Las auditorías a la extinta administración municipal de Comondú presidida por
Joel Villegas, de 2008 a 2011, registran un avance del 70 por ciento. A la fecha
se ha detectado: un desfalco de 16 millones de pesos de recursos federales y
etiquetados, 25 millones de gastos que no fueron comprobados por ex
funcionarios; y casi 10 millones de pesos desaparecidos del crédito otorgado por
Banobras en el 2009.
Gerardo Zúñiga
El ayuntamiento de Comondú prepara la denuncia que presentará ante la PGJE
contra nueve ex funcionarios. Debido a los tiempos de integración, será
presentada a finales de diciembre de 2011 o principios de enero del 2012, por el
gobierno de Venustiano Pérez Sánchez.
Señalarán como presuntos responsables por los delitos de desvío de recursos
públicos, peculado, desfalco y lo que resulte a:
1.- Julio Vega Pérez, ex secretario general del ayuntamiento.
2.- Sergio Avilés Mendoza, ex tesorero.
3.- Antonio Ezequiel Espinoza Estrada, ex director de ingresos.
4.- Sandra Rosario Geraldo Romero, ex directora de egresos.
5.- Ramón Ulises López Loya, ex director de adquisiciones.
6.- Leticia Soto Villa, ex directora de nómina.
7.- Adolfo Mesa de la Abadía, ex secretario particular del tesorero.
8.- Marcos García Rivas y…
9.-José Ángel Villa Sandoval, ex titulares de la contaduría general de la
tesorería.
Como parte de la cuenta regresiva, algunos ex servidores públicos de la
anterior administración, son actualmente entrevistados por los investigadores de
la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública,
sobre el paradero y desaparición de los 16 millones de pesos, provenientes de la
Federación, detectados en la auditoría municipal.
Se trata de tres partidas diferentes, una de dos millones de pesos, otra de 6
millones de pesos y una más por 8 millones. El dinero salió de los ingresos
registrados en la tesorería municipal, a través de algunos pagos interbancarios
se cambiaron una y otra vez de cuenta para tratar de borrar la huella de los
traslados.
Otros de los faltantes importantes, fueron los 25 millones de pesos, los
cuales se perdieron en dos ventas de predios:
-21 terrenos propiedad del Ayuntamiento de Comondú, por la cual se expidieron
21 títulos de propiedad a nombre de una sola persona. En la revisión, no se
encontraron los recibos del pago correspondientes.
-12 terrenos del excedente ubicado en la calle 16 de Septiembre, entre
Álvarez Rico y Avenida Insurgentes de Ciudad Constitución, por un valor total de
3 millones 843 mil 610 pesos con 50 centavos, operación celebrada durante el mes
de marzo de 2011, y cuyo monto de operación registra un quebranto, pues se
vendieron a un 30 por ciento de su valor real. En esta operación, ya se acreditó
que los compradores resultaron ser ex funcionarios, cónyuges o familiares de la
extinta administración.
En cuanto al dudoso destino de los 67 millones 680 mil 54 pesos que
ingresaron al Ayuntamiento de Comondú, a través de la contratación de un
crédito con Banobras, los auditores establecieron que se extrajeron:
1.- 5 millones de pesos en la supuesta reparación de bordos.
2.- 1 millón 500 mil pesos en adquisición de alumbrado público.
3.- 360 mil pesos en bacheo de calles de la Zona Centro.
4.- 3 millones 193 mil 083 pesos con 46 centavos en la sincronización,
suministro e instalación de controladores automatizados con sensores y
reubicación de cuatro semáforos dentro de la ciudad.
Pero los gastos no se acreditaron, porque ningún bordo fue reparado y el
alumbrado público, no registra ninguna adquisición, ya que no había ni luz,
cuando se entregó la administración. Las calles estaban sumamente deterioradas
desde el paso del huracán “Jimena” y los semáforos no estaban funcionando por
falta de energía eléctrica, y evidentemente, no pudieron haber sido
reparados.
En esta investigación, también se detectó la desaparición de una máquina
trituradora para reciclar basura y la cual se compró con el crédito de Banobras,
así como una larga lista de vehículos que supuestamente fueron comprados en una
yarda identificada como “Autos El Toño”.
Finalmente, la Secretaría de la Función Pública, investiga la asignación de
un contrato de compraventa de casi 20 millones de pesos a una empresa que habría
vendido maquinaria como camiones de acarreo, compactadores, bomberas, pipas,
trascabos y retro excavadoras, y donde se descubrió que no hubo licitación, sino
asignación directa y violación flagrante a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que también se habrá de
deslindar responsabilidades por el delito de peculado.
En su momento, la administración del actual alcalde Venustiano Pérez Sánchez,
requirió a los ex colaboradores del ex edil del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Joel Villegas Ibarra, sin embargo, fueron muy pocos los
gastos que se pudieron justificar.
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