Associated Press
Washington— Las
autoridades federales dijeron hoy que la oficina del alguacil Joe Arpaio cometió
una amplia gama de violaciones de los derechos civiles mediante el
etiquetamiento racial de hispanos, reprimió la inmigración en base a denuncias
racistas y castigó a presos hispanos por hablar español en la cárcel.
Un
informe de las autoridades dice que continuarán las investigaciones de denuncias
sobre agentes que emplean fuerza excesiva contra hispanos.
El informe,
obtenido por The Associated Press antes de su difusión, es resultado de una
investigación de tres años del Departamento de Justicia en medio de quejas de
etiquetamiento racial y prejuicios.
Las conclusiones del Departamento de
Justicia en la investigación civil es la refutación más severa del gobierno
federal de una figura que ha cobrado notoriedad nacional por su represión a la
inmigración y favorito de los aspirantes a la candidatura presidencial
republicana.
Aparte de la investigación sobre derechos civiles, un jurado
federal también ha investigado la oficina de Arpaio por denuncias de abuso de
poder desde diciembre del 2009.
El informe sobre derechos civiles dice
que las autoridades federales seguirán investigando denuncias de que los agentes
de Arpaio utilizan fuerza excesiva contra los hispanos, si su actitud socava la
confianza de la comunidad hispana, y si no investigó un gran número de delitos
sexuales asignados a su departamento.
El informe reprende a la oficina
del alguacil por lanzar redadas inmigratorias.
Thomas Perez, que dirige
la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, escribió que las
acciones de Arpaio contribuyeron a la "cultura prejuiciosa" de su oficina, y
agregó que con frecuencia entregaba cartas con afirmaciones racistas a sus altos
asistentes.
Perez dijo que existe una cultura de la inconstitucionalidad
en la oficina de Arpaio. Añadió que según el especialista del departamento sobre
encasillamiento racial, es el caso más notable encasillamiento en el país que él
conozca o sobre el cual haya leído.
Los investigadores entrevistaron a
más de 400 personas, incluido Arpaio, leyeron miles de documentos e
inspeccionaron la cárcel municipal, añadió.
El informe requerirá que
Arpaio establezca políticas antidiscriminatorias efectivas, mejore la
instrucción del personal y haga otros cambios que serán observados por un juez.
El alguacil enfrenta un plazo del 4 de enero para decir si quiere negociar un
acuerdo. De no hacerlo, el gobierno federal lo demandará y dejará la decisión a
manos de un juez.
La oficina del alguacil del Condado de Maricopa no
respondió a los pedidos de declaraciones.
Arpaio, que se publicita como
el jefe de policía más enérgico de la nación, niega que sus agentes incurran en
etiquetación racial y dice que actúan cuando tienen motivos para suponer que
alguien ha cometido un delito, y que recién después descubren que algunos están
ilegalmente en el país.
Arpaio ha ganado notoriedad por alojar a reclusos
en carpas y darles ropa interior de color rosa, diciendo que es intolerante con
el delito y llevando al límite lo que la policía puede hacer para enfrentar la
inmigración ilegal.
El informe agrega que él y algunos altos asistentes
han tratado de silenciar a personas que se han quejado de la actitud de Arpaio
practicando arrestos sin causa, interponiendo demandas infundadas contra
adversarios, e iniciando investigaciones de sus críticos.
Un ejemplo
citado por el Departamento de Justicia es uno de sus altos asistentes, David
Hendershott, quien presentó demandas contra abogados críticos de la agencia y
contra jueces que no estaban de acuerdo con el alguacil. Todas esas demandas
fueron desestimadas.
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