De entrada se le acusa de la venta de un terreno de 17 mil 512 metros
cuadrados ubicado en el Paso del Águila, en detrimento de las arcas municipales.
El predio había sido donado y, según una valoración, tenía un costo de 7
millones 809 mil 284 pesos, pero Peñalosa lo vendió en 6 millones 693 mil 672
pesos, pagados en tres conceptos:
Anulación de una deuda del Ayuntamiento; un
millón y medio de pesos en efectivo; y casi cuatro millones y medio de pesos en
vales de gasolina. Sólo hay registro contable del dinero en efectivo.
Isaí Tonatiuh Lara Bermúdez
Los delitos de los que se acusa a Donaldo Peñalosa, ex alcalde de Tecate y a
sus principales colaboradores, se resumen en breves líneas: su administración
vendió un predio valuado en casi 8 millones de pesos (o más), y sólo cobraron
poco más de 2 millones.
Aunado al daño patrimonial y financiero a la ciudad, la
venta se ha cocinado bajo fuego amigo y un sinnúmero de irregularidades
encubiertas por funcionarios panistas. Un “boom”, tratándose de un año
electoral.
A esta denuncia contra Peñalosa se suman seis presentadas en el Ministerio
Público contra ex funcionarios panistas de Tecate.
El 27 de diciembre, tres días después de la Nochebuena, a Donaldo Peñalosa le
“amaneció” una denuncia penal en su contra; también recibieron el presente
judicial cuatro ex funcionarios del XIX Ayuntamiento.
El regalito lo entregó a
la agencia del Ministerio Público, Noé Basilio Montiel, síndico procurador de la
actual administración y (está por demás decirlo) priista de hueso colorado.
Los presuntos culpables, según dicta la denuncia elaborada por el equipo de
asesores y directores de Sindicatura, son:
- El ex alcalde Peñalosa, quien actualmente se desempeña como subsecretario
en el gobierno del estado, en la Secretaría de Desarrollo Social.
- Su ex secretario de Ayuntamiento, José Carlos Perpuly, quien, al igual que
su anterior jefe, luego de su labor municipal consiguió chamba en el único
sobreviviente gobierno panista del Estado.
Perpuly cobra como delegado de la
Secretaría General del gobierno estatal, en la ciudad donde presuntamente
cometió los hechos delictivos de que se le acusan: Tecate.
- Edna Moreno Romero, ex oficial mayor del gobierno de Peñalosa, por ahora
sin vivir de la ubre oficial, tras su fracasado intento por colocarse como
recaudadora de Rentas del Estado en su municipio.
- Dos ex funcionarias más: Sandra Orozco Hernández, quien se desempeñó en el
gobierno panista como jefa del Departamento de Recursos Materiales de la
Dirección de Seguridad Pública, y su compañera en la misma dirección, María
Raquel Ávila Sigala, quien fungió como jefe administrativa y que, para colmo de
colmos, fue contratada en el actual gobierno municipal, el mismo que ha
levantado una denuncia penal en su contra.
Según la página de Transparencia, Raquel Sigala trabaja como auxiliar
administrativo en el Ayuntamiento de Javier Urbalejo, en la Dirección de
Seguridad Pública, cobrando un sueldo de 11 mil 500 pesos.
Los hechos
El cuerpo del delito mide más de 17 mil metros cuadrados. Es un terreno que
anteriormente fue propiedad del Municipio y se vendió a un particular (a decir
de la parte acusatoria, plagado de irregularidades y mutua confabulación).
La
beneficiada fue una empresa de servicios y combustibles de nombre
Zunibeck, que inmediatamente lo revendió a un costo mayor. En la
actualidad el terreno está siendo negociado a un cuarto apoderado, que pagará
más de lo que la ciudad de Tecate recaudó.
Corría el mes de julio de 2008. A ocho meses de haber tomado protesta la
administración de Peñalosa. El ex alcalde explica que se vio en la necesidad de
vender el inmueble para solventar el gasto corriente.
Fue así como, el día 15 de
aquel mes, se firmó un contrato de compraventa con la compañía mencionada.
Se
trató de la empresa que abastecía de gasolina a los vehículos del Ayuntamiento,
con la cual la administración de Peñalosa mantenía una deuda de 930 mil
pesos.
Para saldar el adeudo, Donaldo Peñalosa, Carlos Perpuly, Edna Moreno y
Eduardo Arredondo, el ex síndico procurador, signaron el contrato que establecía
la compraventa del predio de 17 mil 512 metros cuadrados, ubicado en el Paso del
Águila, a la salida de Tecate-Tijuana, a un lado del Parque Industrial
Pacífico.
El bien inmueble había sido “donado” como parte del convenio que se había
realizado anteriormente con el Parque Industrial El Bajío.
En pago al
fraccionamiento de sus terrenos, en noviembre de 2007, el XVIII Ayuntamiento,
encabezado por Joaquín Sandoval, “donó” ese predio al Ayuntamiento.
En el año de la “donación”, el avalúo del terreno estuvo calculado en un
precio de 7 millones 809 mil 284 pesos. Posteriormente y sin explicación alguna,
el contrato que encabezó Peñalosa pactó el precio en 6 millones 693 mil 672
pesos. Es decir, un millón 115 mil menos.
El pago para el Ayuntamiento sería en tres maneras, según el contrato (copia
en posesión de ZETA). Primero, se saldaría la deuda que se
mantenía con la gasolinera, cuyo apoderado legal, según el Registro Público de
la Propiedad, es Marco Antonio Zúñiga Cedillo.
Segundo, se pagaría un millón y
medio de pesos en efectivo, en dos exhibiciones, y por último, el resto, los 4
millones 496 mil pesos en vales de gasolina. Hasta la fecha no existe evidencia
alguna del cobro.
De ahí parte del daño patrimonial del que se acusa a los ex
funcionarios panistas.
Las culpas (responsabilidades)
Lo grave, señalan los asesores de Sindicatura, es que sí hubo suministración
por parte de la empresa a los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública, en
ese entonces ocupada por el agente estatal Erick Lara.
Incluso, los vales de
gasolina fueron “suministrados” por patrullas que estaban fuera de servicio y en
estado de “chatarra”. Aquí, aunque no lo explica, la denuncia presentada por Noé
Basilio entra la responsabilidad de las ex funcionarias de la Dirección
Municipal de Seguridad Pública.
La responsabilidad del alcalde y de los suyos (los que firmaron el contrato
de compraventa), refiere la denuncia presentada ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), de la cual ZETA tiene copia, es que
el predio se vendió sin haber cumplido con los requisitos que establece la Ley
del régimen municipal, en su Artículo 16, el cual dicta que el gobierno debe
haber creado un “expediente para poder realizar una transacción de esa índole.
Por ejemplo, un dictamen técnico en el que se determinara que dicho patrimonio
no era apto de ser utilizado para la prestación de un servicio público y que no
era de beneficio para la comunidad, cosa que no se realizó, entre otros
requisitos”.
Pero no es la única falta. En la documentación previa a la venta, también
debió de haber sido necesario realizar un avalúo del valor comercial de terreno
por parte del gobierno municipal, mediante un “perito autorizado”, que en este
caso se realizó por parte de la empresa y ésta fijó el precio.
El certificado de libertad de gravámenes fiscales, así como el avalúo, se
realizaron el 10 de noviembre del 2008, meses después de la celebración del
contrato, el 15 de julio; dos requisitos indispensables para la desincorporación
del terreno.
Según la Ley de Responsabilidades, estas faltas (la del expediente del predio
para su desincorporación) se consideran graves e incluso con responsabilidad
penal, al tratarse de un daño a la Hacienda municipal, en este asunto, de varios
millones de pesos.
En 2010, el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo no aprobó
las cuentas públicas de Peñalosa. ZETA lo documentó en su
momento (edición 1909); desde ahí se supo de la transa en la venta del
predio.
A ello hay que sumar que hasta la fecha “no existe evidencia que se haya
suministrado el combustible”, dice la denuncia penal. Lo que manejó en su
momento la versión del XIX Ayuntamiento, es que se trató de una falta de control
en la suministración de la gasolina.
De hecho, en 2010, año que el Órgano de Fiscalización le notificó a la
administración panista sobre las irregularidades de la venta, el Ayuntamiento
levantó una denuncia en la PGJE contra la empresa gasolinera, pues ésta había
presentado facturas alteradas con las cuales intentó acreditar el pago de su
deuda.
La responsabilidad es aún mayor para Edna Moreno, pues como el documento
denuncia, era ella la encargada (así lo indica un oficio redactado por ella
misma) de establecer un mecanismo de control en el suministro de combustible de
cada dependencia municipal, “por su negligencia provocó el incumplimiento del
contrato de compraventa por parte de la empresa”, se lee en la averiguación
previa del Ministerio Público.
Por cierto, hablando de negligencias, en la denuncia presentada por Noé
Basilio Montiel contra los ex funcionarios panistas no se señala el nombre de
Eduardo Arredondo Uribe, ex síndico municipal que, además de haber firmado
también el contrato de compraventa, es responsable de salvaguardar los bienes e
intereses de la ciudad, y extrañamente no está dentro de los indiciados.
Según
uno de los colaboradores de la actual Sindicatura, el nombre de Arredondo
simplemente “se nos fue”.
La corazonada de Peñalosa
Donaldo Peñalosa cae en la suspicacia, ésta es la razón: Días antes de haber
presentado la denuncia en su contra al síndico municipal Noé Basilio, regidores
del PAN le interpusieron otra.
Ellos lo señalaron de ser protagonista de otro negocio fraudulento, al
intentar facturar en dos ocasiones una camioneta Yukon 2002 asignada al
funcionario.
En la segunda semana de diciembre, los tres regidores de Acción Nacional de
Tecate, Armando Álvarez, Samanta Peña y Jorge Moreno, así como el dirigente
municipal del PAN en Tecate, Filiberto Suárez, interpusieron una denuncia en
Contraloría del Estado contra Basilio Montiel por el presunto delito de daño
patrimonial.
Los blanquiazules alegan que a finales de diciembre, en la
sesión de Cabildo, Noé Basilio solicitó una transferencia presupuestal para la
adquisición del vehículo que, descubrieron, ya estaba previamente asignado al
síndico por un monto de 120 mil pesos, con la intención de facturarlo de nueva
cuenta.
La camioneta se había registrado a nombre del Ayuntamiento en la última
administración priista (de Joaquín Sandoval) y jamás se registró al padrón
vehicular.
En su momento, los regidores de Tecate, incluyendo algunos de los
priistas, votaron contra la transferencia solicitada por el síndico. A los días,
el Ayuntamiento de Tecate presentó una demanda en la PGJE por falsificación o
alteración de documentos contra sus denunciantes, argumentando que los
documentos presentados en su contra están alterados.
Por eso, una de las primeras declaraciones que da Donaldo Peñalosa cuando se
le pregunta por la denuncia penal en su contra, recuerda aquel episodio: “Me
parece sumamente extraño que en el momento que se le denuncia al síndico por
parte de algunos regidores, pues salga la denuncia contra nosotros, como si
fuera una moneda de cambio”.
Peñalosa: Preparando su defensa
El ex alcalde de Tecate alega su inocencia y la de sus ex colaboradores.
Explica en su breve entrevista con este reportero que no han sido notificados
por la Procuraduría sobre la denuncia.
Lo único que sabe es que, al margen del
procedimiento legal, existe el administrativo para inhabilitarlo en la función
pública por parte de la Sindicatura municipal. Está llamado a comparecer el
próximo jueves 12 de enero.
Sobre su inocencia, únicamente explica que en todo el embrollo no hay nada
fuera de la Ley:
“No sentimos que hayamos realizado un delito, tenemos un
expediente con los documentos de la venta y sabemos que no cometimos una falta
administrativa, ni mucho menos una falta penal”.
Sin ahondar en los detalles (a petición expresa del reportero), Peñalosa
explica que preparan su alegato:
“Estamos preparando la defensa, con mucha
seriedad estamos tomando el tema, es una oportunidad para aclarar esas cosas que
se han dicho de nosotros, que se nos ha acusado de muchas cosas desde que
salimos”.
E insiste que su intención es “dejar en claro que no cometimos nada ilegal…
lo que hicimos en relación a esa venta del terreno fue apegado a derecho”.
Peñalosa hace énfasis en la falta de formalidad por parte del síndico
procurador:
“Me parece muy poco serio por parte del síndico que el tema lo esté
manejando mediáticamente, en el sentido que todos los días en el periódico
El Mexicano, en la sección ‘Política y Políticos’, se esté acusando sin
antes haber terminado la investigación.
Ahí se dice qué está sucediendo y hasta
qué nos va a pasar… pareciera que el vocero de Sindicatura está ahí”.
La denuncia contra Peñalosa y sus principales colaboradores se suma a otras
seis interpuestas en la agencia del Ministerio Público por parte del
Ayuntamiento priista, la mayoría indiciados por peculado y abuso de autoridad, y
que hasta la fecha se mantienen sin presentar resultados.
En las oficinas del XX Ayuntamiento de Javier Urbalejo hay preocupación: No
vaya a ser que, como muchos otros actos delictivos, éste también quede en mera
impunidad. Y más tratándose de panistas.
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