceso distinto en el
que son elegidos en asamblea y tienen que dar cuentas, tienen una
responsabilidad comunitario de coordinación y articulación”.
¿AUTODEFENSAS O PARAMILITARES?
El ejemplo del grupo
de autodefensa, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG), en Ayutla de los Libres, está bajo sospecha. Para el abogado López
Bárcenas existe una utilización por parte del Gobernador de Guerrero Ángel
Aguirre Rivero.
La UPOEG inició hace
tres años y muy rápido estableció relaciones con el Gobierno de Guerrero:
“Mientras estuvo gestionando recursos públicos y servicios no tuvo problemas.
Pero desde el 9 de enero comenzaron a realizar acciones de la Policía
Comunitaria con el nombre de la Comunitaria, sin ser miembros. Incluso
comenzaron diciendo que iban contra la delincuencia organizada. Eso molestó a
la Policía Comunitaria”, dice el abogado especialista en derechos indígenas.
Añade: “Lo que hemos
visto públicamente es que han estado muy cercanos al Gobernador de Guerrero,
sin que hayan nacido como parte del Gobierno, el Gobierno ha instrumentado una
estrategia de usarlos, primero para detener el avance de la Policía Comunitaria
y, segundo, de paso, para desprestigiar el derecho de los pueblos indígenas,
ahora que han aparecido otra vez los zapatistas”.
–¿La UPOEG se puede
convertir en una organización paramilitar?
“Exacto. Ese es un
peligro de los grupos de autodefensa, derivar en paramilitares si el Gobierno
los coopta y los lleva a su lógica.
“La UPOEG ha estado
en el centro de la controversia. El coordinador de los diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, ha criticado
a los gobernadores de los estados donde operan las autodefensas: “Los gobernantes
de esas entidades deben, con preocupación y responsabilidad, atender las
necesidades de la población, y si no son capaces y suficientes de brindarles
protección, seguridad y justicia a cada una de ellas deberían de replantear en
buena parte el funcionamiento de su gobierno y de ellos mismos”.
El gobernador Ángel
Aguirre contestó: “Manlio Fabio, este, yo pienso que se quedó anclado en el
pasado, se quedó hace 30 años, seguramente que las expresiones que tuvo
responden a su vocación represora, recuerden nada más de dónde se formó y en
lugar de solamente verter críticas sobre algunos estados, o gobernadores, debe
de preocuparse por generar mejores condiciones y mayores recursos para
entidades como Guerrero”.
LA JUSTICIA POR SU MANO UOPEG
La imagen de encapuchados
conduciendo a decenas de detenidos para ser enjuiciados sorprendió. En una
asamblea popular, la UOPEG sometió a juicio a un total de 54 presuntos
delincuentes, que fueron “retenidos bajo resguardo” acusados de distintos tipos
de crímenes. Luego, por intervención del Gobierno, liberó a 11 de ellos.
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) condenó la creación de grupos de autodefensa: “Nada
justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e
intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del Gobierno”,
dice el comunicado.
La advertencia es
clara: si las autoridades de los tres niveles de gobierno no cumplen con su
función esencial de brindar seguridad pública se corre “el riesgo de que estos
grupos armados se extiendan a otros estados de la República: “Existe una línea
muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares
con intereses distintos a la autoprotección, mismos que quebrantan la
estabilidad de las instituciones”.
Los grupos de
autodefensa hacen de legisladores, agentes del Ministerio Público, jueces y a
veces ejecutan penas. “Esta situación resulta sumamente preocupante, puesto que
las violaciones al debido proceso que cometan difícilmente podrán convalidarse
por las autoridades ministeriales o jueces, que eventualmente pueden dejar en
libertad a personas probablemente responsables de delito, abonando a la
impunidad lo que pretendan combatir”.
En la singular forma
de impartición de justicia, las autodefensas y las policías comunitarias
también se distinguen. Para las comunitarias, la impartición de justicia se
basa en un reglamento interno de las formas indígenas de resolución de
conflictos. Se trata de un sistema jurídico autónomo.
La CRAC, por
ejemplo, sanciona todo tipo de delitos, incluidos graves crímenes como
violación, homicidio, tráfico de drogas o secuestro. La Policía Comunitaria
intenta con su particular sistema de justicia la reeducación de los
delincuentes a través de trabajo social a favor de las comunidades. Son
vigilados por los propios policías comunitarios y alimentados por el pueblo.
Luego, las autoridades de la comunidad intentan, a través de pláticas, hacerlos
reflexionar para que cambien sus conductas delincuenciales.
Laura Castellanos,
quien ha estudiado a estas comunidades indígenas, dice que este sistema ha dado
buenos resultados: “Han bajado sus índices de delincuencia más de 90%. Han
logrado separar las dos instituciones de seguridad: una es la Policía Comunitaria
y otra la que realiza las funciones de justicia. No son juez y parte.
“Unos detienen y los
otros que involucran a las asambleas locales y regionales con la estructura
tradicional de cargos indígenas, son los que hacen los juicios y ponen las
sanciones”.
Por ejemplo, comenta
que los delincuentes deben llegar a un acuerdo con las personas a las que dañó
por sus actos. Y si no es posible, entran en un proceso de reeducación donde a
los detenidos los rotan entre diferentes casas de justicia y hacen un trabajo
de servicio a la comunidad.
“Me tocó ver en la
casa de Espino Blanco que en la cocina había un hombre que todas las mañanas lo
sacaban de su celda y se iba a la cocina para ayudar a la señora a hacer las
tortillas.
“Luego me enteré que
estaba preso por borracho y por pegarle a su mujer. Entonces la sanción era
ayudar en la cocina. Y a otros les toca arreglar la escuela, limpiar. Pero es
un proceso no de exclusión, ni denigración; sino de reeducación”.
El boom del
surgimiento de las autodefensas en Michoacán o Guerrero fue en octubre del año
pasado. ¿Por qué hasta ahora ha generado tanta controversia? El abogado López
Bárcenas contesta: “Hubo un vacío dejado por el Gobierno federal. Los pueblos
comenzaron a sentir presión de la delincuencia y se organizaron. Pero de enero
en adelante, cuando aparecen los Zapatistas, el Estado trae una estrategia de
control en doble sentido: no dejar que sigan proliferando los grupos de
autodefensa, pero también usarlas para desprestigiar los Acuerdos de San Andrés
en particular y los derechos indígenas en general”.
Lo más grave,
insiste, es que esto sea utilizado por los estados y surja el fenómeno
paramilitar: “El peligro es que esto vaya derivando como el caso de las
autodefensas colombianas. Sería terrible. ¿A ver quién controla eso?”.
(ZOCALO/ Revista Visión Saltillo/ Redacción/
11/03/2013 - 04:04 AM)
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