El
discurso incendiario de Mario Delgado sobre la reducción salarial tras la
victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, se
apagó. Por ahora, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados, no habrá recorte en lo que ganan los legisladores.
Se quedarán con su dieta de 74 mil pesos, sus 45 mil pesos de asistencia
legislativa, y 28 mil para la atención ciudadana. En total casi 150 mil pesos,
44 mil pesos más que los que López Obrador cobrará como Presidente. No hay que
criticar la inconsistencia del discurso, sino la racionalidad de la acción. No
se trata de que ganen menos, sino que trabajen mejor.
Este
paso debe ser el principio de una rectificación mayor, frente a los problemas
que está teniendo el equipo de López Obrador para reclutar personal de calidad
que se sume al próximo gobierno. Varias ofertas que se han hecho a funcionarios
o quien trabaja en el sector privado, han sido rechazados por los bajos
salarios y la futura cancelación de los seguros médicos. Uno de quienes
rechazaron continuar en el próximo gobierno es Ildefonso Guajardo, Secretario
de Economía y muy elogiado por su papel como negociador en jefe del Tratado de
Libre Comercio, por la significativa pérdida que tendría en sus ingresos.
Carlos
Urzúa, el próximo Secretario de Hacienda, ofreció cargos a personas con
experiencia a las que les tiene respeto y confianza, pero los rechazaron
porque, como en uno de esos casos, el salario ofrecido apenas llegaba a ser el
10 por ciento de los que obtiene como consultor privado. Gerardo Esquivel,
futuro subsecretario de Egresos, ha ofrecido la titularidad de los bancos de
desarrollo, sin encontrar a nadie que le acepte trabajar en el próximo
gobierno, por las precarias remuneraciones que tendrían.
El
problema no está, sin embargo, en quienes no quieren trabajar en el próximo
gobierno, sino en quienes ya presentaron sus renuncias. Al menos cuatro altos
funcionarios del Banco de México, entre los que se encuentran responsables de
estabilidad financiera y sistema de pagos, ya presentaron sus renuncias. Hay
300 funcionarios con experiencia en el banco central que están en posibilidades
de solicitar su liquidación anticipada, entre los que figuran dos vice
gobernadores que están considerando retirarse de esa institución. La situación
dentro del Banco de México es tan seria, que el gobernador Alejandro Díaz de
León, fue a ver a Delgado para pedirle que matizaran la iniciativa de ley sobre
la reducción salarial. La respuesta, de acuerdo con funcionarios que conocieron
de la plática, fue que ni una coma le cambiarían.
En
Pemex la situación no es menos grave. Cuatro muy altos funcionarios en áreas
clave se van a ir, junto con decenas más de funcionarios menores pero con la
experiencia en el sector energético. Entre los funcionarios que están pensando
en renunciar se encuentran responsables de P.M.I. Comercio Internacional, una
sociedad anónima inscrita en Houston que realiza lo que Pemex, de quien
depende, no puede hacer por ley: comercializar el crudo mexicano en el mundo y
establecer alianzas y sinergias con otras empresas petroleras en el mundo. La
importancia de la experiencia en ese campo es similar a la que tiene el
responsable de negociar la deuda externa en Hacienda: la diferencia de ganar
centavos en cada dólar de las transacciones realizadas, se cuentan en millones
de dólares por los volúmenes que se negocian. Lorenza Martínez, la directora
del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, quien
pospuso su renuncia por los ataques cibernéticos a los bancos privados, es otro
ejemplo de la experiencia necesaria. Ella, que detectó los ataques de hackers
antes que nadie, que habrían provocado pérdidas incalculables de no haberse
atendido el problema, está próxima a salir.
En todas las áreas del gobierno están
comenzando a presentarse renuncias, pese a los esfuerzos de algunos de los
titulares que les están solicitando esperar hasta el último día del gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto. Se está produciendo un escenario de ansiedad
y prisa. Por un lado, para jubilarse sobre la base de su salario actual, tienen
que hacer el trámite antes de que pase la ley en el Congreso, y por el otro, si
no se colocan en el mercado en estos momentos, temen que para diciembre, las
posibilidades de trabajo en el sector privado estarán agotadas. De lo que no
hay forma hoy en día, es que permanezcan en sus trabajos.
Funcionarios
federales han comentado que las reducciones salariales que hará el próximo
gobierno, colocaría a muchos de ellos a niveles casi similares a los que ganan
los sindicalizados en el grupo de mayor ingreso. Una de las diferencias entre
unos y otros es que los sindicalizados no trabajan horas extras sin que se les
paguen por hacer trabajos que no son simétricos a la responsabilidad de los
funcionarios, ni están disponibles las 24 horas del día, toda la semana o el
año.
Hay
muchos simpatizantes de la reducción salarial sin matices, que ven en ello una
reivindicación social por los abusos cometidos por algunos de quienes
pertenecen o fueron parte de la alta burocracia. Eso, por supuesto, no puede
permitirse. Pero hacer de los salarios una tabula rasa, es cegarse ante las
consecuencias que significará quedarse sin la experiencia de un servicio civil
de calidad. Lo que sucedió en el Congreso puede ser la pauta de lo que viene.
De no ser así, la curva de aprendizaje del nuevo gobierno promete ser de
pesadilla.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter:
@rivapa
(NOROESTE/ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/12/09/2018 | 04:02 AM)
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