SECUESTRAN A LA UNIDAD ESTATAL ANTISECUESTROS EN SINALOA

 La disputa por el control hace retroceder una década a la Policía Antisecuestros

 Alejandro Sicairos

Al convertirse en rehén de criterios que en el gobierno de Mario López Valdez le han quitado autonomía operativa, apoyos económicos y logísticos, así como la han desviado de los fines para los cuales fue creada, la Unidad Estatal Antisecuestros vive una especie de desmantelamiento, con un saldo estremecedor: en 2011 la comisión de secuestros se colocó casi al mismo nivel de incidencia que existía en 2001 cuando nació esta policía.

 El año recién concluido, de acuerdo con los datos oficiales, reporta la atención a 25 casos de secuestro, cifra que no se registraba desde 2001, cuando el índice de este tipo de delitos ascendió a igual número.

Es decir, en los primeros 365 días del gobierno de López Valdez se retrocedió una década en materia de combate a dicho flagelo. Un diagnóstico elaborado por los mismos agentes de la UEA, a quienes se les cuestionó respecto a la regresión que reporta la estadística de la PGJE en materia de secuestro, establece que es producto de un jaloneo entre las instancias de seguridad pública que pelean por el manejo de la unidad especial.

 Es el caso de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, en cuyas manos el gobernador pretende poner el mando único de las fuerzas de seguridad pública.

La intromisión en la UEA ha generado un bajo nivel de efectividad por la alteración del esquema con que ha operado el grupo especial. “Sencillamente no se puede investigar y aclarar un caso de secuestro con un sistema policiaco como el que utiliza la Policía Ministerial.

 Aquí necesitamos labor de inteligencia, confidencialidad absoluta a prueba de cualquier tipo de delaciones; cuidar antes que nada la vida de los afectados porque un movimiento erróneo cuesta la vida de inocentes”.

Otro error que los policías antisecuestros detectan es que durante los primeros seis meses del gobierno de Malova la UEA fue utilizada para cuidar la seguridad del mandatario, desviándola de su función.

Toda la corporación, dicen, se trasladaba a los lugares que visitaba López Valdez para blindar la zona con vigilancia y seguimiento de información con el fin de detectar posibles atentados.

También el secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdoba Celaya, y el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, han entrado al jaloneo por el control de la UEA, dificultando el flujo normal de apoyos logísticos, económicos e inclusive la coordinación interinstitucional.

La unidad especial, para la que es indispensable cierto margen de autonomía operativa, se halla constantemente bloqueada, sujeta a los variables criterios de los jefes de la PME, SSP, PGJE.

 “Para atacar eficientemente al secuestro, lo que requerimos es que nadie tenga secuestrada a la UEA”, define un elemento de la corporación.

 Salto hacia atrás En el gobierno de Francisco Labastida Ochoa Sinaloa encendió las luces de alarma por el incremento en el delito de secuestro.

En 1993 se reportaron 28 casos, pero al año siguiente la estadística subió alarmantemente a 42 hechos denunciados.

 De ahí en adelante la tendencia se mostró con altibajos: 18 en 1995, 15 en 1996, 26 en 1997 y 23 en 1998.

 Sin embargo, a principios del sexenio de Juan Millán Lizárraga ese fenómeno delictivo tuvo otro repunte.

En 1999 ocurrieron 37 casos y 30 en 2000. Fue a principios de 2001 cuando el entonces gobernador decidió crear la Unidad Especial Antisecuestros luego de que el empresario Ildefonso Salido Ibarra fuera plagiado por un grupo armado en Los Mochis, en agosto de 2000.

Millán se trajo de Venezuela a Iván Ortega Colmenares, el comandante Simón, supuestamente experto en el combate de ese tipo de ilícitos.

A partir de entonces la UEA, dotada de una privilegiada estructura humana y tecnológica, al igual que de plena libertad para actuar, se hizo cargo del ataque al secuestro.

 En 2001 hubo 25 hechos reportados, en 2002 se redujo a 14, en 2003 se tuvieron 14 y 8 en 2004.

En los seis años que gobernó Aguilar Padilla la tendencia en cuanto a secuestros denunciados fue hacia arriba.

 De seis casos en 2005, para 2006 subió a once, 16 en 2007, 15 en 2008, 19 en 2009 y 18 en 2010.

Transcurrieron diez años para que, en el primer año del sexenio de López Valdez, la comisión de secuestros denunciados llegara otra vez a los 25 casos.

A la misma incidencia que se tuvo en 2001, año en que fue creada y fortalecida la UEA.

 Para conocer la postura oficial de la UEA sobre el aumento en un 70 por ciento del número de secuestros en 2011 se solicitó una entrevista con el comandante Julio, jefe de la Unidad Especial, pero a través de la vocería se indicó que pediría autorización al procurador Marco Antonio Higuera Gómez dado que no le está permitido hacer declaraciones a la prensa.

A la UEA le han sido retiradas también las facultades de opinar ante los medios de comunicación o que presente directamente a quienes son detenidos en operativos de la Policía Antisecuestros. La autorización no fue concedida.

Año              Secuestros         Gobernador2011                    25            Mario López Valdez
2010                    18            Jesús Aguilar Padilla
2009                    19            Jesús Aguilar Padilla
2008                    15            Jesús Aguilar Padilla
2007                    16            Jesús Aguilar Padilla
2006                    11            Jesús Aguilar Padilla
2005                      6            Jesús Aguilar Padilla
2004                      8            Juan Millán Lizárraga
2003                    14            Juan Millán Lizárraga
2002                    12            Juan Millán Lizárraga
2001                    25            Juan Millán Lizárraga
2000                    30            Juan Millán Lizárraga
1999                    37            Juan Millán Lizárraga

Fuente: Estadísticas de incidencia delictiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La cifra que nadie conoce En el revuelo del carnaval 2010 creyó que pasaría desapercibido.

Además se confió en exceso del operativo con el cual el Ejército, la Policía Federal y corporaciones estatales blindaban las calles de Mazatlán.

Decidió salir, sin seguridad privada, a la Gran Plaza. Haría las compras necesarias: calzado, algo de ropa, una lap top y llevaría el auto de lujo a un car wash.

Al fin que era jueves de carnaval. Salió de su residencia, cruzó la zona dorada, en el Valentino’s viró a la izquierda y metros más adelante divisó el centro comercial.

 Observó despreocupadamente por los espejos laterales y vio todo en orden.

“¿A quién se le ocurriría hacer desorden en medio del megaoperativo anunciado por el gobernador Mario López Valdez y el alcalde Jorge Abel López Sánchez?”, pensó.

Giró el volante para dirigirse al estacionamiento de la Gran Plaza.

De repente una camioneta y un auto compacto salieron de la nada. Un vehículo le cerró el paso y otro le bloqueó el avance de reversa.

Segundos imborrables de armas, “vete al asiento del copiloto”, ojos vendados, manos amarradas hacia atrás con una soga, “si te callas salvas el pellejo” y la marcha a toda velocidad hacia algún punto que nunca pudo ubicar.

 Su vida estaba en manos de criminales. Dos horas y le llegó la primera llamada a la familia.

“Lo tenemos, pero si alguien más se entera de esto, lo que tendremos es un hombre muerto. Espere instrucciones”.

Pasó un día y al siguiente le pusieron precio a su cabeza.

 “Tres millones de pesos en efectivo, en billetes de 500 pesos”.

 Era un secuestro del que nadie supo.

Uno más de la cifra negra. De familias que no denuncian por miedo a poner en riesgo la vida de la víctima.

 De acuerdo con estimaciones de la misma Unidad Especial Antisecuestros, en Sinaloa por cada caso denunciado existen tres que no son reportados a las autoridades.

 Al quinto día, las instrucciones para entregar el rescate: en una panga, por la zona de Piaxtla, en un sitio despoblado y despejado. Los plagiarios aceptaron dos millones de pesos.

 Desde algún lugar vigilaban la zona porque en cuanto les pusieron el dinero ahí, pasaron a recogerlo sin nada que les obstaculizara la operación.

Diez minutos después la última llamada. “Está en el estacionamiento de la Gran Plaza, en su mismo auto. Vayan y desamárrenlo. ¡Ah!, y cuidado con denunciar.

Los tenemos bien ubicados”. Ahí estaba, vendado y acostado en el piso de la parte trasera del auto.

Se lo llevaron a casa. La esposa le informó que ese día por la mañana hubo una balacera en la discoteca Antares y que habían matado a seis y herido veintidós.

 “¿Y la Policía? ¿Y el Ejército?”, preguntó.

“Estaban dormidos”, le respondió su mujer. Entonces decidió no denunciar el secuestro.

Comentarios

No unicamente la uea tienen secuestrada chuy toño sino todas las unidades especiales asi como la policia ministerial las cuales durante el 2011 desde que asumio el mando de todas las corporaciones solo a visto un fin y es el de atacar a las bandas rivales que operan en los municipios de los mochis, mazatlan, y guasave y si bien eso tambien es parte de la seguridad del estado no es la funcion que le corresponda a la pgje ya que es de caracter preventivo, dejando a un lado las investigacion de delitos asi como la ejecucion de ordenes de aprehension mismas que no se realizan ya que todo el personal se encuentra concentrada en los diferentes municipios y segun el plan de gobierno dichos operativos serian realizados por 3 grupos elite los cuales formarian con elementos de la policia estatal preventiva. Pero el gobierno no se a enfocado en reclutar a elementos para cubrir todos esos grupos que se formarian y opto por lo mas facil poner a todos los agentes de policia ministerial y unidades especiales a hacer dichas funciones, ya que a chuy toño no le interesa las cifras de rezago de investigaciones ni de ordenes de aprehension,ya que llegado el momento los responsables de dicho resago seria la pgje, con la cual nunca a tenido muy buena relacion y a el lo unico que le interesa es el dinero y el poder