La
empresa que explota la mina Buenavista, antes Cananea, en Sonora, dio a conocer
ayer un comunicado en el que asegura que la nueva fuga de materiales tóxicos
vertidos desde sus instalaciones hacia los ríos Bacanuchi y Sonora fue causada
por la intensidad de las lluvias que acompañaron al huracán Odile a su paso por
aquel estado, y afirma que tal hecho “fue notificado de manera oportuna a las
autoridades correspondientes”. Tal versión contrasta con la del presidente
municipal de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, quien dijo a este diario que se
enteró de esta nueva afectación por los pobladores: “Una gran cantidad de
contaminantes había vuelto a aparecer en el río, y como la minera no nos decía
nada, hice la travesía de dos horas a caballo, y entrar por brechas hasta el
lugar donde está el represo, sin vigilancia alguna, y comprobé que había
reventado y se fugó agua sucia”.
De
inmediato, las autoridades federales, por voz del subsecretario del Trabajo
Rafael Avante Juárez, minimizaron los hechos: “Bajo ninguna circunstancia
estamos en una emergencia similar o de las dimensiones que enfrentamos hace
algunos días”, dijo este funcionario, en referencia al 6 de agosto, cuando la
empresa Buenavista –filial de Grupo México y propiedad de Germán Larrea– arrojó
40 millones de litros de sustancias tóxicas a los cursos fluviales mencionados;
a renglón seguido, sin embargo, el propio Avante Juárez dijo desconocer la
magnitud del segundo derrame: “Estamos monitoreando qué tan graves son (las
filtraciones); al principio parecen filtraciones ligeras, pero no podemos
prejuzgar”.
En
suma, a casi dos meses de haber causado uno de los peores desastres ambientales
en la historia de Sonora, Grupo México porfía en la irresponsabilidad
corporativa que condujo a la contaminación el 6 de agosto y los representantes
institucionales siguen mostrando una actitud de injustificable obsecuencia
hacia esa corporación y continúan garantizándole, en los hechos, impunidad
total.
Si
bien es cierto que fueron las lluvias del huracán Odile las que provocaron
desbordes o filtraciones en los represos de aguas contaminadas de la mina, es
ineludible señalar que muchas horas antes se tuvo información que permitía
prever el paso del meteoro por Sonora y que se dispuso, en consecuencia, de
margen para prevenir una nueva contaminación de los ríos o, cuando menos, para
minimizar el daño. Pero el desmedido afán de utilidades de Grupo México
resulta, a lo que puede verse, incompatible con las medidas de prevención, y
ello vale tanto en el ámbito de la seguridad laboral –no se puede olvidar que
fue justamente la carencia de seguridad la que provocó la tragedia de Pasta de
Conchos y la muerte de 65 mineros en febrero de 2006– como en el cuidado
ambiental.
A
pesar de la abundancia de señalamientos que enfrenta la corporación, las
autoridades federales no muestran disposición alguna a exigirle el cumplimiento
de sus responsabilidades, y ello contribuye a perpetuar el desdén de Grupo
México por el entorno y por la vida y la salud de sus trabajadores, así como de
los habitantes aledaños a los sitios en los que cuenta con explotaciones
mineras. A estas alturas, no es extraño que muchos se pregunten si esa actitud
omisa es consecuencia de la debilidad o de la complicidad. Así sea para
despejar esas impresiones, el gobierno debe actuar ya y aplicar sin miramientos
las leyes laborales y ambientales en las minas propiedad de Germán Larrea.
(DOSSIER
POLITICO: EDITORIAL / La Jornada/ 2014-09-22)
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