Tiene PGR abiertas cinco averiguaciones previas por la contratación
ilegal del mismo número de créditos por un monto de 5 mil 300 mdp
La
Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar a 10 ex servidores
públicos del Gobierno de Coahuila, al actual Secretario de Finanzas de la
entidad y a un funcionario de Hacienda por delitos relacionados con la
contratación ilegal de deuda.
Entre los involucrados en la averiguación
previa en el "moreirazo" no se encuentran los ex Gobernadores Humberto Moreira y
Jorge Torres, aunque sí se pide que sean citados a declarar, pues los créditos
contratados de manera ilegal se realizaron en sus respectivas
gestiones.
La PGR tiene abiertas cinco averiguaciones previas por la
contratación ilegal del mismo número de créditos por un monto de 5 mil 300
millones de pesos, de los más de 30 mil millones en los que se incrementó la
deuda estatal.
Una vez recabadas las pruebas, entre los delitos por los
que se investiga a los involucrados se encuentran asociación delictuosa,
falsificación y uso de sellos de la Federación, que no están tipificados como
graves.
Sin embargo, la PGR señala que pedirá a la autoridad judicial que
niegue la libertad provisional bajo caución, amparada en el artículo 399 bis del
Código Federal de Procedimientos Penales, que permite al juez rechazarla si el
Ministerio Público lo pide argumentando que las características del delito
cometido son un riesgo para la sociedad.
Entre los involucrados se
encuentra el actual Secretario de Finanzas de la entidad, Jesús Juan Ochoa
Galindo, quien en la anterior Administración fue el tesorero general y estuvo
presente en las reuniones que se realizaron con Banco del Bajío para la
contratación de créditos.
A partir del 1 de diciembre, la Tesorería del
Estado cambió de nombre y ahora es Secretaría de Administración.
Otro
involucrado es Héctor Javier Villarreal Hernández, entonces secretario ejecutivo
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y a
quien se mencionó desde la primera averiguación como el responsable directo de
la contratación ilegal de créditos.
A Villarreal Hernández se le acusa de
presuntamente ordenar que se tramitaran los créditos y de participar en las
reuniones con funcionarios bancarios y de la Secretaría de Hacienda para
obtenerlos, con conocimiento de que para lograrlo se estaban usando documentos
falsos.
Dos personajes que fungieron como tesoreros y contra los cuales
va la PGR son Víctor Manuel Zamora y Miguel Ramón Rodríguez, por haber
solicitado créditos y suscribir contratos con petición de deuda.
La lista
de implicados incluye a Sergio Ricardo Fuentes, quien fuera administrador
general de Políticas Públicas del SATEC; Carlos Mauricio Aguillón, entonces
director de área de la Dirección General de Política Financiera de la Secretaría
de Finanzas, y Alfredo Valdés Menchaca, quien laboraba como abogado del SATEC,
que en el Gobierno de Humberto Moreira era un poderoso organismo que controlaba
las finanzas y estaba a cargo de Villarreal Hernández.
A Valdés Menchaca
se le señala porque supuestamente daba seguimiento a la inscripción del registro
de los créditos y era el responsable de revisar los contratos e informar sobre
los sellos que se ponían en los documentos respectivos.
Enrique Ledezma,
subadministrador de Políticas Financieras del SATEC; Juan Manuel Froto, director
del Fondo de Financiamiento para el Estado; Juan Manuel Delgado, encargado de
aspectos administrativos, y Fausto Destenave, director general de la Comisión
Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila.
El funcionario de Hacienda
que es investigado junto con los ex servidores públicos de Coahuila, es Jaime
Jiménez, quien era director de Deuda Pública de Entidades y Municipios y avaló
con su firma los documentos falsificados para la adquisición de
deuda.
Cuatro de los cinco créditos investigados fueron celebrados en el
periodo que gobernó Moreira.
¿Y el destino del
dinero?
El Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira,
hermano de Humberto, debe investigar el destino de los 5 mil 300 millones de
pesos contratados de manera irregular, de un monto superior a los 30 mil
millones a los que asciende la deuda estatal.
"Si los préstamos se
aplicaron bien o no, eso corresponde verificarlo a la Auditoría Superior de
Coahuila y, en su caso, a la Procuraduría local", explicó el abogado Luis Manuel
Pérez de Acha.
La competencia es de esas autoridades porque los créditos
se firmaron entre el Estado y los bancos, el dinero ingresó a las arcas
estatales y fue ejercido bajo normas de Coahuila.
No hay comentarios:
Publicar un comentario