La vía corta Tijuana-Tecate para Dimas Campos
En 2008, funcionarios del gobierno del estado pidieron a Carrizo Borge Railways Inc. incluir como socio en la explotación del servicio de carga en la vía férrea, al empresario Dimas Campos, porque había invertido mucho dinero en la campaña del mandatario estatal, José Guadalupe Osuna.
El 2 de enero de 2012, sin concursar ni contar con locomotoras, vehículos ni personal, le entregaron el contrato.
Rosario Mosso Castro
La empresa Baja California Railroad Inc., propiedad de Dimas Campos, recibió de Admicarga un permiso, por lo pronto bimensual, para la operación y explotación de la Vía Corta Tijuana-Tecate.
Su principal competidor, la empresa Carrizo, argumenta irregularidades en el proceso de adjudicación, relacionadas con el dinero invertido por el empresario de carburantes, en la campaña a Gobernador de José Guadalupe Osuna, por lo que abiertamente han tratado de incluir en el permiso, o entregárselo, desde el año 2008.
Cuauhtémoc Cardona Benavides, Secretario General de Gobierno, lo niega, y asegura que se vieron obligados a cambiar de contratistas por problemas de mantenimiento en las vías y circunstancias legales que afectaban la operación de Carrizo Borge Railways Inc. (CZRY) con quien operaban desde el año 2001.
Aseguró que el contrato de Railroad Inc. se le adjudicó después de analizar tres propuestas que se recibieron por invitación. Aunque conforme a los dichos en Carrizo, los invitados no fueron notificados que se trataba de un concurso.
Respecto al favorecimiento por compromiso político-económico declaró: “No quiero entrar en ese juego. El Gobierno del Estado, particularmente yo, no estamos haciendo ese tipo de valoraciones, en cuanto a lo que argumentan de Dimas, te puedo decir que se dice más de Carrizo”.
¿Que ellos pusieron más dinero para la campaña?, pregunta ZETA. “Se dice más de Carrizo”, repitió y agregó: “Aquí nosotros no vamos a favorecer más allá de quien preste un mejor servicio para la operación de vías e intercambio de bienes, ésa es la instrucción del Gobernador”.
Sin embargo, reconoció que en tiempos del fallecido secretario Francisco Blake, se manejó la posibilidad de que Campos ofreciera el servicio.
De entrada, los propietarios de Carrizo piden reglas claras y un proceso transparente en el otorgamiento del próximo contrato para la explotación de las vías, sea por concurso o licitación, dado que no existe ninguna circunstancia extraordinaria que permita o justifique la adjudicación directa.
Y advierten que entregaron el contrato temporal de forma irregular:
- A una empresa que no tiene ni locomotora ni carros de carga.
- E interrumpieron el servicio por más de seis días sin notificar y el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debió solicitarse con tres meses de anticipación.
La versión de Carrizo
Para la CZRY la historia de la intentona de entrega del servicio público a Campos, empieza a finales de 2008, cuando fueron notificados que el contrato original de 25 años se reduciría y el compromiso de la paraestatal con ellos concluiría el 31 de diciembre de 2011, cuando se volvería a concursar. Conformes, se dieron por enterados.
Justificado en un proyecto de modernización de la vía, firmaron un convenio que modificaba el contrato original con el “compromiso verbal” de que este año serían invitados a competir por el servicio al igual que otros proveedores.
En las mismas conversaciones recibieron dos recomendaciones de sus interlocutores del estado, representados por el director de Admicarga, Jorge Octavio Monraz Sustaita. Les pidieron que contemplaran la posibilidad de incluir como socio a Dimas Campos o que le compraran el diesel, fueron claros, querían favorecerlo porque había metido mucho dinero a la campaña del gobernador y querían que se recuperara.
Los permisionarios no vieron mal la sugerencia de entrada y lo citaron en las oficinas del Consejo Coordinador Empresarial; como no manifestó disposición para invertir capital, la sociedad se olvidó; tampoco aceptó ofrecerles un precio atractivo en el combustible, no llegaron a ningún acuerdo.
De acuerdo a datos recabados por ZETA, la inclusión de los Campos en la explotación de las vías era un tema largamente planeado, porque en agosto de 2007 constituyeron una sociedad llamada Ferrocarriles Baja Express S.A. de C.V., para ofrecer transporte de carga y personas por vía terrestre, marítima y aérea. Esto quedó archivado en el Registro público de la propiedad de Baja California.
Baja California Railroad Inc. nació en marzo de 2008, pero ésta no aparece en el RPPC, lo único que se pudo rastrear fue si inscripción en los grupos de ferrocarrileros en California, donde presuntamente presentó una copia de la concesión recibida del gobierno mexicano para explotar la vía corta. Documento que no podía tener, dado que la concesión es de Admicarga y el propietario del contrato era todavía Carrizo Borge Railways Inc.
El 16 de diciembre de 2011, Carrizo recibió el oficio ADMI503/2011 recordándole el vencimiento del contrato y para “asegurar la continua y permanente prestación del servicio” le proponían “la posibilidad de celebrar un nuevo contrato” que vencería el 29 de febrero de 2012”, el día 20 del mismo mes respondieron que estaban muy interesados en continuar prestando el servicio y que elaboraran el convenio para firmarlo.
De acuerdo a la versión del Secretario General de Gobierno, al mismo tiempo fueron invitadas otras dos empresas, incluida la de Dimas Campos.
Después de varias reuniones Admicarga y Jorge Monraz “desconocen” a Carrizo y las condiciones previamente pactadas para continuar el servicio. Lo hacen impidiendo el ingreso del personal de la empresa a las instalaciones de la vía férrea.
Previamente, los desencuentros entre los directivos de CZRY y Monraz se dieron por dinero, Carrizo argumentaba:
-Que si deseaba terminar el contrato debía finiquitar y entregarle los 91 mil 452. 51 pesos que le debía por los servicios prestados de septiembre a diciembre, que no se habían pagado mensualmente como exige el contrato.
- Y además debían entregarles recibos por la retención de 55 mil 678.94 pesos en agosto y 30 mil 271 pesos en diciembre. Recursos que conservó el estado bajo el argumento que serían utilizados en el mantenimiento de la vía. Pero la empresa necesitaba los recibos que acreditaran el pago de servicios y productos para ingresarlos en sus registros fiscales. Admicarga continúa sin entregarlos.
“Para refutar el argumento de que no se cumple con el mantenimiento de la vía, el Carrizo tiene recibos para acreditar lo que se ha invertido, lo que se ha gastado, con la cuadrilla de nuestra empresa y lo que hemos entregado a la paraestatal”, detalló el representante legal de la empresa, Benigno Licea.
Suspensión irregular del servicio
La empresa de Campos no consiguió que los empresarios ferrocarrileros de California le rentaran locomotoras ni carros para prestar el servicio, por la forma en que se dio el cambio de contrato, y porque no se licitó aunque se sabía que varios de ellos estaban interesados.
Consiguió el equipo con una compañía al norte de Estados Unidos, pero tardarán más de un semana en llegar, así que el servicio permanecerá interrumpido.
En su defensa el secretario de gobierno aseguró que en Estados Unidos hay muchas empresas ferroviarias asociadas que controlan todos los intercambios de carros, y nadie es dueño, todos rentan.
Adicionalmente, según explicó Cardona cuando se le cuestionó la interrupción del servicio, Railroad Inc. debe realizar un trámite ante el gobierno de Estados Unidos para darse de alta, que dura más de una semana, y eso fue motivo de la interrupción.
Se le cuestionó que en ese caso debieron iniciar los trámites con mayor anticipación y notificar a la SCT. Además, que se tenía conocimiento por las revistas de las asociaciones ferroviarias de California que Baja California Railroad ya se había dado de alta desde 2008 sin tener concesión. Lo que justificó: “En cada ocasión se debe correr un nuevo trámite”, sin responder el resto de las preguntas.
Los operadores de la vía son del Sindicato de Ferrocarrileros Nacionales, tienen contrato con Carrizo y recibieron la orden desde México de respetarlo.
Sin embargo, aseguran que el 2 de enero recibieron la visita de Jorge Monraz acompañado del secretario Cuauhtémoc Cardona, llevaba a presentarle al señor Dimas Campos para informarles que Baja California Rail Road Inc. sería la nueva permisionaria.
Intentaron contratarlos, les advirtieron de los riesgos de perder las prestaciones y sueldos si se quedaban con la empresa Carrizo porque estaba en problemas y hablaron de las ventajas de apoyarlos. Como se habían quedado con dinero de CZRY podrían garantizarles el sueldo y compensaciones.
La instrucción hasta la primera semana de enero para los empleados era que no trabajarían con la nueva empresa, sin embargo dados los retrasos en los trámites, tendrán más tiempo para pensarlo.
Permisos 2012
Contratos de prestación de asesoría y de apoyo técnico en la operación y explotación del servicio de transporte es lo que el director de Admicarga está facultado a realizar con sus permisionarios desde diciembre de 2001 cuando recibió del gobierno la concesión y la facultad de operarla mediante: “…adjudicación, concurso, invitación o licitación”, según indica su decreto de creación.
El mismo que ordena se haga cumpliendo con las bases técnicas “…de acuerdo a los reglamentos y leyes aplicables”.
Los cuales por control indican sólo pueden hacerse por “economía y eficiencia” o por los argumentos enumerados en los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones. Pero ninguno de los argumentos es aplicable en el caso del contrato de Railroad Inc.
Cardona Benavides refirió deficiencia en el servicio de mantenimiento de parte de Carrizo y pidió que Jorge Monraz lo aclarara, sin embargo ZETA llamó a los teléfonos de oficina y móvil del funcionario, le dejó recados por ambas vías y con su personal, refiriendo el tema, y no respondió. La realidad es que en Admicarga sabían desde diciembre de 2008 que el 1 de enero debía haber cambios y no tomó las prevenciones debidas.
A nombre del estado, Cardona Benavides defendió el permiso otorgado asegurando que: Carrizo sabía que su contrato finiquitaba; Admicarga no está obligado a licitar porque las líneas férreas se rigen por otras regulaciones; además que el permiso es corto; y sí compararon opciones en una especie de concurso por invitación en el que participaron 3 compañías incluida Carrizo.
“Con Jorge Monraz me hiciera valoraciones técnicas de la falta de mantenimiento de vías. Y revisión de propuesta económica con Víctor Adán López.
“No sé qué quieren ellos pero nosotros queremos la empresa que preste el mejor servicio y en esta breve etapa, decidimos por Baja California Railroad porque ya había recorrido camino (permiso solicitado en 2008), es local y le estamos dando la oportunidad”.
Y reiteró: “No se ha dado el contrato definitivo de quién va operar, estamos haciendo una revisión de las necesidades para después analizar propuestas de quien podrá garantizarnos un mejor servicio de largo plazo.
Declaró que será otorgada a la empresa que pueda responder económica y operativamente por el mantenimiento y modernización de las vías, que es en este momento el mayor problema para otorgar el servicio. “La seguridad es nuestra prioridad”.
El subsecretario de la General de Gobierno, Ismael Chacón agregó: “Todas las adjudicaciones y contratos de Admicarga son valorados por SCT”, a lo que ZETA contra argumentó “…pero SCT les valida lo que ustedes envían”.
Sin embargo aseguró que todo se hizo de la manera correcta porque el reglamento contempla que se tomen acciones extraordinarias y temporales si son validadas por la SCT para que el servicio no se interrumpa. Aunque no refirieron cuáles eran las situaciones excepcionales insistieron “se tomaron las providencias… y son temporales”.
Además, para justificar la evasión de la licitación, aseguró que por su conformación, aunque Admicarga es una paraestatal, al ser concesionaria y entregar la prestación del servicio a un tercero, establece contratos del tipo privado, no como ente de gobierno.
Más allá de los dichos, Admicarga es una paraestatal que debe ajustarse a la Ley de Adquisiciones, la cual es clara al instruir que la selección del procedimiento de adjudicación “… deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el sujeto obligado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación. En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios…”.
Y prohíbe pagar o recibir favores políticos. Sin embargo, ahora es cuestión de dar seguimiento al proceso y esperar al próximo 1 de marzo, cuando la nueva empresa ferroviaria reciba finalmente el permiso de explotación de largo plazo.
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