Lourdes Díaz López
Chihuahua— Óscar
Estrada, ex director de Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado, y ex
titular de la Conafor en Chihuahua, con 31 años en la actividad forestal, el
pasado 8 de diciembre salió de prisión por falta de elementos que probaran su
culpabilidad en el delito ambiental del que se le acusaba, tras 7 meses
encarcelado.
Decepcionado de la
aplicación de la justicia en Chihuahua, dice no entender cómo duermen
tranquilas las personas que están para aplicar la ley, pero son injustos, como
la jueza Tercero de lo Penal y los MP de la PGR, que llevaron su caso y que
finalmente, tres magistrados y tres jueces, consideraron que no había delito.
Leonardo Sotelo y
Silvestre Anchondo, son los responsables de que estuviera en la cárcel, dice,
además de la juez que determinó que con la sola presunción del delito ameritaba
cárcel.
Leonardo Sotelo y
Silvestre Álvarez Anchondo, estuvieron detrás de la denuncia que lo acusaban de
haber cortado 10 pinos de 120 centímetros de diámetro, dimensiones que asegura,
ni siquiera existen, sabiendo que es delito grave y lo mantendrían en la cárcel
mientras comprobaba su inocencia.
Leonardo Sotelo se
ostentó como el original dueño de los derechos de aprovechamiento forestal, y
Silvestre Álvarez, como el original dueño del predio del ejido Guaynopa, y la
intención era mantenerlo en la cárcel el mayor tiempo posible, buscaban
desesperarlo para que los 22 ejidatarios renunciaran a sus derechos por miedo,
y que le cedieran el predio a Silvestre Álvarez quien hace 33 años lo perdió
cuando la PGR se lo confiscó por hacer uso ilícito de él y lo puso a disposición
de la Secretaría de la Reforma Agraria, misma que a su vez lo convirtió en el
ejido Guaynopa del que Óscar Estrada y otros 21 personas son ejidatarias.
Desde 1982, Álvarez
Anchondo ha intentado recuperar el predio, y se amparó en 4 ocasiones, en 1982,
1984,1986 y 2010, mismas en las que se le negó.
Entre las opciones
que el denunciante buscó para recuperar el predio fue inventar el delito
ambiental contra otras 12 personas, entre ellas gente que ni siquiera era
ejidataria a fin de presionarlos para que renunciaran a sus derechos.
Lo más triste dice,
es que las personas que aplican la ley, no lo hagan con la lógica, pues la
denuncia se presentó en Jalisco y algunos de los supuestos acompañantes en la
tala de árboles de la que se les acusó que cometieron en el 2010 murieron en el
2007, “resulta que me vieron junto con Jesús Manuel Valdés Díaz cortando pinos,
en una fecha en la que éste hombre tenía tres años de haber muerto, pero probar
eso no valió de nada durante el juicio.
También pedimos
carearnos con los denunciantes, los testigos y los supuestos terceros afectados
que son Leonardo Sotelo y Silvestre Álvarez, que ni con la fuerza pública los
lograron presentar nunca.
Para la jueza fue
suficiente la presunción del delito para mantenerme detenido, porque los
delitos ambientales son delitos graves que se persiguen de oficio y no alcanzan
fianza. Interpusimos el amparo de revisión, y el caso estuvo en manos de los
magistrados Jesús Martínez Calderón, José Martín Hernández Simental y Martha
Olivia Tello, quienes consideraron que no había elementos para enjuiciarlo y le
ordenaron a la jueza que lo dejara en libertad, explicó Estrada Murrieta.
Los jueces Segundo,
Octavo y Décimo de lo Penal, tampoco estuvieron de acuerdo con que el delito
existiera, debido a que de los 13 denunciados, 7 se ampararon en alguno de
estos juzgados y a los 7 se les otorgó el amparo, por lo que fueron seis
juzgadores diferentes que sí alcanzaron a ver la lógica del caso, comentó
Estrada Murrieta.
Comenta que durante
estos 7 meses, se dedicó a escribir un libro que tenía años de haber iniciado,
denominado “Ejido El Largo, Historia de un Bosque Eterno”, que cuenta la
historia de 1884 al 2013, el cual será publicado por la organización no
gubernamental “Rain Forest Alliance”.
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