La suspensión de la subasta
para la distribución de medicamentos programada para este lunes por una falla
técnica, volvió a levantar tolvaneras y suspicacias. Nada extraño para un
negocio de 70 mil millones de pesos anuales y fuertes intereses económicos. El
gobierno ha esbozado el monstruo con el cual se enfrenta al haber consolidado
las compras, pero aún no revela la magnitud del tamaño y poder de quienes se
sienten afectados. Apenas si lo dejó entrever el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, quien al subrayar que el aplazamiento no afectaría la
distribución de medicinas, dijo que el desabasto es un tema “inducido”. Hay
indicios de que así es. Y como botones de muestra:
*En mayo, mientras hablaban
representantes de la industria químicofarmacéutica con la oficial mayor de la
Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien les explicaba los nuevos
medicamentos para el VIH con avances tecnológicos para sustituir los
antirretrovirales con una década de rezago que querían introducir al mercado
para que se diera una competencia que redujera los precios, entró una llamada
del IMSS, donde alertaban que había comenzado una manifestación encabezada por
el presidente de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA de ese
organismo, Luis Adrián Quiroz, donde denunciaban que había desabasto porque la
Secretaría de Salud no había comprado los fármacos. “Ni siquiera habíamos
terminado de hablar cuando ya se habían movilizado”, recordó un funcionario
involucrado en las pláticas.
*Media hora después de iniciada
la manifestación, se dio el primer reporte de desabasto en la Ciudad de México,
y unas horas más tarde, llegó otro más de Sonora. Las denuncias de desabasto se
dieron casi simultáneamente en hospitales de Baja California, Chihuahua,
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz generando “histeria”, como calificó un
funcionario. No había explicación para acusar al gobierno de desabasto, porque
el contrato de distribución que se heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto
estaba vigente -todavía lo está-, y en los inventarios gubernamentales había
suficiente medicamento. “Quiroz mintió”, recordó un funcionario al hablar de la
protesta que organizó.
*Las autoridades de Salud
notaron movimientos extraños, que parecían sabotajes internos en clínicas del
IMSS y el ISSSTE. Pero hasta el momento, sólo en una del ISSSTE encontraron
evidencia de ello. El responsable de una de las farmacias dentro de una de sus
clínicas, se negó a aplicar el antirretroviral porque dijo que no había
jeringas, decisión que respaldó con un oficio. Ese documento resultó apócrifo,
por lo cual las autoridades presentaron una denuncia penal, cuya investigación
ya inició.
*Desde los estados comenzaron
a abundar informaciones sobre desabasto. De acuerdo con funcionarios
consultados, en efecto hubo desabasto, pero no fue por un problema del gobierno
actual, sino porque los gobiernos estatales, algunos de ellos combinando dos
administraciones en un periodo de seis años, dejaron de pagar las medicinas a
los proveedores -destacando Veracruz y Tabasco-, utilizando los recursos
federales etiquetados para otros fines, con la aceptación de los delegados
federales del Sector Salud, que hasta antes de su eliminación, controlaban
alrededor del 70% de las compras de medicinas locales.
Los intereses en el sector se
comenzaron a golpear desde que se rompió el encadenamiento entre los
laboratorios y los distribuidores. De acuerdo con los funcionarios, este
esquema propiciaba una corrupción, donde incluso hasta en tres momentos se
tenían que pagar comisiones por una misma medicina, el laboratorio, a la
logística y a funcionarios del gobierno. Ese epílogo de intermediarios inició
las tensiones.
El 20 de marzo las
autoridades de Salud y Hacienda empezaron a hablar con la industria, con los
laboratorios, con las asociaciones, y con los representantes de las embajadas
cuyos países venden medicamentos a México, para explicarles los nuevos términos
de su relación con el gobierno, y las reglas del juego para las licitaciones
que incluyeron, como uno de los elementos centrales, que sólo podrían
participar quienes tuvieran el registro sanitario.
Entre jaloneos se llegó al
consenso para realizar la subasta para la distribución de los medicamentos el
24 de junio, donde podían participar todos aquellos que cumplieran con los requisitos,
y comenzaron a llegar las preguntas para pedir aclaraciones y precisiones sobre
el proceso, que es un procedimiento regular. El año pasado se registraron 168
proveedores; este año 311. En total se realizaron ocho mil 500 preguntas, y 80
de ellas mostraron irregularidades.
Por ejemplo, 17 proveedores
realizaron una misma pregunta; 15 otra pregunta; otros 15 una más, y así se
fueron registrando, como si fuera copy paste, con los mismos errores semánticos
y de ortografía. Otro botón de muestra: siete diferentes proveedores, en dos
rubros diferentes, hicieron la misma pregunta, que decía: “Por favor confirmar
que la inspección física por atributos E REFIERE(el énfasis es mío) únicamente
en los puntos de entrega y no en los puntos finales de destinos, dado que no se
tendrá rastreabilidad en las entregas a destino final”.
La industria de los
medicamentos ha reaccionado críticamente a la propuesta del gobierno, aunque
funcionarios federales insisten en matizar el sector, no como un bloque, sino
como una sola área donde más se sienten afectados. De acuerdo con el
subsecretario López-Gatell, son los distribuidores. La batalla de los
medicamentos va a tener víctimas que antes fueron verdugo, según la descripción
de algunos funcionarios.
Como se apuntó líneas atrás,
hay una investigación penal contra cuando menos un funcionarios del ISSSTE por
esconder medicamentos, y está abierto un procedimiento contra uno de los
grandes distribuidores que también participar en el sector alimentario. Las
sospechas de corrupción en el sector las han ido documentando y se van a dar a
conocer. No se sabe cuándo será, pero esta olla de presión se está abriendo.
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/26 DE JUNIO 2019)
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