Luis Javier Garrido
La multiplicación de las acusaciones y señalamientos al gobierno
panista por los crímenes de Estado cometidos en los pasados cinco años ha cogido
desprevenido a Felipe Calderón al iniciar su último año de gobierno, y no parece
acertar a otra cosa más que a asumir una actitud defensiva para invocar su
irresponsabilidad por lo acontecido, arrojar a otros las culpas, manifestar su
desconocimiento sobre muchos de los aspectos de su “guerra contra el narco”
y clamar una y otra vez que él es el representante de las fuerzas del bien
que luchan contra el mal.
1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado
marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del
descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está
siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que
sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración
–que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber
sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto
de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.
2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los
mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al
crimen organizado, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.
3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo
durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de
sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario
brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las
operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano
estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían
de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una
intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó
ayer un
plan de contrainsurgenciapara México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como
organizaciones terroristas: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.
4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra
evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular
de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han
sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los
últimos años? ¿Las fuerzas
del mal, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?
5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o
invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de
violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último,
lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por
Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el
gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo
informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a
un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando
en la “guerra contra el narco”.
6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no
parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y
a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya
(Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido
durante su
guerra contra el crimen organizado, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y
no la regla(La Jornada, 9 de diciembre).
7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del
gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes
que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol
al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos
estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos
policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del
crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense
si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son
tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble
responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal
y por el hecho de que en el convenio de
Guerrero Seguro, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.
8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional
inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes
estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la
otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se
comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una
naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la
reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son
imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla
también en el poder público.
9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con
gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada
(11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se
atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del
gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo
Castro y Castro, ligado a los cárteles.
10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está
involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor
fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es
suficiente el
¡Ya basta!, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.
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