La Consar reportó el financiamiento de
Infraestructura Institucional por 2 mil 737 millones de pesos, y de ese monto
el 83 por ciento lo aportaron las Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afores); es decir, los proyectos fueron financiados con el dinero que los
trabajadoras guardan para su jubilación. Dichos préstamos han beneficiado a
empresarios poderosos, particularmente en este sexenio, como es el caso de
Jerónimo Gerard, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y de Juan
Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto.
El que las Afores inviertan en proyectos
y fondos de inversión para aumentar su rentabilidad es común. Sin embargo,
especialistas alertan que, en estos casos, el problema es que las inversiones
se hagan en proyectos de infraestructura no rentables o que enfrenten entornos
volátiles e incluso crisis económicas, por lo que no está claro quién asume las
pérdidas ni quién protege los ahorros de los trabajadores.
Ciudad de México, 15 de mayo
(SinEmbargo).– Parte de los fondos de ahorro para el retiro que administran
diversas entidades bancarias (Afores) se han destinado al financiamiento de
negocios de personas vinculadas con el poder político.
El fondo de inversión
Infraestructura Institucional, que presidió el cuñado del ex Presidente Carlos
Salinas de Gortari, Jerónimo Marcos Gerard Rivero, ha recibido miles de
millones de pesos a través de instrumentos denominados “Certificados de capital
de desarrollo”, o CKDs, y que en su gran mayoría proceden de los fondos de
pensiones de los trabajadores mexicanos.
Este fondo de Infraestructura
Institucional, luego, se convirtió en operador de un 50 por ciento del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, cuya obra
quedó, entre otras empresas, a cargo de la constructora Teya, del empresario
Juan Armando Hinojosa, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto y mismo que
financió la residencia en la que vive su familia, conocida como la Casa Blanca.
“Infraestructura
Institucional es una firma privada de inversión fundada en 2010, enfocada en
proyectos de infraestructura. Ha recaudado más de un billón de dólares en
capital a través de dos fondos (CKD, listados en la Bolsa Mexicana de Valores)
con una base de inversionistas compuesta sobre todo de fondos de pensiones
(Afores) y otros inversionistas institucionales”, dice un boletín de la agencia
PR Newswire.
La primera compra de paquetes de la
Reforma Energética tiene dinero del cuñado de Salinas
El boletín es de 2014, cuando
se dieron a conocer los planes de inversión en el nuevo sector energético
mexicano de una de las empresas a su vez fondeadas por Infraestructura
Institucional, Sierra Oil and Gas, en la que, entre otros, participa como consejero
el ex director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener)
entre 2003 y 2007, Salvador Beltrán del Río.
“La inversión en Sierra
representa una oportunidad importante para el capital institucional de México,
particularmente los fondos de pensiones (Afores) que invierten en nuestros
Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), para ayudar a financiar el
desarrollo del naciente sector privado mexicano de energía al participar en los
proyectos de exploración y producción desbloqueados por la Reforma Energética”,
agrega el mismo boletín, citando a uno de los socios de Sierra.
La Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), por su parte, reportó también en
2010 el financiamiento de Infraestructura Institucional por 2 mil 737 millones,
de los cuales el 83 por ciento provenían de las Afores (Administradoras de
Fondo para el Retiro).
“Infraestructura
Institucional colocó un CKD por un monto de dos mil 737 millones de pesos, de
los cuales dos mil 270 millones de pesos fueron adquiridos por las Afores; es
decir, el 83 por ciento de la emisión. Esta colocación tendrá como finalidad
inversiones en proyectos de infraestructura medianos de baja complejidad en
México, libramientos, potabilización, distribución y tratamiento de agua; así
como infraestructura social como hospitales y escuelas”, dice el boletín de la
Consar.
El 30 de noviembre de 2015,
Infraestructura Institucional se fusionó con la firma internacional de
inversión BlackRock Inc, que en diciembre de 2015 enlistó al Hospital Regional
de Zumpango entre sus negocios.
“Contrato de prestación de
servicios a largo plazo para el diseño, construcción, financiamiento, operación
y mantenimiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango”, dice
la descripción de la “actividad” en la que Black Rock posee el 50 por ciento, y
contenida en uno de sus reportes a la BMV.
“Las actividades de inversión
reportaron una aplicación de recursos por $656,387,442 pesos como resultado
principalmente del vencimiento de instrumentos financieros a más de 90 días de
$279,790,779 pesos, el desembolso para inversión de deuda y capital en los
proyectos en marcha por $984,093,745 pesos, de los dividendos recibidos del
proyecto Hospital de Zumpango por $38,827,807 pesos, y los rendimientos cobrados
de las inversiones en instrumentos financieros por $9,087,717 pesos”, agrega el
reporte anual de 2015 de Black Rock a la BMV.
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Nieto: Un hospital “ni público ni privado” que endeudará Edomex 25 años
CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO
Los Certificados de Capital
de Desarrollo, o CKD, de acuerdo con la definición de la Consar, son títulos
fiduciarios que se destinan a la “inversión o al financiamiento de las
actividades o proyectos dentro del territorio nacional, de una o varias
sociedades”.
En 2015, de acuerdo con la
misma comisión, hasta un 6.1 del total de los fondos para el retiro de los
trabajadores mexicanos se destinaba a este tipo de instrumentos, mientras que,
en 2016, la proporción bajó a 4.5 por ciento debido a la entrada de otros
modelos de inversiones con recursos de las Afores, denominadas “Fibras”.
La Consar permite a las
administradoras de los fondos para el retiro invertir en este tipo de
instrumentos financieros desde 2008, mientras que, desde 2009, los CKD aparecen
en los listados de la Bolsa Mexicana de Valores.
“Como se recordará, la
primera emisión de un CKD se realizó en octubre de 2009, después de un arduo
esfuerzo coordinado entre la BMV (Bolsa Mexicana de Valores) y las autoridades
financieras para la definición del marco normativo aplicable a este
instrumento. Desde entonces y a la fecha se han colocado 13 emisiones por $33
mil 584 millones de pesos”, dice un informe de la BMV de 2010, cuando este
organismo estaba presidido por Luis Téllez Kuénzler, integrante de los consejos
de diversas firmas, como Grupo México, y también ex Secretario de Energía, de
Comunicaciones y Transportes y, a la fecha, integrante del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
“Los certificados de capital
de desarrollo (CKDes) continuaron presentando un crecimiento constante, siendo
utilizados para financiar proyectos de infraestructura, inversiones en acciones
de empresas promovidas y diversos proyectos de construcción de vivienda,
principalmente”, agrega el reporte, que menciona el fondeo de Infraestructura
Institucional.
En 25 años no habrá pensiones en México
y millones quedarán en el desamparo, alertan economistas
De acuerdo con José Nabor
Cruz Marcelo, experto en política industrial y fiscal del Instituto de
Investigaciones Económicas, el problema de este tipo de inversiones es que, en
caso de que los proyectos de infraestructura no sean rentables o enfrenten entornos
volátiles o crisis económicas, no está claro quién asumirá las pérdidas o
protegerá los ahorros de los trabajadores.
“Si bien la idea es que se
transfiera ese gran monto a diferentes mecanismos de inversión con la
expectativa de que los trabajadores tengan mayores volúmenes de ganancia, no
queda claro quién va a absorber las pérdidas. Eso es uno de los riesgos”, dice
Cruz Marcelo.
“Si bien en teoría son buenas
ideas, si se presenten, desafortunadamente, una contracción económica y eso se
vuelve perdida, de alguna manera esas Afores servirán para absorber esas
pérdidas”, agrega el también autor de “La Distribución del Ingreso y los
modelos de desarrollo en México”.
De acuerdo con una
presentación sobre este tipo de financiamientos, la transferencia de recursos
de las Afores a los proyectos de infraestructura requiere de la creación de
fideicomisos, que son los que emitirán los CKD ante la BMV.
Un ejemplo citado en “CKD’s:
mecanismo adicional de financiamiento de infraestructura en México” –utilizada
en un seminario sobre asociaciones público privadas (APP)– ilustra el esquema
con la construcción del hospital regional de Tlanepantla, también en el Estado
de México y a cargo de la empresa Marhnos.
Esta obra, muestran las
gráficas, surgió a partir de un fideicomiso que inició con mil millones de
pesos; 70.3 por ciento de éste, procedente de las Afores que administran los
bancos Banamex, Banorte y Profuturo GNP.
La misma presentación
menciona que los certificados de Infraestructura Institucional provinieron, en
un 82.9 por ciento, de las Afores de Banamex, Bancomer, Coppel, ING,
Pensionissste, Profuturo GNP.
En el negocio de la
administración de este tipo de fideicomisos generados con los CKD participa
también Evercore, una firma de asesoría financiera y casa de Bolsa fundada por
Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, y donde
también trabajaron el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso,
y el ex Subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez.
“La desarrolladora regia
Carza prepara una Oferta Pública Primaria de Certificados de Capital de
Desarrollo (CKDs) por 3 mil millones de pesos para el próximo año, de los
cuales proyecta levantar 600 millones en la emisión inicial (…) El Prospecto Preliminar no detalla la fecha
de la emisión inicial ni de las subsecuentes, pero establece que el precio de
colocación de cada certificado será de 100 pesos a un plazo de 10 años y que el
agente colocador será Evercore Casa de Bolsa”, reportó el periódico Reforma el
9 de diciembre pasado.
Evercore ha participado
también en el refinanciamiento de deudas estatales, como la de Chihuahua,
Coahuila y Puebla, que han resultado, las primeras, entre las más elevadas de
la República y, la segunda, entre las que registraron mayor cantidad de pasivos
no reportados al Gobierno federal.
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5.4 millones de ancianos sin un mínimo de ingreso, alertan
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/
MAYO 15, 2017, 12:05 AM)
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