El
día 9 de mayo de 2014, la empresa constructora Marhnos Construcciones S.A. de
C.V. fue descalificada de uno de los concursos público nacional para los
proyectos de sustitución del Hospital General de Culiacán y el Hospital General
de Mazatlán, los primeros en la entidad bajo el modelo de asociaciones público
privadas.
Pocos
días después, la empresa que formó parte del grupo de 12 constructoras que
participaron en el proceso de licitación del Gobierno del Estado de Sinaloa,
presentó un recurso administrativo, con número 906/2014 en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, solicitando que se invalide el procedimiento de
licitación.
La
demanda fue admitida el 24 de junio y actualmente se encuentra en revisión,
aunque ambos proyectos fueron adjudicados, el mismo 9 de mayo, a las empresas
Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., en el caso
de Culiacán y Constructora y Edificadora GIA+A S.A de C.V, para el proyecto de
Mazatlán.
¿Qué
fue lo que impugnó la empresa?
Vía
telefónica, Ríodoce contactó al departamento jurídico del Grupo Empresarial
Marhnos, en el Distrito Federal, un consorcio al que, según su portal de
Internet, pertenece la empresa Marhnos Construcciones y que además cuenta con
otras tres divisiones en infraestructura, hábitat e inmobiliaria.
En
el apartado de Marhnos Construcción se destaca la experiencia en centros
comerciales, edificios corporativos, centros de datos, hospitales, hoteles,
habitacional e industrial.
El
portal web indica que Marhnos Construcciones tiene un contrato bajo el esquema
de participación público privada por mil 100 millones de dólares para edificar
el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, un proyecto que según se
explica en la ficha técnica fue diseñado por el gobierno federal y se pretende
concluir en el 2032.
En
el área de hospitales, Marhnos Construcciones también tiene un contrato durante
25 años para la prestación de servicios y cuidados médicos en el Hospital
ISSEMYM en Tlalnepantla, Estado de México, por un monto de mil 50 millones de
pesos.
El
tercer contrato de Marhnos Construcciones es con el gobierno del estado de
Yucatán, por la prestación de servicios en el Hospital Ticul, por un monto de
mil 50 millones de pesos.
Tras
varios encuentros telefónicos, el representante legal de Grupo Marhnos
argumentó que estaba impedido legalmente para dar declaraciones al medio de
comunicación.
Sin
embargo en la relatoría de la tercera junta de aclaración, celebrada el 20 de
enero de 2014, se pueden distinguir los temas en los que la empresa no estuvo
de acuerdo.
LAS OBJECIONES
El
documento que forma parte del expediente EA-925006998-N53-2013 del Hospital
General de Culiacán, disponible para su consulta pública en el portal de
compranet.gob.mx, detalla que los representantes legales de Marhnos
Construcciones S.A. de C.V. objetaron diez de las respuestas proporcionadas por
el comité de adquisiciones, seis de las cuales están relacionadas con la
solicitud de una garantía de pago adicional.
Después
de señalarlo en varias ocasiones, durante la primera y segunda junta de
aclaración, de nuevo, la empresa solicita una fuente de pago alterna
garantizada con participaciones federales, una garantía de crédito irrevocable
por un monto no menor a tres meses de pago de la contraprestación y una
garantía de pago oportuna emitida por Banobras.
La
solicitud se califica como improcedente, por lo que Marhnos objeta la
respuesta.
Entre
las precisiones objetadas, Marhnos pide a la convocante que el negarles la
posibilidad de una garantía de pago adicional, será una causa excusable para el
licitante ganador y no se le obligará a ejecutar el proyecto con recursos
propios.
El
comité responde que el procedimiento no procede y la empresa objeta otra vez,
la acción se repite en ocho ocasiones más.
En
la parte inferior del documento que contiene los alegatos de la tercera junta
de aclaraciones, se agregó con letra: “En representación de Marhnos
Construcciones S.A de C.V. objeto las respuestas manifestadas por la
convocante”.
La
empresa fue la única, de las 12 participantes, que se inconformó oficialmente durante
el proceso de licitación.
HOSPI
DESCALIFICACIÓN
Pero
la solicitud de una garantía de pago adicional negada, no fue el único aspecto
al que la empresa se enfrentó.
En
el fallo para la adjudicación del contrato, pesé a entregar la segunda propuesta
económica más baja, la propuesta de Marhnos Construcciones S.A. de C.V. fue
descalificada por presentarse en consorcio.
Marhnos
Construcciones S.A. de C.V. se presentó en consorcio con Banco Nacional de
México S.A, integrante del Grupo Financiero Banamex, división fiduciaria, en su
carácter de fiduciario sustituto en el fideicomiso irrevocable de emisión,
administración y pago número F/422.
El
argumento del comité de adquisiciones sinaloense para descalificar a la empresa
se sustentó en la cláusula décima del convenio del consorcio, el cual
establecía que la vigencia del mismo sería igual a la del concurso en
licitación.
“La
vigencia del Convenio Consorcial se encuentra condicionada a la adjudicación y
celebración del Contrato de Colaboración Público Privado de la presente
licitación, lo cual constituye un hecho futuro de realización incierta, por lo
que no se puede considerar que a la fecha de la presentación de la oferta
hubiera iniciado la vigencia del convenio consorcial exhibido, consecuentemente
al no ser vigente el acuerdo entre las empresas participantes, tampoco puede
ser elegible el cumplimiento de la oferta”, detalla el comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.
La
propuesta económica que el consorcio presentó el 21 de marzo de 2014 fue de 345
mil 588 millones de pesos, dos millones menos que la empresa que ganó la
licitación, Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A de C.V., la cual propuso
347 mil 070 millones 069 mil pesos.
El
consorcio de Marhnos Construcciones S.A. de C.V se ubicó tres millones y medio
por encima de la propuesta más baja que fue realizada por el consorcio Tradeco
Infraestructura S.A de C.V, por un monto de 331 mil 247 millones 633 mil pesos.
MARHNOS
Tras
la solicitud del Ejecutivo para modificar los decretos 976 y 977 y poder
otorgarles garantías de pago sustentadas en las participaciones federales a las
empresas que ganaron la licitación, los diputados del Congreso local han
señalado que no cuentan con la información suficiente para el análisis de la
modificación.
Incluso,
durante su comparecencia ante el legislativo que tenía por objetivo explicar el
por qué de la modificación a los decretos, el secretario de Administración y
Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, sostuvo que ninguna empresa se había
inconformado durante el proceso de licitación y que el tema de la garantía de
pago adicional no había sido objeto de discusión. (Ríodoce, edición 606).
El
funcionario estatal también se había comprometido a entregar a los diputados la
información necesaria para el análisis de la iniciativa. Al cierre de esta
edición, los legisladores aseguraban que aún no contaban con los expedientes.
“Resulta
que los diputados de esta legislatura sólo contamos con la iniciativa del
gobernador, no hay ningún otro documento aquí. Yo no he dicho que estoy en
contra, lo que yo he dicho es que requiero información, no se puede decidir con
la pura iniciativa del gobernador, es ilógico”, criticó el diputado Jesús
Burgos Pinto.
(RIODOCE/
MIRIAM RAMIREZ/ septiembre 21, 2014)
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