“El Cheko”, Gustavo Inzunza “El Macho Prieto” y los hermanos Arzate, Alfredo y René, controlan para el Cártel de Sinaloa las células criminales en todo Baja California. Los delincuentes presumen mediante denuncias anónimas, acuerdos con autoridades de seguridad en todos los órdenes de gobierno.
Investigaciones ZETA
Asesinatos a plena luz del día, presencia de comandos criminales en la periferia de la ciudad, la compra de autoridades de seguridad de todos los órdenes de gobierno y cruce de camionetas con droga por los retenes militares; todo es controlado, permitido y operado por el Cártel de Sinaloa.
“El Cheko”, Gustavo Inzunza “El Macho Prieto” y los hermanos Arzate, Alfredo y René, presumen a través de denuncias recibidas por diversas autoridades, que ya se arreglaron. Sus cómplices, empleados criminales de menor monta, libres o detenidos, aseguran ante policías que la calma que vive el estado la paga, en dólares y pesos, el Cártel de Sinaloa.
Procedentes de Veracruz y Sinaloa, contactados directamente con Ismael Zambada “El Mayo” y Joaquín Guzmán “El Chapo”, los delincuentes están bien establecidos en Baja California, tan cómodos y confiados que trajeron a sus mujeres e hijos a vivir al estado, unas a Mexicali y otras a Tijuana.
La seguridad que les brinda la Península llega al punto que el Consejo Estatal de Seguridad ya detectó el arribo a la zona de tres sobrinos de otro jefe del narcotráfico sinaloense, Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como “El Azul”.
Las mujeres y los hijos de esos capos están perfectamente instaladas en fraccionamientos de gente adinerada, como Monte Carlo y San Pedro en Mexicali. En Tijuana han optado por perfiles más discretos, al arrendar varias viviendas en zonas de clase media y media alta.
Ellos y sus familias tienen pasaportes, algunos con nombres falsos. Las autoridades ya las tienen identificadas, registran sus entradas y salidas pero no hacen nada porque ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la del Estado (PGJE), han solicitado u obtenido orden de aprehensión alguna.
En México, la respuesta desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es limitada. “Aquí no nos ha llegado información al respecto”, afirman.
Localmente, la impunidad es mayor, porque en la PGJE llevan más de seis meses afirmando ante el Consejo de Seguridad que “los están empapelando” sin que esto sea cierto, pues los nombres de los capos han sido mencionados en más de tres averiguaciones previas. Aun así, dicen: “No hay nada que se les pueda comprobar”. Resulta extraño cómo cambió la opinión de esa autoridad respecto al tema en el último semestre.
La consigna del cártel sinaloense en cuanto a homicidios, es la siguiente:
1. Matar a los informantes no autorizados. En ese esquema, durante octubre de 2011 han sido asesinados en Tijuana el ex ministerial José Amador Ortiz Morfín, señalado como “oreja de planta de los verdes” (militares) y la vendedora de bienes raíces en Mexicali, Martha Fernández, presunta proveedora de información incidental.
Las autoridades consideran que en las mismas condiciones pudiera estar el hombre con el rostro desollado, sin manos, al que le fueron extraídos los intestinos, localizado el lunes 24 de octubre en un camino vecinal a La Encantada en Ensenada.
Se informó públicamente que el cadáver vestía un pantalón de mezclilla azul claro, camisa azul marino y chamarra tipo Dickies, pero nadie lo ha reclamado. La imposibilidad de identificar a la víctima, igual ha impedido que la PGJE establezca siquiera alguna línea oficial de investigación.
2. Los otros asesinatos palomeados están relacionados efectivamente con la venta de droga, pero no sólo al menudeo, como funcionarios de la Procuraduría estatal han manifestado durante el último en diversas conferencias.
3. Continúa el pleito por las plazas, donde las células criminales de Tijuana buscan expandirse, detectando su presencia en Tecate, Rosarito y Mexicali.
Las muertes de la expansión y el reacomodo
Para el asesinato impune del estadounidense avecinado en Rosarito, Moses Gwendal Sewell III, cometido el miércoles 26 de octubre a las dos de la tarde mientras conducía su auto BMW, los sicarios no protegieron su identidad. Lo mataron frente a transeúntes y comerciantes. Decenas de testigos vieron a dos hombres bloquear la vialidad con una camioneta, mientras uno de ellos se bajaba del auto y disparaba a cortísima distancia.
La Policía Municipal capturó casi de manera inmediata a un sospechoso presentado como uno de los presuntos homicidas, sin embargo las primeras indagatorias indican que el detenido era copiloto, cliente y compañero de la víctima.
Un adicto que salió negativo en las pruebas de pólvora en piel y ropa, se confesó distribuidor al menudeo y agregó que compraba marihuana y cocaína al hombre asesinado, quien ya le había dicho que tenía problemas con “la gente de Tijuana” que le vendía la droga porque le estaban haciendo cobros que no había podido pagar.
El arma 9 milímetros utilizada para asesinar a Gwendal, también fue usada en otros cuatro asesinatos. Uno cometido el 2 de septiembre, en un triple homicidio en la colonia Cuencas Díaz sobre el Bulevar Popotla en el mismo municipio. La indagatoria del asesinato múltiple indica que las víctimas, los jóvenes Francisco Jesús Espinoza Chávez, William Gignoux Blanco y Herlets Ramón Bogarín Duarte, discutieron con sus homicidas ante de ser acribillados.
Los otros cuatro asesinatos se perpetraron en Tijuana.
Este asunto está ligado al grupo de los hermanos García Rodríguez, identificados como “Los Litos”, célula criminal que encabeza la distribución de droga en la Zona Norte y Centro de Tijuana, control delictivo que obtuvo después de “traicionar” y tratar de asesinar a Luis Manuel Toscano “El Mono”, uno de los pocos operadores directos que le quedaba a Fernando Sánchez Arellano.
Conforme al análisis de los antecedentes de los muertos y al seguimiento balístico en las escenas del crimen, los asesinatos recientes en la zona costa están ligados precisamente a las pugnas entre los grupos criminales de Melvin Gutiérrez contra “Los Teos”; y “Los Litos” contra los residuos del Cártel Arellano Félix (CAF).
En Mexicali, los matones detenidos aseguran que se trata de una purga interna: “Hay lidercillos y vendedores que se están pasando”, y matarlos no es ni caro ni complicado porque andan muy confiados. “Unos cholos y ya”, aseguró un homicida al servicio de “El Cheko”, Jesús Antonio Parra Camargo.
Enfrentamientos y reacomodos que ya han producido 540 muertos en menos de 10 meses en el estado.
El PEP: Caso aparte
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal había podido ligar el asesinato del policía estatal preventivo Carlos Hernández García, cometido la noche del 25 de octubre en Ensenada, con una venganza del crimen organizado; tampoco con el decomiso de las casi dos toneladas de marihuana concretado por la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Sin embargo, todas coincidieron en manifestar que resultaba “ilógico, extraño y sospechoso”, sobre todo exponiendo la impunidad que goza actualmente la delincuencia.
“Resulta complicado creer que un chamaco solo se le vaya encima a un agente de la PEP y lo mate frente a sus compañeros armados y huya a pie”, dijo un investigador.
En el operativo realizado inmediatamente después del asesinato, se detuvo a José Antonio Arredondo Morán, de 29 años, “porque iba corriendo” de la misma forma en que el homicida huyó entre los cerros.
El sujeto salió negativo a la prueba de radizonato, positivo al consumo de marihuana, no tiene antecedentes criminales en el estado y sus huellas aún se están corriendo por el sistema nacional de información. El estudio genético ordenado a la gorra que se le cayó en la escena del crimen tardará por lo menos dos semanas en rendir resultados.
No obstante, el detenido coincide con la descripción física del presunto responsable, y cuando la gorra del homicida fue presentada al padre de Arredondo Morán, que desconocía las razones y le preguntaron si era de su hijo, éste respondió afirmativamente.
Pero lo que más enrarece la investigación son las circunstancias que rodearon el asesinato del policía estatal. No estaban haciendo operativo en la zona, simplemente, como jefe de grupo, Hernández ordenó ingresar al fraccionamiento Vista Hermosa (detrás de Costco), en la privada Bahía del Rosario para “hacer tiempo”, ya que se acercaba el fin de turno y quería estar cerca de la base para, precisamente, no perder tiempo.
En eso vieron que un joven se aproximaba caminando y les llamó la atención porque, alrededor de la 21:20 horas, cuando se dieron los hechos, en esa colonia no hay gente en la calle.
Hernández lo abordó y le preguntó, “¿cómo te llamas?”. El individuo proporcionó un apelativo que los compañeros de la víctima no recuerdan. “¿Qué andas haciendo?”, fue la siguiente interrogante. El sujeto respondió con un “aquí nomás”; “¿A dónde vas?”, insistió el policía. “A casa de mi mamá”, aseguró el delincuente y empezó a caminar en sentido contrario al que estaba circulando originalmente. En ese momento el policía estatal se bajó de su unidad para hacerle una revisión física.
En cuanto vio al agente fuera de la unidad, el hombre se le echó encima y con pistola en mano le empezó a disparar. Primero le pegó en el chaleco a la altura del pecho. Mientras caía, dos balas le alcanzaron la cabeza casi a quemarropa; 48 horas después, no habían identificado la participación del arma homicida en otros delitos en la entidad.
Mientras el agente era atacado, sus compañeros buscaron refugio. La mujer que iba en la parte trasera del pick-up se hundió dentro de la caja, y el copiloto corrió a esconderse detrás del carro, del lado del piloto. El matón disparó en siete ocasiones, los dos policías no descargaron un solo tiro a pesar de que tuvieron al asesino a menos de dos metros de distancia.
Por lo pronto y ante las inusuales circunstancias, la Secretaría de Seguridad Pública emprendió una investigación interna.
Señalamientos mutuos
Con la evidente intención de dividir, pero sin mentir, en los últimos dos meses los informantes del crimen organizado se han dedicado a proporcionar a las diferentes corporaciones, datos sobre las actividades ilícitas de las otras instancias de seguridad en el estado.
En Tijuana, las policías municipales reciben denuncias de que los retenes del Ejército en Rosarito y Ensenada están permitiendo el paso de camiones cargados de marihuana.
Remiten información específica de autos, horarios, días e incluso del personal involucrado, los cuales son corroborados con plantones para después justificar la falta de denuncia o acciones de combate.
“Y qué podemos hacer, ahora sí que con quién denunciamos, no sabemos hasta dónde llegue”.
También en lo estatal han recibido reportes de que algunos grupos operativos militares están permitiendo que los criminales que les proporcionan informes, se queden con parte de los cargamentos antes de que los decomisen.
De esto no han encontrado elementos de prueba. Siendo comandante de la región, el General Alfonso Duarte Mújica explicó que se lo ofrecieron y lo rechazó, porque la milicia no hace tratos con criminales.
Los señalamientos continúan, y resulta que “Hurtado”, nombrado recientemente jefe de área por Alberto Capella, es señalado desde el interior como el hombre que prohibió a los municipales combatir a los criminales o decomisarles droga más allá de la zona del crucero de la “5 y 10”, porque esa área es del Cártel de Sinaloa.
O que pretenden ingresar al área de inteligencia municipal a Omar Fernando Vásquez Hidalgo “La Barbie”, ex policía municipal mencionado en indagatorias de secuestro y homicidio a principios del año 2000, capturado por la PEP el 25 de diciembre de 2009 por órdenes de aprehensión pendientes y en supuesta posesión de una dosis de crystal, pero liberado porque ninguna autoridad lo requirió y fue protegido por el panista Mario Martínez, entonces oficial mayor que lo conoció siendo escolta del ex gobernador sustituto, Alejandro González Alcocer, y Eligio Valencia, con quien se desempeñaba como asistente.
Como parte de la investigación por el homicidio de Martha Fernández, detectan a un perito que tiene comunicación constante con “El Cheko”.
Así, mientras los miembros corruptos de la Policía vuelven a actuar abiertamente y sus patrones, cómplices o competidores criminales han decidido denunciarlos, los elementos sanos en las corporaciones retoman el ostracismo.
Al mismo tiempo que el poder del cártel sinaloense en Baja California se expande.
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