LAS CULPAS DE SLIM EN SINALOA

Emplaza la SCT al dueño del Grupo Ideal a reparar la autopista Culiacán-Mazatlán Alejandro Sicairos Ubicada prácticamente a la mitad de la media nacional sobre la calidad de carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colocó en la lista negra a la autopista Culiacán-Mazatlán, concesionada a Grupo Ideal, propiedad de Carlos Slim.   El concesionario, puesto en la mira de los gobiernos federal y estatal a raíz de la tragedia ocurrida el 6 de octubre por la autopista Culiacán-Mazatlán donde un autobús de pasajeros chocó contra un caballo dejando un saldo de cinco personas muertas y 29 heridas, tiene un plazo de seis meses para realizar las labores de reparación o de lo contrario se les rescindirá el permiso para seguir explotando esa vía. El nombre del magnate de las telecomunicaciones es pronunciado en voz baja entre las autoridades locales de la SCT y del Gobierno de Sinaloa. Si acaso se hace referencia de la firma Ideal (Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina) como responsable de la indemnización a las víctimas del percance. La investigación, realizada también a solicitud del Gobierno de Sinaloa, señala que los 181 kilómetros a cargo de la concesionaria se hallan en mal estado pero el tramo crítico lo ubica del kilómetro 60 al 80, que es la parte ubicada entre Mazatlán y Elota. Según el dictamen técnico elaborado por la SCT, el accidente del 6 de octubre es imputable a un descuido por parte del Grupo Ideal que debe mantener despejados de cualquier tipo de obstáculos los carriles de circulación de la carretera de cuota Culiacán-Mazatlán. Incluso la empresa ha presumido de la instalación de sistemas de videovigilancia a lo largo de la autopista, lo cual debió permitirle localizar el semoviente que provocó que alumnos y maestros del Colegio Panamericano de Culiacán que viajaban en la unidad de StarBus número 1146, placas 117-RK-2, vivieran la desgracia de convertir en tragedia lo que fue planeado como un viaje de estudios a Guanajuato. El parámetro que la SCT utiliza para medir la calidad de las carreteras es de 400 puntos que implica mayor calidad y la autopista Culiacán-Mazatlán acredita solo 280 puntos, abajo del índice aceptable de mantenimiento que reportan las carreteras de México. La dependencia federal hace una evaluación semestral del estado de las carreteras libres y concesionadas. La información obtenida por Ríodoce señala que desde junio de 2012 se emitió una alerta por el deterioro que presenta la autopista Culiacán-Mazatlán y se le dio un ultimátum a Grupo Ideal para que procediera a repararla. Sin embargo fue el reciente 27 de octubre cuando se lanzó el ultimátum al concesionario Carlos Slim, al ocurrir un nuevo accidente que costó la vida de cuatro personas y ocasionó lesiones a otras 26, ahora en el tramo Culiacán-Las Brisas conocido como autopista Benito Juárez, a la altura del poblado Caimaneros, municipio de Mocorito. El peso del apellido   Fueron los abogados de los que perdieron la vida en el primer accidente —dos estudiantes, un maestro, el guía y el chofer del autobús— los que han orillado a las autoridades a exigirle a la concesionaria de la autopista que indemnice a los deudos de las víctimas conforme lo establece el título de la concesión otorgada en 1992. Pero también fue un twitter emitido por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, al conocer el primer reporte del percance, en el cual lamentó el accidente ocurrido en la carretera Mazatlán-Culiacán, el que alentó la investigación de la SCT contra el concesionario Carlos Slim. En cuanto a la actitud que han asumido las autoridades locales, los abogados refieren que “el gobernador Mario López Valdez y el secretario Gerardo Vargas Landeros han sido omisos al dejar que las cosas corran para no entrar en conflictos con un hombre que es considerado el tercero (sic) más rico del mundo y el más acaudalado de América Latina”. “Nosotros les decimos que la ley es la ley y sea quien sea la va a tener que cumplir. Sea como sea estas muertes derivaron de la irresponsabilidad de Grupo Ideal o del empresario Carlos Slim, de ellos es la culpa, pues fueron los que hicieron los compromisos de proteger a los usuarios de la autopista”, dijo uno de los querellantes contra el concesionario de la autopista Culiacán-Mazatlán. Dice que a diferencia del accidente ocurrido días después en Caimaneros, por la carretera Benito Juárez, donde los peritajes señalan que a la camioneta que impactó contra el camión de Autobuses Unidos de Sinaloa le tronó uno de los neumáticos, en el caso del personal del Colegio Panamericano que perdió la vida existe negligencia de parte de Grupo Ideal que tiene la obligación, según el contrato, de garantizar la seguridad de la autopista. En efecto, al referirse a los dos percances ocurridos recientemente por la carretera de cobro que abarcan de Mazatlán a Las Brisas, el gobernador Mario López Valdez declaró que “solo queda rogarle a Dios para que no sigan ocurriendo estos sucesos”. Se refirió al Grupo Ideal, pero no al dueño del mismo. Dijo que “tiene que cumplir con las víctimas de forma voluntaria, pero si es necesario que la autoridad la obligue a proceder como es debido, lo va a hacer”. En las cláusulas del título de concesión otorgado a Grupo Ideal, sostiene el abogado, se establece claramente que es responsabilidad de esa firma conservar en buen estado la Culiacán-Mazatlán “y buen estado significa mantenerla libre de ganado vago”. En este punto es donde la SCT encuentra el incumplimiento de las condiciones pactadas en la concesión, ya que según Grupo Ideal posee un sistema de monitoreo para atender de inmediato cualquier circunstancia que ponga en peligro la vida de los conductores y pasajeros que transitan por la autopista. Kilómetros de miedo   En el otro ranking, el de la carreteras más caras de México, la Culiacán-Mazatlán aparece en los primeros lugares. Al cobrar por 181 kilómetros cuotas de 209 pesos para vehículos livianos compite con autopistas como la Tepic-Mazatlán que cobra 387 por 271 kilómetros o la Maravatío-Zapotlanejo, cuyo peaje es de 431 pesos por un tramo de 322 kilómetros. Pese a ser una de las autopistas más caras del país, la Culiacán-Mazatlán carece de medidas que garanticen la seguridad de los usuarios. Incluso la Policía de Proximidad Social (antes Policía Federal de Caminos) posee infinidad de reportes donde los elementos de la corporación han tenido que arriar el ganado vago para desalojarlo del área de tránsito automovilístico. De igual forma, la presencia de hoyancos ha sido denunciada una y otra vez. El tramo Elota-Mazatlán es el más devastado, según los partes de esta policía, por la existencia de baches de hasta un metro de diámetro y 20 centímetros de profundidad que significan un peligro latente para la circulación vial. El expediente que contiene las revisiones periódicas que realiza el centro SCT en Sinaloa es extenso. También los requerimientos hechos a Grupo Ideal para que subsane las irregularidades. A raíz de los accidentes carreteros del 6 y 27 de octubre en que han muerto pasajeros de dos autobuses, la SCT halló más motivos para la posible revocación de la concesión, dándole un plazo de seis meses para que presente la autopista en condiciones óptimas. Y una más: la Aseguradora Inbursa, que tiene a su cargo cubrir los daños atribuibles al estado de la carretera, se niega a asumir todos los gastos de indemnización. Razones para invalidar Aunque las concesiones para operar carreteras y autopistas se otorgan hasta por 30 años, el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que en cualquier momento pueden ser revocadas existiendo una o más de las causas siguientes: I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos; II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada; IV. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas; V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; VI. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios; VII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; VIII. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a estos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias; IX. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. X. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría; XI. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; XII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; XIII. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos; y XIV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.